El conflicto entre el gobierno y la oposición incrementa, mientras cada factor mantiene su posición de no dar su brazo a torcer, aumentando a su vez la incertidumbre sobre el devenir político en Venezuela en 2017, dado su inicio represivo hacia la disidencia.

Por un lado el gobierno arremete al mantener acorralada a la Asamblea Nacional, agudizando la crisis institucional al no resolver el tema del desacato de la Asamblea Nacional, sentencia que mantiene el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), muy a pesar de la desincorporación de los diputados de Amazonas, tema que tampoco ha sido solventado.

Bajo ese argumento se sustenta Nicolás Maduro para presentar su memoria y cuenta ante un TSJ doblegado a las decisiones del gobierno de turno, despojando una vez más de sus competencias a la AN, institución que ya fue amenazada por el mandatario nacional con ser disuelta.

“Al desconocer la Asamblea Nacional se está desconociendo la democracia representativa, se está desconociendo el voto de las 14 millones de personas que votaron y en función de lo cual resultó una representación popular a la que no están dejando actuar”, dijo el politólogo Luis Salamanca, a través de un comunicado de Unidad Venezuela.

Continuidad de la confrontación

Sobre la reciente sentencia del TSJ, Salamanca aseguró que “es una decisión que usa un ropaje pseudoconstitucional y pseudojurídico para vestir una decisión política, que es finalmente de lo que se trata. De lo que se trata, en definitiva, es de atacar a la oposición”.

“El tema es que no hay tal desacato ¿Cómo puede estar en desacato un poder público? Eso es algo impensable en cualquier parte del mundo, mucho menos cuando (la AN) está cumpliendo con sus funciones. Y además habiendo desincorporado a los diputados de Amazonas, que era lo que se exigía. Lo único que falta es que le digan que deben subir el Ávila de rodillas para poder considerar que no están en desacato”, ironizó.

“Esto es una continuación de la confrontación política que hemos tenido en los últimos 18 años, pero ahora en un terreno institucional, entre comillas. Antes era una lucha en la calle, fuera del Estado, fuera de las instituciones. Ahora no”, apuntó.

Por otro lado, la oposición mantiene su postura de no regresar a mesa de diálogo con el gobierno, alegando el incumplimiento de este a los acuerdos establecidos en la segunda reunión, realizada en noviembre de 2016, dejando por ahora fuera cualquier posibilidad de resolución entre ambas facciones.

Desde la declaratoria del abandono de cargo por parte de Maduro, pese a la advertencia de Provea de que dicho acto agravaría la crisis institucional. Con ello y desde el nombramiento de Tareck El Aissami como vicepresidente de la República, inició la nueva ola represiva del gobierno.

“Se inicia con claridad una nueva fase compleja y dura de este proceso de crisis política que estamos viviendo los venezolanos”, dijo el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chúo Torrealba, durante su programa radial.

Detenciones

Primero fue el diputado a la AN por Voluntad Popular en Miranda, Gilber Caro, siendo allanada su inmunidad parlamentaria y acusado por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, de un tener un plan terrorista desestabilizador, asegurando que “fue detenido en flagrancia con un arma de guerra y unas barras de alto explosivo C4, las cuales fueron negociadas con grupos paramilitares colombianos”.

“Toman esta medida para amedrentar a los diputados de la Asamblea Nacional y para que el Parlamento no le comunique a la comunidad internacional la actual situación política venezolana en cuanto al abandono del cargo del presidente y convocar a elecciones; además, pretenden amedrentar con miedo al pueblo venezolano”, dijo el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara.

El presidente del Parlamento, Julio Borges, denunció una irregularidad más, Caro sería juzgado por un tribunal militar y no civil.

“Gilber se encuentra en una instancia militar para ser juzgado por un juez militar, lo que implica una violación a la Constitución y a sus derechos humanos. Los juzgados militares no se pueden prestar para ser un mecanismo de terror por parte del Estado. Los derechos humanos son sagrados y esos delitos no prescriben y tarde o temprano los violadores serán juzgados”, apuntó Borges.

Los concejales de Maracaibo, Jorge Luis González y Rommel Rubio, también fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), hecho que fue denunciado como un secuestro por parte de miembros de Primero Justicia, al desconocer su paradero después de más de 17 horas de la aprehensión.

Este jueves fue el turno del diputado Raúl Baduel, quien contaba con libertad condicional, al presentarse en tribunales, donde le correspondía acudir cada 15 días.

Según el ministro Reverol, la medida de libertad condicional le fue revocada por violentar la misma, aunque la dirigencia opositora desmiente tal argumento.

Completando el cuadro de estos dos días de detenciones está el concejal de Ciudad Bolívar, Roniel Farías, arrestado junto con otro miembro de Voluntad Popular, Irwing Roca, a quien presuntamente se les involucraría con los saqueos en la localidad, ocurridos en diciembre.

Siguen las amenazas

Estos arrestos son apenas la punta del iceberg del conflicto político en Venezuela, pues es de recordar la advertencia del gobernador de Miranda, Henrique Capriles, sobre una posible inhabilitación por parte del gobierno, a partir del proceso que abrió en su contra la Contraloría General de la República. La dirigencia opositora tampoco descarta que continúen las detenciones.

Asimismo, las alertas sobre la presunta intención del gobierno de no hacer elecciones este año toman fuerza frente al silencio del Consejo Nacional Electoral, sobre la fecha de las regionales, vencidas desde diciembre de 2016, las cuales había anunciado para finales del primer semestre de este año, mientras que las municipales se realizarían en el segundo semestre.

 

Fuente: Correo del Caroní

Fecha: 14 de enero de 2017

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