El embajador del gobierno interino de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, pidió a esa organización intervenir para lograr un acuerdo práctico mutuo con Guyana.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como diversas delegaciones se alinearon con la República de Guyana sobre el interés de que el diferendo con Venezuela, y que involucra al territorio Esequibo, se resuelva por la vía judicial.
En una sesión del Consejo Permanente de la OEA este miércoles 27 de enero, el representante de Guyana ante ese organismo, Riyad Insanally, acusó a Venezuela de que su rechazo a la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), representan «una amenaza a la paz y la estabilidad de la región».
La Corte Internacional de Justicia está siendo usado como un medio para conseguir una solución, reiteró el representante de Guyana, «bajo el auspicio del secretario general de la ONU». Esto fue rechazado por el régimen de Nicolás Maduro a principios de enero de 2021 por medio de un decreto y una carta que fue enviada a Naciones Unidas.
El embajador Insanally dijo que Guyana ha estado ejerciendo soberanía marítima y territorial sobre el territorio Esequibo desde hace años, cuestión que no ha hecho Venezuela. «El presidente Maduro y Venezuela buscan anexar áreas marítimas y terrestres de Guyana, y esto es una nulidad y un acto de agresión que no puede ser tolerado por ningún Estado del mundo».
También denunció la detención de dos embarcaciones guyaneses que estaban en su zona exclusiva por parte de un buque venezolano, así como la posterior detención de los capitanes de esos barcos. «Este buque (venezolano) estaba ilegalmente en la zona marítima de Guyana. Hemos insistido en que se deben devolver las embarcaciones».
Es lamentable que el gobierno de Venezuela recurra al uso de la fuerza para reclamar una supuesta territorialidad marítima, reiteró el embajador guyanés. «Hacemos un llamado a que participen en los procedimientos de la Corte Internacional y acepten sus obligaciones».
Mientras que en una declaración de la Secretaría General de la OEA, emitida antes de la sesión del Consejo Permanente, Luis Almagro condenó la detención ilegal «por parte de la dictadura venezolana» de esas dos embarcaciones pesqueras registradas en Guyana y su tripulación.
Almagro exigió que los ciudadanos guyaneses sean liberados «de forma rápida y segura», así como los dos barcos detenidos.
Además, la Secretaría General reiteró su apoyo «a las normas y procesos establecidos por el derecho internacional en relación con los conflictos territoriales en curso. La resolución de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana es un asunto de jurisdicción internacional y no puede ser solucionado mediante acciones unilaterales».
El secretario Almagro señaló que cualquier intento de «descarrilar este proceso legal internacional, como el decreto emitido por el régimen de Maduro, es contrario al derecho y los estándares internacionales, y no tiene soporte legal ni significado jurídico».
Toma y dame
El embajador del gobierno interino de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, pidió a esa organización intervenir para lograr un acuerdo práctico mutuo para ambas naciones. «Históricamente Venezuela se había empeñado en mantener relaciones óptimas con Guyana sin dejar de buscar una resolución justa a sus reclamos».
Con relación al decreto de Maduro, Tarre Briceño dijo que ningún Estado puede dudar sobre la intención de los países de ejercer soberanía en aquellos espacios «siempre que no afecten otros Estados. No se puede desconocer la intención de Venezuela de defender su derecho de proteger la fachada continental».
El representante venezolano dijo que Nicolás Maduro busca mostrar una «aparencia de unidad nacional ante un régimen desacreditado y sin respaldo popular (…) Lamentablemente y no por falta de buena fe, la parte venezolana constató el agotamiento de los buenos oficios», del secretario general de Naciones Unidas, para luego aceptar un mediador «sin llegar a la Corte Internacional de Justicia».
El embajador Riyad Insanally manifestó su «asombro» por la intervención de Gustavo Tarre, y dijo que «la mayoría de la Asamblea General manifestó sus reservas, el señor Tarre no habla por un Estado soberano, la entidad que representa no tiene control del país. No sé de que base el señor Tarre habla pero debería tener mejor opinión».
Además, lo acusó de distorsionar hechos históricos y señaló que su rechazo al funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia son «altamente preocupantes (…) Él ha asumido la postura del régimen de Maduro desde la posición que se nos somete desde Caracas, es lamentable».
Insanally dijo que ni la posición de Maduro ni Guaidó respetan al pueblo de Guyana y la Corte. «Nos agrada ver que el Consejo está tomando nota de los actos contra nuestra integridad y soberanía como nación pequeña. Daremos detalles adicionales históricos que respaldan nuestra posición».
Gustavo Tarre también manifestó sorpresa por la posición de Insanally, que calificó como un «rechazo prepotente sin entrar a considerar. Hay una controversia que debe ser resuelta por la vía del derecho y no es la agresión verbal o física la que contribuye a una resolución de esta situación. Hay una posición histórica del pueblo de Venezuela con respecto a esta contrversia y la vamos a acompañar».
Insistió en que la aspiración del pueblo venezolano es conseguir «una solución pacífica a esta controversia que lleva demasiado tiempo y amarga las relaciones entre estos dos países hermanos».
Rechazo a posición de Venezuela
Durante las intervenciones en el Consejo, el representante de Estados Unidos, país que apoya a gobierno interino de Juan Guaidó, dijo que respaldan una resolución pacífica de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana, y por tanto acogen el dictamen del 18 de septiembre de la Corte Internacional de Justicia sobre su jurisdicción en este tema.
Canadá también dijo que esperan una resolución pacífica, «y un dictamen de la CIJ sobre esta cuestión». El representante de Uruguay insistió en que todos los embajadores han sido críticos con el trato dado por el régimen de Nicolás Maduro a la embarcación y tripulación guyanesa, y también reiteró que la intención de todos los países es que se resuelva de forma pacífica esta controversia.
Mientras que Panamá apoyó la competencia de la Corte «y tomamos nota de la posición de Guyana. Hacemos voto para que se evite la confrontación». La representante panameña también lamentó la situación presentada con los barcos guyaneses detenidos, por lo que confiaban en su pronta liberación.
Además, Trinidad y Tobago a nombre de los países del Caricom leyó un comunicado donde respaldan los reclamos territoriales de Guyana así como la intervención de la Corte Internacional de Justicia para resolver esta controversia.
Con información de Tal Cual