De acuerdo con la Fiscalía, los principales responsables de la masacre ocurrida en Cepella son cinco funcionarios de la GN, cuatro líderes negativos de la cárcel (pranes) y el director del penal; pero en realidad fueron el hambre y la falta de atención médica.
Tras la masacre ocurrida el 1 de mayo en el Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepella) ubicado en Guanare, estado Portuguesa, donde 47 fueron asesinados, otros 75 resultaron heridos, más de 2.000 fueron trasladados y se ordenó el cierre del recinto, los familiares desconocen el nuevo sitio de reclusión de los presos. Lo que sí saben es las razones del motín: hambre y falta de atención médica.
A pesar de que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iría Varela, dijo que todos los reclusos tendrían la oportunidad de comunicarse con sus familias para informarles a dónde serían trasladados, esa orden aún no se ha cumplido. «Los presos fueron llevados a Anzoátegui, Barinas, Lara, Carabobo, Táchira y Falcón y todavía esas listas están medio escondidas y los mismos familiares no saben a dónde fueron llevados sus presos», explica Carlos Nieto Palma, coordinador de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, quien en días recientes ha recibido denuncias por esta situación.
En su cuenta de Twitter, Iris Varela informó del traslado de los detenidos del Cepella pero sin ofrecer cifras ni mayores detalles del procedimiento. De igual forma indicó que «iniciaron las labores de rehabilitación para implementar el nuevo régimen penitenciario».
Además de desconocer a qué cárcel enviaron a su detenido, las familias se quejan de la improvisación que caracteriza al ministerio penitenciario, pues ahora no podrán visitarlos constantemente ni mucho menos garantizarles la comida.
A juicio de Nieto Palma, ni los traslados de los detenidos ni el cierre de las cárceles son la solución a los problemas carcelarios del país. «Tal vez el Ministerio de Asuntos Penitenciarios quiere hacer ver que soluciona un problema porque cierra una cárcel, pero cuando toma esta medida sin planificación lo que hace es llevar el problema a otro lado», detalla, mientras condena que este ente haya cerrado diez cárceles desde su creación en 2011, dejando a la mitad del país sin recintos penitenciarios.
Cuando Tareck El Aissami era ministro de Interior, Justicia y Paz entre octubre de 2008 y octubre de 2012, se creó el Plan de Humanización Penitenciaria que contemplaba, entre otras cosas, la construcción de 25 cárceles. Sin embargo, hasta la fecha solo se han hecho dos: la Comunidad Penitenciaria de Coro y Yare III. Luego Varela inauguró el Fénix, en el estado Lara, que ya estaba a medio construir; y el anexo 26 de Julio, en Guárico, unos galpones expropiados a una empresa de alimentos que terminaron siendo almacenes de presos.
Hambre, el mayor problema
La masacre ocurrida en Cepella se inició luego de que los custodios no les permitieran a los familiares de los detenidos ingresar comida al penal. «No fue un intento de fuga a mediodía, ni un enfrentamiento entre bandas», asegura Nieto, «fue una protesta de los presos por comida, y los cuerpos de seguridad ingresaron y mataron a todos esos presos».
A raíz del decreto de emergencia por coronavirus, las visitas en las cárceles fueron suspendidas. No obstante, las familias deben proveer la comida a sus presos, pues hace mucho tiempo que la alimentación dejó de ser un derecho en los penales y centros de detención preventiva, aumentando los casos de desnutrición de los privados de libertad. De hecho, para Carlos Nieto Palma «la masacre de Guanare es la primera que ocurre en un centro penitenciario de Venezuela cuyo móvil es el hambre de los reclusos«.
Pero la nueva medida de distribución de los alimentos por la cuarentena por la covid-19 trajo nuevas denuncias: «La mitad de la comida o casi toda se la roban los Guardias Nacionales, los funcionarios policiales o los penitenciarios», se quejan los familiares de los presos.
Para el coordinador de Una Ventana a la Libertad, los principales problemas de las cárceles venezolanas son la alimentación, el hambre y la falta de atención médica, de los cuales no se llevan estadísticas de fallecimiento. «Antes los muertos eran por riñas y ahora son por hambre o enfermedades no atendidas», sostiene.
La tuberculosis ha pasado a ser una pésima compañía para muchos presos y no hay quién los atienda. «En lo que va de año, solo en las dos cárceles del estado Lara que dependen del Ministerio Penitenciario (Uribana y Fénix), han fallecido 13 reclusos por tuberculosis», afirma Carlos Nieto Palma, quien indica que si a los presos no se les garantiza la alimentación «se les mata poco a poco».
Responsables de masacre en Cepella
De acuerdo con el Ministro Público, los principales responsables de la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepella) son cinco funcionarios de la Guardia Nacional (GN), cuatro líderes negativos de la cárcel y el director del penal, quienes serán imputados.
A los Guardias Nacionales se les imputará por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder. A los líderes negativos por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas de fuego.
Sin embargo, se pudo conocer que el Tribunal N° 2 de Contol le otorgó una medida cautelar de libertad al director de Cepella, Carlos Torres, quien había sido imputado por la Fiscalía por ser responsable del ingreso de armas de fuego al centro penitenciario.
Calabozos abarrotados
El cierre improvisado de las cárceles en Venezuela ha dado un resultado negativo no solo para los demás recintos penitenciarios, donde el hacinamiento se ha vuelto la norma, sino especialmente para las comisarías o centros de detención preventivos de las policías, pues también están abarrotados. «Hay más presos en los calabozos policiales que en las cárceles tradicionales«, asegura Carlos Nieto Palma.
En los centros de detención preventivos, diseñados para albergar a los presos por un máximo de 48 horas, hay 65.000 reclusos, mientras que en los grandes centros penitenciarios hay 45.000, «lo que hace que existan dos sistemas penitenciarios, sostiene el representante de la ONG Una Ventana a la Libertad.
Lo único que tienen en común los 110.000 presos del país, tanto en calabozos policiales como en las cárceles tradicionales, es el completo estado de abandono por parte de las autoridades competentes.
Con información de Tal Cual