Human Rights Watch manifestó que la Organización de los Estados Americanos debería exigirle al Presidente Nicolás Maduro que revoque el decreto de emergencia que limita la posibilidad de la Asamblea Nacional y de las organizaciones no gubernamentales venezolanas de cuestionar los abusos de poder cometidos por el gobierno.
El pasado 13 de mayo Maduro decretó el estado de excepción y emergencia económica por 60 días y por esa vía impide que la Asamblea Nacional utilice sus poderes constitucionales para sancionar a funcionarios públicos, y autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores a suspender el financiamiento internacional que reciben organizaciones no gubernamentales.
“Hasta hace poco, el gobierno de Maduro ha podido encarcelar a opositores y cercenar los derechos de ciudadanos de a pie sin temor a ningún tipo de reacciones de los otros poderes”, observó Daniel Wilkinson director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Pero ahora que la oposición controla la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente se atribuyó a sí mismo la facultad de despojar a este órgano de su potestad de sancionar a funcionarios gubernamentales”.
El decreto de emergencia del Presidente Maduro vulnera las obligaciones jurídicas internacionales que surgen de la Carta Democrática Interamericana, que obliga al país a promover y defender la democracia representativa, la cual incluye como uno de sus componentes esenciales a la separación de poderes.
La Constitución le otorga a la Asamblea Nacional una “función de control” sobre el poder ejecutivo, que incluye la facultad de interpelar a funcionarios públicos ante comisiones legislativas para ser cuestionados sobre políticas y prácticas del gobierno, así como la posibilidad de remover al vicepresidente y a ministros a través de un “voto de censura”. El decreto de emergencia autoriza al presidente a “decidir la suspensión temporal” de sanciones políticas de este tipo si considera que podrían “vulnerar la seguridad de la nación” u “obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano”.
En la práctica, el “estado de excepción” podría otorgarle al gobierno mayor discrecionalidad para limitar aún más derechos humanos que ya están siendo continuamente vulnerados en Venezuela, incluidos los derechos a la libertad de asociación y expresión, señala el comunicado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que los gobiernos podrán “derogar” o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones de derechos humanos declarando el estado de emergencia, pero sólo ante situaciones excepcionales que “pongan en peligro la vida de la nación”. Incluso en esos casos, los gobiernos solo pueden derogar sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos “en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación.”
El decreto de emergencia del Presidente Maduro no cumple con estos requisitos, sostuvo Human Rights Watch. Por el contrario, pareciera ser una medida con motivaciones políticas contra opositores del gobierno y las organizaciones independientes. Las propias palabras del presidente abonan esa conclusión. El 17 de mayo, Maduro declaró: “La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca”. El presidente anticipó que los legisladores opositores rechazarían el decreto, y sugirió que lo harían con la intención de montar “un escenario de violencia para justificar una intervención extranjera de carácter militar”.
Venezuela está atravesando una crisis económica, enfrentando una severa escasez de medicamentos y bienes básicos, y en las últimas semanas algunos líderes opositores han instado a que se celebre un referéndum revocatorio para decidir sobre la posible destitución del Presidente Maduro.
“A la luz del pobre desempeño del gobierno de Maduro, hay razones de sobra para temer que éste responda a una creciente crisis económica y política empleando prácticas represivas, incluyendo detenciones arbitrarias, censura y violencia”, dijo Wilkinson. “La OEA debe actuar ahora, antes de que la situación empeore”.
Fuente: CRÓNICA PUNTO UNO
Fecha: 20/05/16