Siete días hospitalizado permaneció Eladio Mata. Un proyectil le perforó el intestino delgado y una arteria. Las heridas ameritaron ocho transfusiones mientras se debatía entre la vida y la muerte. El tiro que le dieron hace tres semanas no fue en un barrio ni en medio de un enfrentamiento entre bandas, o para robarlo, como suele ocurrir. Lo recibió en las instalaciones de un hospital, un lugar que se supone seguro, libre de armas y custodiado.
Mata, presidente del Sindicato de Obreros de la Alcaldía Metropolitana, se dirigía el 30 de agosto al auditorio del Hospital Universitario para discutir en una asamblea el bono vacacional y una serie de deudas pendientes. Mientras caminaba, un hombre apodado el Tico se le atravesó en la puerta del lobby y le disparó. La víctima se recupera progresivamente del ataque, pues perdió mucha sangre y la operación fue engorrosa. Su agresor, al que no detuvieron pese a que funcionarios de la Policía Nacional grabaron el atentado y hubo más de 400 testigos, asiste al centro de salud como si nada hubiera pasado y según Mata forma parte de un grupo armado que ha sembrado el terror entre los trabajadores del recinto.
Los integrantes de esa agrupación son alrededor de 20 personas, entre hombres y mujeres que no se identifican como colectivos, y, señaló el dirigente sindical, se pasean armados por los pasillos del centro asistencial. Tienen una oficina en la planta baja, frente a Recursos Humanos, y algunos cumplen funciones de vigilantes, camilleros, asistentes y supervisores. La mayoría lleva franela roja. Amedrentan a todos aquellos que reclaman mejoras laborales, los interceptan y les dicen que si continúan con su lucha «los van a picar». Hasta los médicos han sido blanco de amenazas por ese grupo, que según Mata actúa al amparo de la actual directiva. Pablo Zambrano, directivo de Fetrasalud, indicó: «Los empleados asisten atemorizados. Muchos se encierran en sus oficinas y no salen de ahí hasta que finaliza la jornada, pese a que en los últimos días se instalaron 11 funcionarios de la Guardia Nacional que recorren las instalaciones para reforzar las labores de custodia».
Hace tres semanas enfermó un familiar de un miembro de ese grupo y lo ingresaron en el HUC. El médico que lo recibió fue amenazado. «Más vale que lo atiendas bien porque si se me muere, te va a salir caro. Así me dijo el hombre», manifestó el médico que prefirió mantener su nombre en reserva.
Cada vez que hay asambleas incorporan entre siete y ocho mujeres para que ataquen a las que participan en los reclamos, y posteriormente son contratadas para ocupar cargos de camareras y asistentes en el hospital. «La situación cada día se torna más tensa; cuando se convoca a reuniones no se sabe qué va a pasar. Algunos empleados se abstienen de ir porque temen por sus vidas. Son unos malandros que no les importa matar porque saben que no les van a hacer nada», expresó una trabajadora del área de Nutrición y Dietética del HUC.
Las agresiones y amenazas han sido denunciadas ante el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. A estos organismos les han solicitado que investiguen los casos, pero no han tenido respuesta.
Gherson Casanova, residente de medicina interna del HUC, no ha recibido hasta ahora una denuncia formal de las amenazas de las que son víctimas los médicos dentro del centro de salud, pero sí le han llegado quejas de estudiantes de Medicina a quienes someten con armas blancas y roban en las escaleras. También ha sido testigo de la renuncia de dos colegas, pues les hurtaron sus vehículos en el área de estacionamiento. Ambas situaciones, sumadas a otros episodios de violencia, ponen en tela de juicio la seguridad del centro asistencial.
Similitudes en otros centros. Si bien el HUC es el centro de salud con más episodios de violencia en Caracas, de acuerdo con reportes policiales, no es el único. Las adyacencias del hospital Periférico de Coche han sido escenario de combate entre bandas delictivas y colectivos. Warner Martínez, residente de esa institución, recordó que hace dos meses, cuando cubría una guardia, dos encapuchados tomaron la emergencia. Fueron en busca de un paciente herido de bala. Lo querían rematar y a punta de armas automáticas les exigieron a los médicos que lo entregaran o de lo contrario matarían al personal. «No había otra opción y dejamos que se lo llevaran». Los dos vigilantes y dos milicianos que se encontraban en esa área no pudieron hacer nada.
Cada vez que organizaban protestas callejeras por falta de insumos y retrasos en los pagos, los médicos y trabajadores del hospital de Los Magallanes de Catia eran acosados por colectivos. Llegaban grupos de entre 20 y 30 motorizados que exhibían pistolas cuando abrían sus chaquetas en señal de poder para disuadirnos. Junto con ellos se agrupaban ancianas que llevaban piedras en bolsos para lanzarlas contra los manifestantes. «Se alborotaban cuando exigíamos reclamos. En este país la protesta es un delito y pretenden silenciarla con estas acciones», expresó Rosa Torrealba, traumatóloga de Los Magallanes de Catia. «En los últimos meses se han calmado, me imagino que también están afectados por la crisis».
FUENTE: EL NACIONAL