Los médicos del Hospital Central de Maracay decidieron de forma unánime que solo atenderán las “estrictas emergencias” que lleguen al centro de salud hasta tanto no sean liberadas las tres estudiantes del posgrado de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Carabobo (UC).

En una asamblea realizada este lunes, 29 de octubre, en el núcleo docente de la UC en el principal centro médico de Maracay, los galenos acordaron paralizar “las actividades no prioritarias”, entre las que figuran cirugías electivas y labores docentes de la facultad Ciencias de la Salud de la casa de estudio.

Esta medida también fue respaldada por el personal de enfermería y el personal obrero del hospital. Se espera que la Federación Médica Venezolana y la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia respalden la acción.

Quienes acudieron a la asamblea de este lunes corearon “libertad, libertad” para las tres médicos residentes del posgrado de Ginecología y Obstetricia en el Hospital de Maracay: Laura Eliza Murillo Bastardo, Gabriela Alejandra Zavala Gámez y Geraldin Andreína Arias Pérez.

Las tres doctoras fueron detenidas el pasado jueves, 25 de octubre, en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Caña de Azúcar, sitio al que asistieron tras ser citadas a declarar. El esposo de una parturienta interpuso una denuncia en la que acusa a las residentes de presunta mala praxis y de traficar personas, tras alegar que la paciente tenía un embarazo doble.

El sábado 27 de octubre a Murillo, Zavala y Arias les imputaron los delitos de homicidio intencional calificado, violencia obstétrica, esterilización forzada, asociación para delinquir, tráfico de personas y alteración y ocultamiento de documento público.

El caso fue remitido al Tribunal de Violencia de Género, que ordenó la privativa de libertad para las tres estudiantes de posgrado.

El Colegio de Médico del estado Aragua y los compañeros de las residentes que cursan estudios en la Escuela de Medicina de la UC rechazaron las acusaciones y la imputación de lo que calificaron como “falsos delitos”.

Argumentan que la paciente falleció por causas médicas comprobadas y que la madre certificó que su embarazo fue de un solo bebé y no de dos, como se creyó en un principio.

Este fin de semana, la presidente del Colegio de Enfermeros de Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, alertó al gremio de enfermería sobre la “judicialización del personal de la salud” y dijo que los hechos son “una arremetida contra el sector salud que pretende hacer a los trabajadores los reponsables de la falta de insumos médicos“.

El doctor José Corado, decano de la facultad Ciencias de la Salud de la UC, dijo durante la asamblea que el gremio médico no permitirá que se le responsabilice por las precarias condiciones en las que ejercen su profesión en Venezuela ni por sus consecuencias.

Con información de Efecto Cocuyo

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