Desde 2004 llevan la cuenta y la precisan como un retroceso. Gremios coinciden que el magisterio venezolano atraviesa la peor crisis, con discusiones de contrataciones colectivas excluyentes y con dominación del Estado. Ubican en 97% la desaparición de las conquistas sociales, sin beneficios en ajustes de sueldos, primas que terminaron en bonos sin incidencia salarial, sin seguridad en materia de salud ni las condiciones mínimas de trabajo. Un ambiente tan marcado, que hasta denuncian abandono.
López Jordán | La Prensa de Lara
Consideran que la raíz del problema es a partir de una negociación controlada, al ver cómo en casi 20 años el Estado logra discusiones sin incluir las cláusulas de cogestión. «Los últimos contratos colectivos son un parapeto. No tienen sentido y sólo está a favor del patrono», se queja Jacqueline Richter, directora general del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis), de lo que asume como una política estatal que destruye la discusión sindical, además del certero golpe por la hiperinflación.
Una denuncia constante ante la falta de consenso, que ni siquiera llega a convocatoria en general por la administración de ciertos sindicatos aliados al Gobierno. Piedra de tranca ante el pliego de peticiones que dejan atrás al saltarse determinadas cláusulas por mejores condiciones para el personal. Lo viven en la realidad que deja universidades a merced del hampa por el desamparo de la vigilancia, unidades de transporte que perdieron la cuenta de los años que tienen sin funcionar y una infraestructura física que -en varias casas de estudios- se desploma por el abandono, más precario cuando ni siquiera se cuenta con los implementos para laboratorios.
Raquel Figueroa, dirigente sindical del Colegio de Profesores, señaló que «el magisterio venezolano vive la peor crisis, sin salarios acordes ni seguridad social. El Estado está de espalda a sus responsabilidades», recalca molesta al recordar que hasta viola convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Reitera que las violaciones continuas estancan en 97% sin conquistas sociales. Al punto de precisar que ha desaparecido el derecho laboral entre convenios unitarios que despojaron la tabla salarial. «Es tanto así, que a la máxima expresión del polvo cósmico se diluyó el salario», se queja la representante sindical al explicar que en 2020 apenas les cubría el 2,5% de la canasta básica, indicio que los ubicaba en pobreza extrema y sin distinción del grado de formación.
No entienden cómo perdieron las primas que les servían para complementar el ingreso y que pasaron a ser bonos, como una condición sin incidencia salarial. Además, que en materia de salud rechazan que el Ipasme no cubre las necesidades y queda reflejado en los llamados de auxilio por redes sociales, de personal que pide colaboración para cubrir los gastos en tratamientos y hasta para servicios funerarios.
Para Keta Stephany, miembro de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), se ignora la discusión desde las bases y el contrato termina siendo todo un misterio. «Sólo se conocen las tablas y un profesional con estudios de posgrados, alta carga académica y hasta con 17 años de antigüedad sólo devenga $11. Lo peor, que para octubre termine quedando en $6», se lamenta por los estragos de la hiperinflación.
La radiografía más allá de la lucha sindical, se fija en el reconocimiento de las necesidades del sector en plena orfandad. La educación empieza a tocar fondo, ya golpeada y hundida en pandemia.
Rechazan nuevo ajuste en la tabla
Profesores universitarios se quejan y rechazan los nuevos ajustes en las tablas salariales, pues la más alta categoría pasó a devengar un 71% de incremento, pero la inflación y el alto costo de la vida lo vuelve sal y agua.
De Bs. 26.849.738 que devengaba un profesor titular dedicación exclusiva, ahora el docente de la misma categoría, siendo una de las más altas, pasará a cobrar Bs. 46.063.311 al mes de salario base, lo que corresponde a $11. No les alcanza ni siquiera para comer un día.
Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL, calificó el ajuste como una tabla que no representa las verdaderas necesidades del sector universitario «y por eso las rechazamos, no estamos de acuerdo», dijo la profesora.
Déborah Velásquez, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), dijo que además que la cantidad no los satisface, miembros de la Fapuv no fueron incluidos en las reuniones.
Con información de La Prensa de Lara