Obedientes y ordenados, uno tras otro, los trabajadores públicos hacen colas para sacar el carnet de la patria, pero no solo son aquellos que laboran en los ministerios. Inscriben a todos los que pertenecen a alguna dependencia que tenga que ver con el chavismo: alcaldías y gobernaciones, instancias legislativas, concejos municipales y consejos comunales. También a quienes trabajan en las empresas dependientes del Estado, a los pensionados y hasta a estudiantes de las universidades, como es el caso de la Universidad Experimental de la Seguridad, en Anzoátegui, donde a principios de febrero registraron a 1.500 personas, y de escuelas públicas, a los que Nicolás Maduro ofreció tramitar 40.000 becas.
Quienes laboran en el gobierno tienen hasta el 28 de febrero para registrarse. Froilán Barrios, secretario general del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, señaló que ha recibido denuncias de trabajadores que han sido presionados. “Empleados de Petróleos de Venezuela, del Seniat y de las alcaldías de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo han sido coaccionados. También en Guayana, en las empresas básicas, los están obligando a sacar el carnet de la patria”.
Advirtió que este instrumento forma parte de una estrategia de control de la sociedad que el gobierno ha venido implementando poco a poco: “No es algo aislado. Es un proyecto neocorporativo, que busca llevarnos al Estado comunal, todo delineado en el llamado Plan de la Patria”.
Barrios afirmó que intentan desplazar a los sindicatos para que sean los consejos productivos de trabajadores los que lleven la voz cantante. “Este es un diseño para condicionar y atemorizar al trabajador”, precisó.
Indicó que el carnet de la patria forma parte de ese entramado de control que es propio de los gobiernos fascistas. “Ya lo hicieron Francisco Franco en España, Benito Mussolini en Italia y Josef Stalin en la Unión Soviética. Están montando la versión criolla del control soviético sobre los trabajadores”.
Práctica excluyente. Para Marcela Maspero, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores y de la Federación de Trabajadores de la Industria Química Farmacéutica, las estrategias para la implementación del carnet de la patria son excluyentes. Afirmó que el gobierno maneja políticas de Estado para conculcar los derechos de la ciudadanía.
Denunció que se intimida a los pensionados para registrarse. “En Caricuao gente de la tercera edad nos confirmó que los obligaron a sacarse el carnet porque si no perderían sus pensiones”. Afirmó que a trabajadores de Quimbiotec, planta productora de derivados sanguíneos, los han hecho registrarse a pesar de que la empresa no está operativa y no hay interés en activarla.
Explicó que mientras el gobierno pone una cara con la que se pretende hacer ver que le interesa los trabajadores, la realidad es totalmente distinta: “Hace pocos días despidieron a 90 personas del Centro de Almacenes Congelados; a quienes laboran en el CNE aún no se les aumenta el 50% que les deben y, además, se persigue a quienes están en la administración pública”.
Servando Carbone, coordinador nacional de Unete y fundador de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, especificó que denunciarán la implementación del carnet de la patria ante la Organización Internacional del Trabajo. “Es un elemento perturbador de las condiciones laborales. Lo que buscan es condicionar. El gobierno usa su poder para presionar”.
Apuntó que hay una clara intencionalidad que va más allá de lo evidente. “En algunos sitios el registro lo hacen los colectivos. Eso es peligroso. Imaginémonos lo que se puede hacer con toda esa información en manos de grupos de choque”.
Carbone recalcó que el gobierno de Nicolás Maduro en nada favorece a los obreros. “Se valen de la necesidad de la gente. Muchos de los que se sacan el carnet de la patria no están convencidos, pero mejor algo que nada. No sabes para lo que va a servir, pero lo tienes por si acaso”.
Con información de: El Nacional
Fecha: 12 de febrero de 2017