Humberto Prado detalla que ni siquiera la creación de una oficina para los Oficiales de la Alta Comisionada en Venezuela se ha podido concretar.
Este lunes 6 de julio el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, designado por Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como mandatario encargado, presentó el informe titulado «Contumacia Institucional: a un año del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela».
Este informe consiste en el ejercicio de una evaluación objetiva sobre la situación de cumplimiento de las 23 recomendaciones que formuló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el 4 de julio de 2019 cuando emitió su primer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
Recomendaciones que Prado considera han sido ignoradas por el mandatario Nicolás Maduro, quien ha hecho caso omiso a cada petición, en especial a la disolución inmediata de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a quienes acusan de ser responsables de ejecuciones extrajudiciales en las comunidades vulnerables.
«Pese a que ya ha pasado un año, muy poco de lo ordenado por el Acnudh goza de pleno acatamiento en el país, por el contrario, la regla ha sido sumir en un clima de perenne incumplimiento las recomendaciones» dijo.
Acotó que este fenómeno «es particularmente grave si se tiene en cuenta que muchas de las recomendaciones no acarreaban complicaciones administrativas importantes, por el contrario, la disolución de las FAES es algo que se ha podido ejecutar por medio de simples actos ejecutivos que no implicaban grandes tramites ni costos económicos».
Por el contrario, Prado aseguró que desde que se emitió el informe las FAES han sido responsables de 972 ejecuciones extrajudiciales, y consideró que el único de los ajusticiamientos sobre el que se han pronunciado los integrantes de la administración de Nicolás Maduro es sobre el asesinato de seis personas, entre ellos un escolta de la ministra Penitenciaria Iris Valera.
Hecho ocurrido el 11 de junio en el barrio el Limón, ubicado en la carretera vieja Caracas – La Guaira.
El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, detalló que «en total fueron unas 62 páginas por medio de las cuales se evaluó cada una de las recomendaciones. El informe se estructura en una introducción, un análisis de las recomendaciones del párrafo 81, luego de las del 82, seguidamente consideraciones sobre el memorando de entendimiento de septiembre de 2019 y finalmente unas conclusiones preliminares».
En este sentido indicó que la creación de una oficina para los Oficiales de la Alta Comisionada, no se ha podido concretar y, por tanto, no se han podido mover para realizar ninguno de los estudios para los que se encuentran en el país, como la visita de los Centros Penitenciarios.
Prado recordó que una de las recomendaciones era adoptar medidas que garanticen la disponibilidad de agua, electricidad, alimentos y medicamentos, sin embargo, Venezuela continúa inmersa en una emergencia humanitaria compleja, que impacta de forma diferenciada a los grupos vulnerables.
“La gente no puede cumplir con las medidas sanitarias, por la falta de agua y luz. Por ejemplo, la situación de vulnerabilidad de niños que son pacientes del Hospital Pediátrico JM de los Ríos son altas por la falta de medicamentos y los servicios básicos».
Con información de Tal Cual