Las deprimidas condiciones económicas en las zonas rurales venezolanas fronterizas con Colombia y Brasil cada vez más afectadas por la hiperinflación, la contracción de las fuentes de empleo y la devaluación de la moneda impide a la población cubrir sus necesidades básicas, situación que facilita su participación en actividades ilegales como una alternativa laboral.
En estas zonas donde el Estado venezolano está prácticamente ausente, la figura de los grupos armados irregulares –que controlan las actividades ilícitas como el contrabando de combustible, de alimentos, medicinas, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro– emergen como los nuevos “patronos”, e incluso se han convertido en los principales proveedores de empleo. Aprovechan la vulnerabilidad económica de las familias para captar no sólo a adultos, sino también a niños y adolescentes que abandonan las escuelas para incorporarse a alguna actividad laboral que les permitan contribuir con el sostenimiento de sus hogares. Así es como cada vez más menores de edad pasan a ser presa de estas mafias del contrabando y la violencia que tienen tomadas estas poblaciones.
Esta vulnerabilidad no sólo existe para los niños y adolescentes que han nacido y crecido en la zona, sino para los que se han desplazado a los estados fronterizos con sus padres, algún familiar o incluso solos en un intento por aprovechar las ventajas que ofrece la dinámica en la frontera para generar ingresos, sobre todo con las actividades que giran en torno a la migración masiva y al contrabando.
En las zonas limítrofes la fortaleza del peso colombiano y del real brasileño frente al bolívar, la posibilidad de acceder con mayor facilidad a dólares americanos o incluso lograr aunque sea una pequeña porción del oro que se extrae en las minas de Amazonas y Bolívar es la motivación que impulsa a estos jóvenes en edad escolar a incursionar en el trabajo informal en una primera etapa y luego a ser captados por los grupos armados irregulares.
En septiembre de 2019 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que la profundización de la crisis en Venezuela habría dejado por fuera del sistema escolar a cerca de un millón de niños y adolescentes: “Cualquier niño en riesgo de abandonar la escuela hoy socava el futuro de todo el país mañana. Venezuela simplemente no puede permitirse eso”, dijo en ese entonces el director del organismo para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen.
Los adolescentes son los más expuestos, la deserción en los liceos resulta abrumadora debido a que es la edad más buscada por las organizaciones guerrilleras para explotarlos y adoctrinarlos.
La captación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas para ser incorporados a las redes delincuenciales constituye una flagrante violación a la garantía de gozar de una protección especial e integral que los reconozca como sujetos de derecho, así como a los compromisos adquiridos por los Estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (suscrita y ratificada por Venezuela), pues el Estado venezolano ha sido notificado de la situación en la frontera, se le ha pedido que emprenda acciones que impidan que los grupos armados irregulares sigan ingresando a las escuelas, se la he recordado la obligación de prevenir la amenaza o vulneración de los derechos de los cuales niños, niñas y adolescentes son titulares; sin embargo, no ha ordenado ninguna política pública que promueva su protección para contrarrestar las actuaciones de los grupos irregulares en el lado venezolano de la frontera.
Con información de FundaRedes