Desde el 2010 hasta el 2020, el Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad recopiló 148.804 medidas contra el sector privado por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Si bien es cierto que desde 2019 la administración de Nicolás Maduro ha relajado el control de precios luego de 16 años de constantes ataques contra el sector privado, la realidad es que ni lo ha desmontado ni ha dejado de aplicarlo. Los instrumentos que sustentan las medidas, como la Ley de Precios Acordados, aprobada por la asamblea constituyente en 2017, no han sido derogadas; y basta con revisar las redes sociales de los entes reguladores para ver que siguen activos y que todos los días anuncian nuevas acciones contra empresas y comercios. Una realidad que contradice lo que el Ejecutivo ha pregonado en lo que va de 2021 sobre una supuesta disposición a dialogar y reconciliarse con el sector privado.
Entre enero y mediados de marzo de 2021, el gobierno ha regulado tarifas de la empresa de televisión por suscripción SimpleTV y de servicios clínicos para casos de covid-19, lanzó el Plan 101, fiscalizó mercados municipales, supermercados y terminales terrestres y ordenó a la red de farmacias Farmatodo que bajara sus precios e implementara un «sistema de vuelto en divisas». También citó a cableoperadoras y recientemente prohibió a la tienda por departamentos Beco y a la cadena de supermercados Excelsior Gama que entregaran vales, una alternativa que empezaron a ofrecer los comercios ante la falta de dólares de baja denominación para dar el cambio.
A estas acciones les hace seguimiento el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, el cual registró 420 medidas contra el sector privado desde enero hasta el 17 de marzo de 2021, de las cuales 403 fueron fiscalizaciones y 17 normativas regulatorias. El sector de la economía nacional más afectado fue el comercio, con 340 medidas, seguido del farmacéutico, con 55 medidas.
La socióloga Ana Carrasquero, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, sostiene que, contrario a lo que se puede pensar por las flexibilizaciones, Venezuela no está frente a un proceso de liberalización de la economía. «Los controles se mantienen y son usados a conveniencia y discrecionalidad del poder, que ha abierto ciertos compases de flexibilización que responden a sus propias necesidades».
«El escenario en el que estamos sigue estando caracterizado por políticas contrarias a la iniciativa privada, la libre empresa y el respeto al derecho de propiedad. Los ciudadanos, como consumidores, productores y comerciantes, siguen sin gozar de libertad, de allí que el sistema de precios y la moneda estén destruidos, lo que origina todas las distorsiones que sufren todos los venezolanos», dijo la experta a TalCual.
Sector comercio, el más afectado
De entre las primeras acciones que tomó el gobierno en 2021 contra el sector privado estuvo el lanzamiento, el 18 de enero, del llamado Plan 101, que consistió en fiscalizar los supermercados y mercados municipales de 101 municipios del país para la «supervisar los precios».
Una de las exigencias de la Sundde a los comercios es que reciban las divisas a las tasas de cambio oficiales que publica diariamente el Banco Central de Venezuela (BCV) en su página web y en sus redes sociales. Con respecto al pago en moneda extranjera, el ente regulador también ha exigido a los empresarios que entreguen a los consumidores el vuelto, a pesar de que no tienen la disponibilidad de billetes de baja denominación para hacerlo, una de las consecuencias de una dolarización informal que se alimenta de actividades incluso ilícitas y no de un suministro oficial por parte de la Reserva Federal o del Estado venezolano.
Ante la falta de billetes de uno, cinco y diez dólares, los comercios empezaron a implementar algunos mecanismos como la entrega de vales con el monto del cambio pendiente que los usuarios pueden usar cuando regresaran al establecimiento. Sin embargo, al gobierno no le gustó esta alternativa y sin ofrecer soluciones fiscalizó y prohibió la entrega de estos papeles a Beco y a Excelsior Gama.
Mientras estas acciones ocurrían, funcionarios del gobierno manifestaban que tenían la esperanza de llegar a un acuerdo con el sector privado para la recuperación de la economía, que ha cosechado desde 2013 los frutos del modelo económico socialista y chavista.
Al respecto, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Felipe Capozzolo, declaró a TalCual que el sector «claramente» no está de acuerdo con las fiscalizaciones «asfixiantes» y las medidas de control extremo que «no permiten el despliegue de las fuerzas productivas» ni que el comercio, la empresa, la industria y la actividad agropecuaria puedan trabajar.
«Está demostrado a lo largo de la historia que los controles exacerbados no favorecen la producción. Son actividades que ha desarrollado el gobierno en los últimos años para tratar de controlar y cercar o reglamentar el comportamiento de una manera muy invasiva de todos los entes productivos».
Capozzolo señala que el sector no niega la necesidad de que haya límites y de que exista un arbitro que establezca las reglas del juego, pero insiste en que debe respetarse la posibilidad de poder producir. «El proceso de recesión, hiperinflación y ahora de pandemia que estamos viviendo es sumamente violento y va en contra de la economía. Seguimos viviendo un proceso hiperinflacionario que es mucho más voraz y veloz que la tasa de tipo de cambio, eso produce un esquema y unas condiciones de trabajo altamente improductivas. Por lo tanto, lamentablemente los precios siempre van a estar más altos en Venezuela, es una deficiencia estructural».
El 15 de marzo la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó que, luego de recibir denuncias, el viceministro de Política de Compras y Contenido Nacional del Ministerio de Comercio, Daniel Gómez, y los intendentes Juan Iriarte y Elio Córdova Zerpa fiscalizaron la tienda por departamentos Beco y prohibieron el uso del «vale» como forma de dar vuelto en divisas sin ofrecer otras alternativas y sabiendo los problemas que hay para darle el cambio a los consumidores que pagan con divisas por la falta de billetes de baja denominación.
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Con información de Tal Cual