El derecho a la identidad de niños niñas y adolescentes fue amenazado en el año 2018. Así lo denuncia la Organización No Gubernamental (ONG) Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), en su informe “Vulneración del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela”, presentado este 15 de julio.
La investigadora académica Angeyeimar Gil, manifestó que el Estado venezolano vulnera los derechos humanos desde el origen, por el solo hecho de que los documentos que según el ordenamiento jurídico deben otorgarse al niño al momento de nace, estén siendo entregados con retraso o, en el peor de los casos, no sean entregados.
El informe presentado por Gil señala que solo en el Área Metropolitana de Caracas, al menos 32.100 niños no tuvieron acceso al certificado de nacimiento.
La vocera afirmó que con el solo hecho de que los niños apenas nazcan y no tengan su certificado de nacimiento, se quebranta el derecho a la identidad y se retrasa el acceso a otros derechos. Además “se genera la incapacidad del Estado para otorgar seguridad jurídica”.
“El viceministro de hospitales Andrés Marín alegó que el papel del documento no se producía en el país y por eso se generaba el retraso. También decía que esa realidad se presentó a nivel nacional”, agregó. Gil puntualizó que en el año 2018 hubo zonas en la que los venezolanos tuvieron que soportar hasta diez horas de cola para poder acceder a la cedulación.
Por su parte, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, manifestó que “el Estado en Venezuela no solo mata a los niños recién nacidos por la carencia de medicamentos. Además, mata a los niños civilmente al no garantizar su identificación al nacer”
Carlos Trapani denunció las trabas que los venezolanos deben afrontar para poder tramitar sus documentos de identificación y de carácter migratorio. En este sentido, matizó que las dificultades solo ocasionan que el número de niños que sale del país sin papeles se incremente y los riesgos a que sus derechos sean vulnerados fuera del territorio se exacerben, entre ellos, violencia e incluso trata.
También pidió al Estado que exonere el cobro de documentos como el pasaporte a niños y adultos mayores. Argumentó que la medida contraria a principios establecidos en la Lopna y otras normas del país que otorgan gratuidad a los infantes.
Advirtió que solo con el pago del pasaporte el Estado está siendo excluyente, pues además de las dificultades que los ciudadanos deben afrontar para obtener una cita entre las cuales destaca el pago a gestores para poder agilizar el trámite, el costo del documento también lo hace inaccesible, pues señalan que desde que entró en vigencia la reforma de Ley de Timbres Fiscales en el 2015 el pasaporte ha aumentado un 2.200% hasta la fecha.
Con información de Tal Cual