El hundimiento del buque Tallink 5 de Conferry, compañía de transporte marítimo que estatizó el fallecido presidente Hugo Chávez en 2011, ilustra el estado al que condujo la administración del gobierno a las 1.359 empresas que expropió entre 2005 y 2017, cifra calculada por el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice.
Incluso el Ejecutivo admitió recientemente que había fracasado en la administración de las compañías estatales, de las cuales muchas pasaron a manos del Estado por las vías de la expropiación, confiscación y nacionalización. “Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado, y la responsabilidad es nuestra, mía y tuya”, expresó el presidente Nicolás Maduro el 30 de julio en el congreso del PSUV.
Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio, afirmó que la caída de la producción no se debe a que el gobierno no sabe administrar, sino que es parte de “una política de ataque sistemático” en contra del derecho de propiedad, que se estableció en el Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013.
La experta aseguró que tanto las empresas estatales como las renacionalizadas han demostrado que son una pérdida de recursos monetarios y que carecen de la capacidad de generar, de manera eficaz, productos para el mercado interno. “Después de la cantidad de centrales azucareros que se expropiaron, ¿por qué actualmente no se consigue azúcar con facilidad? Igual pasa con la cantidad de empresas de café”, expresó.
Al final, el Estado contribuyó a la caída de la producción interna y generó un proceso de escasez de bienes de todo tipo, algo que no se había visto nunca en la historia de Venezuela, añadió la investigadora.
La ONG Transparencia Venezuela señaló en el informe Empresas propiedad del Estado en Venezuela que la dramática situación en el país, considerada crisis humanitaria desde 2016, es en parte responsabilidad de «la pésima gestión» de las empresas públicas de los sectores manufactura, agroindustrial y comercial. «El Estado cuenta con importantes empresas fabricantes de los rubros básicos que escasean en el país y en vez de aumentar la producción de los mismos, la ha disminuido».
Más intervención, menos producción. Cedice indica en el informe Costo e impacto de las expropiaciones: causas de un Estado patrimonialista que fue en 2005 cuando se empezaron a registrar las intervenciones a la propiedad privada; el punto de partida fue El Charcote, que le perteneció al grupo británico Vestey y al que el gobierno le compró el hato por 4,1 millones de dólares en 2006, después de un largo período de negociaciones.
Luego de expropiar empresas en sectores como petrolero, eléctrico, telefónico y alimentos, en 2008 el gobierno pactó pagar 270 millones de dólares por 89% de la unidad local de la francesa Lafarge y 552 millones por 85% de la suiza Holcim con las cementeras francesa Lafarge y la suiza Holcim, mientras que expropió la filial de la mexicana Cemex, por lo que se convirtió en el dueño del monopolio del cemento.
Luego de la estatización de la industria cementera, la producción cayó y actualmente la paralización en todas las plantas se ubica en 80%, afirmó Abner Mendoza, de Venezolana de Cementos. Apuntó que el país tiene una capacidad instalada de 10 millones de toneladas métricas, pero ahora lo que producen no llega ni a 3 millones.
En ese año el gobierno también fijó la mirada en Lácteos Los Andes, fundada en 1984 y adquirida por Pdvsa en 2008. Aunque su producción creció 33% entre 2007 y 2012, según Transparencia Venezuela, en los últimos 6 años ha caído por falta de materia prima y deficiencia en el mantenimiento de equipos y plantas.
Un sindicalista de Lácteos Los Andes, que pidió no citar su nombre, afirmó que la producción está completamente paralizada desde 2017 debido a la falta de materia prima. “Nos hemos reunido con varios ministerios, pero hacen caso omiso de la problemática”, dijo.
Transparencia Venezuela indicó que la producción de leche, azúcar y cemento cayó por debajo de los niveles previos a la estatización de las empresas respectivas y que Venezuela, de ser un país exportador de café, pasó a ser importador. Fama de América, productora de este rubro, fue expropiada en 2009. En 2016 trabajaron a 10% de su capacidad por falta de materia prima y ahora rara vez el producto se consigue en el mercado.
En 2010 el tsunami de expropiaciones también arrasó con las cadenas de supermercados Cada y Éxito, que fueron reemplazadas por la Red de Abastos Bicentenario.
Jorge Lastra, directivo del sindicato de Rabsa, afirmó que cuando esos supermercados eran privados los anaqueles siempre estaban llenos y ofrecían varias marcas. Pero después, cuando pasó a manos del Estado, comenzaron a escasear los productos.
“Abastos Bicentenario se pudrió”, expresó Maduro en febrero de 2016 y ordenó una reestructuración de la red. Tras la medida, más de 10.000 trabajadores fueron despedidos. Las liquidaciones a los empleados han continuado en las sucursales que cierran para convertirse en Tiendas CLAP, ahora en manos de privados.
Hace 8 años el gobierno también estatizó Sidetur. Cuando era privada producía más 40% de las cabillas del mercado nacional. Alejandro Álvarez, secretario general de Sidernac, afirmó que actualmente la Planta Casima lleva más de un año paralizada.
De la promesa al fracaso. “Nosotros las llamábamos empresas recuperadas, pero terminaron siendo el fracaso y la derrota más grande”, expresó Marcela Máspero, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela.
Señaló que en un primer momento los trabajadores apoyaron las expropiaciones que hizo Chávez con la esperanza y la intención de mantener la productividad, mejorar la distribución de los productos y servicios y las condiciones laborales y garantizar y aumentar la distribución de la riqueza, en beneficio de los trabajadores para mejorar sus derechos. Así sucedió con compañías como Venepal, Cantv y el sistema eléctrico.
Pero no se cumplieron ninguna de las promesas, aseguró. “Las personas que estuvieron al frente lo que hicieron fue intentar acabar con las organizaciones sindicales, dividir, dispersar, perseguir, acosar, encarcelar y hasta asesinar a dirigentes de sindicatos que luchaban incluso por la producción”, relató.
Después, bajo la presidencia de Maduro, el gobierno sacó otra carta que tenía bajo la manga: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “Ahora tenemos el militarismo presente en las empresas, que es mucho más grave porque, además de implantar el régimen militar, ha aumentado la corrupción, el acoso y la persecución”, dijo Máspero.
Añadió que todas las empresas estatizadas son un fracaso por la falta de mantenimiento, la corrupción, la ausencia de derechos laborales, la persecución sindical y la falta absoluta de producción.
Con información de El Nacional