El proceso de vacunación con el producto experimental cubano Abdala que se realizó días atrás en Caracas con un sector de la población como parte de los ensayos clínicos en tercera fase de dicha candidata vacunal contra el COVID-19, puede acarrear demandas y responsabilidades jurídicas sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Con la actividad de vacunación que se llevó a cabo días atrás con los habitantes de los urbanismos ubicados dentro del Complejo Militar Fuerte Tiuna, en la ciudad capital y, en el que se utilizó el producto experimental cubano contra el COVID-19, Abdala, «Venezuela viola los principios contemplados en las declaraciones universales de Helsinki y Alma Ata»; así lo indicó el secretario de la Academia Nacional de Medicina (ANM), Huníades Urbina.
La Declaración de Helsinki (1964) fue creada por la Asociación Médica Mundial (AMM) durante la 18ª Asamblea Médica Mundial en 1964, en materia de protección y regulación ética de la investigación en seres humanos, mientras que la Declaración de Alma Ata surgida de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, realizada en Kazajistán, en 1978, enuncia en uno de sus 10 principios acordados que «el pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud».
Al respecto, Urbina le dijo a El Pitazo que Venezuela es signataria de estos tratados internacionales y está obligada a respetar esos acuerdos, por lo que a su juicio, las personas inoculadas con el prototipo vacunal Abdala, fueron engañadas en una flagrante violación a sus Derechos Humanos.
«Cuando en Venezuela o en cualquier país le dices a la gente que serán vacunadas con un fármaco que aún es una candidata vacunal porque no está aprobada por la OMS y, aun así, el Gobierno comunicó que sí estaba autorizada, cosa que no es cierto, estás incurriendo en un delito al engañar a la población en su buena fe, y se le está incluyendo en un experimento o ensayo clínico sin saberlo, y por ende, las personas que deben firmar un consentimiento informado que indique estar de acuerdo con someterse a tal vacunación, no se cumple porque lo ignoran», expuso el académico.
En tal sentido, señaló que ante este panorama en el que que las autoridades gubernamentales han violado los principios bioéticos que están insertos en las declaraciones de Helsinki y Alma Ata, pueden enfrentar responsabilidades jurídicas.
«Cuando en lugar de preservar y garantizar el cuidado de la raza humana, lo que haces es poner en riesgo la vida y la salud de la ciudadanía, eso es penado por las cortes internacionales y pueden emitir una condena hacia el Estado venezolano si se presenta una querella; lo que sucede es que estas instancias hacen la advertencia y penalizan pero no tienen injerencia fronteras adentros y solo quedaría esperar a que las autoridades acaten y respeten estas sentencias, que surgen cuando se han vulnerado los derechos fundamentales», precisó.
De igual manera, el representante de la ANM, recordó que estos derechos de acceso a la salud son inalienables, así como los principios consagrados en las declaraciones anteriormente descritas, no necesitan Constitución porque son inherentes a la condición humana y al respeto de la dignidad de la vida.
Con información de El Pitazo