José Prat, diputado de la Asamblea Nacional, sostuvo que la cifra de empleados públicos removidos de sus puestos por expresar su disidencia respecto a la ideología política del gobierno y los lineamientos impuestos por esta asciende a 250 casos en el país de los cuales aproximadamente 25 se contabilizan en Ciudad Guayana.
“Rechazamos categóricamente los despidos por razones políticas, que muchas veces llegan injustificados y sin cartas formales, violentando el fuero maternal y paternal de los trabajadores (…). Algunos incluso estaban de vacaciones, lo cual representa una violación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras”, expresó.
Prat calificó como una “paradoja” el hecho de que “los destructores de las empresas básicas han despedido a los constructores de las mismas”, por lo cual deberán rendir cuentas ante la sociedad.
“Quienes discriminan por razones políticas son iguales a los que discriminan por razones raciales o religiosas, así que serán juzgados por la historia del mismo modo”, reiteró el diputado, comparando la actual situación con el fascismo europeo del siglo pasado.
Confirmó que las reuniones entre los miembros de la iniciativa y los trabajadores afectados continuarían realizándose, e invitó a los guayaneses a sumarse a este esfuerzo por defender los derechos laborales.
“Pasan las horas y la lista crece (…) Sean los que sean, así sea un solo trabajador despedidos, tenemos que respaldarlos”.
Maduro, enemigo del gremio
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias, declaró a Nicolás Maduro, como enemigo del gremio laboral y un “traidor a la clase obrera” por las olas de despidos que ha propiciado durante su gestión.
“Nuestros compañeros han sido tomados como conejillos de indias. Esta acción no tiene otro objetivo sino amedrentar al resto para que no salgan a firmar por el 20% (…) Maduro, Diosdado Cabello y el ministro Oswaldo Vera son unos falta de respeto a los trabajadores de este país”, acotó.
El dirigente hizo mención de las condiciones de los contratos colectivos en empresas como Sidor y Alcasa, que impiden la remoción de empleados de sus cargos de forma arbitraria. Los contratos vencidos de los sectores aluminio y acero, en proceso de renovación, mantienen seis jurisprudencias que defienden la inamovilidad laboral, especialmente de aquellos que sumen más de 25 años de servicio en las empresas.
“Llevaremos nuestra denuncia al Ministerio del Trabajo, así no nos escuchen (…) Aquí tenemos gente bastante y vamos a salir a firmar, porque el próximo despedido de su cargo será Nicolás Maduro”.