Analistas políticos y juristas han denunciado en reiteradas oportunidades, que el gobierno elige a su oposición al imponer inhabilitaciones bajo la figura “administrativa” con el objetivo de apartar del terreno político a quienes tienen la posibilidad de postularse y ganar unas elecciones. De esa manera, bajo un escenario electoral, no tendrían a un contrincante “fuerte” con quien medirse.
A la lista de dirigentes inhabilitados se sumó este jueves 3 de agosto la diputada a la Asamblea Nacional Adriana D’ Elia, quien fue inhabilitada por 15 años, mismo periodo por el que los gobernadores del estado Miranda, Henrique Capriles, y de Amazonas, Liborio Guarulla, quienes tampoco podrán optar a cargos públicos, según una orden emitida por la Contraloría General de la República en abril de este año.
En tal sentido, “sólo un juez puede inhabilitar políticamente a una persona e impedirle el desempeño de un cargo público o el derecho a optar por un cargo de representación popular. Las inhabilitaciones del Contralor son improcedentes, carecen de fundamento y no cabe el alegato de disposiciones legales que pura y simplemente chocan con la Constitución”, aseguró el abogado Alberto Arteaga Sánchez.
En las últimas semanas el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha tomado una serie de acciones que implican cese de funciones de distintos alcaldes electos, inhabilitaciones y órdenes de captura de los mismos. Los alcaldes Gustavo Marcano (alcalde de Lechería), Carlos García (alcalde de Mérida) y Alfredo Ramos (alcalde de Barquisimeto) corrieron con la misma suerte.
Estas decisiones del TSJ vienen luego de que la Sala Constitucional dictara «medidas de protección» para los habitantes de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal del estado Miranda, y de Libertador, Alberto Adriani y Campos Elías del estado Mérida, por «la vulneración de derechos fundamentales afectados por acciones de calles de grupos de oposición», según reza.
Por su parte, al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho le han diferido en dos oportunidades la audiencia, aún queda esperar si correrá con la misma suerte de los alcaldes mencionados.
Alcaldes en la mira
De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela 35 de los 77 alcaldes de oposición han sido destituidos, privados de libertad, tienen orden de aprehensión, prohibición de salida del país o fueron inhabilitados.
La ONG detalla que cinco de estos burgomaestres además de ser removidos de sus cargos, están en prisión o bajo régimen de casa por cárcel; Enzo Scarano del municipio San Diego del estado Carabobo, Daniel Ceballos de San Cristóbal, estado Táchira; Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas; Delson Guárate del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua y, el más reciente, Alfredo Ramos del municipio Iribarren en el estado Lara.
Además de Carlos García, máxima autoridad del municipio Libertador, estado Mérida, y Gustavo Marcano del municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, también fueron destituidos y tienen orden de captura los alcaldes Warner Jiménez del municipio Maturín, estado Monagas; Omar Láres de Campo Elías, estado Mérida; y Lumay Barreto de la jurisdicción Páez, en Apure.
Mientras que al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, por ahora le han dictado medida de prohibición de salida del país como sanción al presunto desacato al que incurrió por permitir protestas en su jurisdicción.
“Las arremetidas en contra de los mandatarios regionales también han provenido de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ha dictado 39 decisiones entre mayo y julio de este año, en las que amenaza a 14 alcaldes de oposición con destitución y prisión. De concretarse la medida serían 22 alcaldes los que dejen de prestar sus funciones”, reza un fragmento del informe.
Transparencia Venezuela cree que la asamblea nacional constituyente impulsada por Nicolás Maduro y que a su juicio fue “electa de manera fraudulenta”, podría decretar el cese de funciones y desaparición del poder municipal.
Fuente: Prensa Capriles
Fecha: 03 de agosto de 2017