Sin amanecer todavía, Liliana Pereira, ama de casa y vecina de Mariche, llegó el miércoles pasado al Centro Endógeno Libertador Simón Bolívar, en La Florida. Su expectativa era adquirir alimentos y productos de aseo personal del Plan de Abastecimiento Complementario, que habilitó el gobierno del Distrito Capital. Sabía que para poder comprar allí era necesario madrugar.
A las 5:00 am reparten 500 números y solo a esas personas les permiten entrar. “Sabía que los productos no eran a precio regulado, pero no me imaginé que el gobierno los vendería tan caros. El pobre no puede comprar aquí”, dijo. “Gasté 19.000 bolívares en 4 kilos de arroz, 2 kilos de pasta, 2 de azúcar y 1 de caraotas y apenas me quedó dinero para el pasaje”.
En medio de la euforia de algunos que pese a los altos precios apoyan este operativo y bajo la mirada de más de 20 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Delia León, vecina de Guarenas, se quejó: “El paquete de 30 pañales lo venden en 10.950 bolívares, más caro que los bachaqueros de Petare; es impagable”.
León describió la experiencia de compra como “desalentadora”. “A cuánto me van a salir las hallacas si por un kilo de harina de maíz importada tengo que pagar 1.833 bolívares, prefiero la venezolana que cuesta 190 bolívares, igual tengo que hacer cola y madrugar para comprarla”. Los consumidores tendrían que pagar 864% más si la adquieren a través del plan de abastecimiento.
Los responsables del plan, que forma parte de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, a cargo del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, venden los productos muy por encima del “precio justo” que fijó el gobierno para los fabricados en el país. En el sitio destinado para los artículos de higiene personal era donde más se escuchaban los reclamos por los precios, pues eran los más caros. El champú importado costaba 3.861 bolívares, cuando el nacional vale 24,71 bolívares. “No hay plata para eso, está carísimo”, expresó Pereira. Y tiene razón, habría tenido que pagar 15.525% más.
El desodorante lo comercializaban en 1.340 bolívares y el hecho en Venezuela está regulado en 32,95 bolívares, lo que equivale a una diferencia de 3.964%. La crema dental la expendían en 1.394 bolívares y la nacional está controlada en 118 bolívares, 1.081% por encima.
Esto pese a que Daniel Aponte, jefe de gobierno del Distrito Capital, informó el viernes 14 de octubre que los precios que estarían muy por debajo de la especulación. Sin embargo, la realidad es otra.
Bachaquerismo legal.
“La industria agroalimentaria no entiende la medida de importación de productos de la cesta básica cuando en el país hay infraestructura instalada, mano de obra y capacidad para producirlos. El gobierno debe reconsiderar esa medida”, dijo Manuel Felipe Larrazábal, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos.
Afirmó que con un dólar para importar materia prima los industriales nacionales fabrican cinco veces más productos que los que se importan terminados. “No tiene sentido obligar a las industrias nacionales a vender a precio regulado mientras que ellos le compran a particulares en el extranjero y venden a precios fuera de regulación y por encima del internacional. La ley aplica para unos y para otros no. Se instauró un bachaquerismo legal”.
Considera que si el precio del kilo de maíz blanco subió de 15 a 96,5 bolívares, el de la harina precocida se podría fijar en 450 bolívares para que la industria pueda tener rentabilidad. “Estaría muy por debajo del precio importado, sería asequible para la mayoría de la población y nos permite cubrir las pérdidas que genera producir la harina de maíz”.
El arroz está regulado en 120 bolívares y el gobierno vende el colombiano en 1.590. “En este rubro hay una gran distorsión porque pagan más por la materia prima que por lo que cuesta el producto terminado. El precio debería ser 500 bolívares y también estaría muy por debajo del importado”, indicó Larrazábal.
Según el índice de Cavidea, la producción de alimentos se contrajo 21% en septiembre en comparación con igual lapso de 2015 por la falta de materia prima. La producción de harina de maíz cayó 31% porque ya agotaron la cosecha nacional y desde abril dependen de la importación de maíz blanco que realiza el gobierno.
Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, señaló que la medida “tiene como meta el abastecimiento de un pequeño segmento de la población y solo beneficia a un grupo de empresas o a un sector cercano al gobierno al que le asignan las divisas, mientras que atentan contra la industria nacional y la estabilidad de sus trabajadores”.
“No están al alcance de los más vulnerables”
Anabella Abadi, consultora asociada de ODH, afirmó que con el Plan de Abastecimiento Complementario el gobierno quiere dar la sensación de anaqueles llenos y que está garantizando el acceso y la disponibilidad de los productos esenciales.
“El gobierno no ofrece la mayoría de los productos de la cesta básica. Tampoco están al alcance de la población más vulnerable debido a sus altos precios y beneficiará a los más pudientes”. 75% de la población es pobre de ingresos y no puede pagar la cesta básica y mucho menos a precios internacionales, agregó.
La economista señaló que la venta de productos importados por encima de la regulación no significa el levantamiento del control de precios porque en el Decreto de Emergencia Económica quedó establecido que la fijación de precios estaría a cargo del Ejecutivo y es justamente lo que está sucediendo. Aseveró que no hay transparencia en las importaciones: no se menciona de dónde salen los recursos ni a quiénes se les compra.
FUENTE: EL NACIONAL
22/10/16