Los más afectados por el rezago son las gobernaciones y alcaldías, dijeron sindicalistas.
Mientras la empresa privada debe cumplir de inmediato los aumentos del salario mínimo y del ticket de alimentos decretados por el Ejecutivo, organismos de la administración pública centralizada y descentralizada presentan retrasos desde febrero pasado en el pago del bono de alimentación y los incrementos de la escala de sueldos, afirmaron dirigentes sindicales.
La situación de la deuda gubernamental, que involucra a más de 2 millones de empleados, es calificada de compleja debido a que hay instituciones que no han cancelado las alzas del tabulador salarial de 20% y 30% decretados en febrero y mayo de este año, indicó Serbando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
En otras instituciones, agregó, cancelan 6.975 bolívares mensuales por concepto de ticket alimentación, a pesar de que el Ejecutivo lo aumentó a 7.865 bolívares, con el pase de la unidad tributaria de 150 a 177 bolívares en febrero de 2016.
También se elevó la base de cálculo de 1,5 a 2,5 unidades tributarias, lo que dejó el ticket en 13.265 bolívares mensuales. El 1° de mayo subió a 3,5 unidades y el bono se situó en 18.585 bolívares, y desde el 1° de agosto a 8 unidades tributarias con lo que el beneficio llega a 42.480 bolívares.
Esta última decisión está en la Gaceta Oficial 40965 del 12 de agosto, que publica el alza de 50% del salario mínimo, el cual es el primer tramo de la escala de sueldos del sector público a partir del 1° de septiembre próximo, y lo coloca en 22.576,72 bolívares.
José Matute, del sindicato del Instituto Nacional de Parques, señaló que el gobierno no cancela la incidencia de los aumentos salariales en los otros conceptos relacionados como el fideicomiso de prestaciones sociales, las vacaciones y la caja de ahorros. Informó que en el Ministerio del Ambiente y Ecosocialismo, al que está adscrito Inparques, les deben las incidencias salariales.
«La Corporación Eléctrica Nacional paga las vacaciones, caja de ahorro y fideicomiso a sueldo viejo», afirmó Joaquín Malavé, del sindicato eléctrico de la región Capital y Miranda.
Serbando Carbone añadió que los empleados más afectados por la mora en los pagos son los 700.000 trabajadores de las gobernaciones y alcaldías.
Leonardo Azócar, dirigente de la Siderúrgica del Orinoco, alertó que el incremento exclusivo del salario mínimo ha distorsionado las escalas, al punto de que la mayoría de los trabajadores ganan sueldo mínimo o un poco más.
FUENTE:EL NACIONAL
17 de agosto 2016