Con una caída drástica en la producción petrolera y en los ingresos en divisas del país, el Gobierno venezolano volteó la mirada a la exportación de minerales en búsqueda de conseguir financiamiento. Y el oro fue su objetivo.
Pero una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió a las empresas e individuos estadounidenses participar en operaciones relacionadas a la explotación del oro en Venezuela. Ello para evitar que ocurran “transacciones fraudulentas y corruptas” que ayuden a la administración de Nicolás Maduro a “expoliar” la riqueza del país.
Sin embargo, a juicio del abogado Mariano de Alba, dicho decreto también permite que puedan incluirse a la lista otros sectores de la economía venezolana. “Esto podría llegar a afectar al sector petrolero“, advirtió vía telefónica a Efecto Cocuyo.
Los ingresos en divisas del Estado venezolano cayeron como consecuencia del desplome de Pdvsa, que en los últimos cinco años ha dejado de producir más de un millón de barriles diarios de crudo. Tan es así que para noviembre de este año la mayoría de las exportaciones petroleras son para el pago de deudas.
Por esa razón el Gobierno inició la venta otros minerales. Datos del Instituto de Estadísticas de Turquía revelan que entre enero y mayo de este año Venezuela exportó 20,15 toneladas de oro, equivalentes a 779 millones de dólares. Según el ministro de Desarrollo Minero, Víctor Cano, el envío fue con la misión de refinación. No obstante, meses después aún no ha regresado al país.
Se complica la exportación de oro
Aunque la orden ejecutiva es orientada a los estadounidenses, también afecta a quienes usen el sistema financiero del país norteamericano. Y, al ser el dólar la moneda referencia del comercio internacional, cualquier ente que ayude al financiamiento ilícito del Gobierno venezolano queda expuesto a sanciones.
“Los riesgos aumentaron para cualquier empresa que tenga vinculación con el sistema estadounidense, y opere en Venezuela”, dijo De Alba. Quien incumpla el decreto de Trump pudiera ver congelados sus activos en Estados Unidos y perder su derecho a ingresar a ese país, explicó.
Esta situación obliga a los posibles inversionistas a tener mayor cautela al momento de relacionarse con las autoridades venezolanas. “Aumentan los riesgos y la presión para hacer negocios en Venezuela, que es lo que el régimen de Nicolás Maduro está tratando de buscar”, detalló el especialista.
A esto se suma la prohibición de compra o venta de los bonos del Estado venezolano, decretado por el presidente Trump en agosto de 2017. Y la posibilidad de que los estadounidenses compraran los activos internacionales de Venezuela, también quedó denegada este año.
“La orden ejecutiva quizá no afecte mañana mismo al Gobierno, pero sí va haciendo un cerco y le dificulta tener relaciones económicas con actores internacionales”, concluyó de Alba.
Con información de Efecto Cocuyo