Casi la totalidad de los crímenes contra los Derechos Humanos que ocurren en Venezuela quedaron impunes, según el informe presentado por Cofavic en octubre de 2016. De 8.196 casos presentados ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales en el año 2013, el 98% no llegaron a juicio. La historia fue semejante en 2014, cuando de 8.049 casos, solo 105 recibieron un proceso judicial; mientras que las cifras no fueron publicadas en 2015, precisó la ONG, orientada a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Estos datos forman parte del Examen Periódico Universal (EPU), herramienta utilizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para realizar una evaluación de gestión de cada Estado miembro de la institución sobre el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos con los derechos humanos. Todos estos números serán presentados ante el Consejo de Derecho Humanos de las Naciones Unidas entre el 31 de octubre y 11 de noviembre en Ginebra, Suiza.
Mediante un informe, Cofavic totalizó todos los crímenes vinculados a derechos humanos ocurridos en el país, valiéndose de estadísticas oficiales presentadas por el Ministerio Público (MP) y estudios propios de la organización.
“En Venezuela, el incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad como un eje transversal”, precisa la institución. Es por esta razón que decidieron enfocar el informe en tres áreas en específico: impunidad institucionalizada, ejecuciones extrajudiciales y violencia contra la mujer.
De acuerdo con los datos suministrados por la ONG, las ejecuciones extrajudiciales, como las torturas y tratos inhumanos presentan un crecimiento significativo. De 689 casos registrados en 2013, el número aumentó a 1.396 al cierre de 2015; es decir, más de 100% en apenas dos años y, cabe resaltar, aún no se manejan cifras de este año 2016.
Dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), es señalado en el 30% de las oportunidades como la institución responsable de estos actos violatorios. Además, el 99% de los señalamientos de este tipo vincula a hombres, de quienes el 81% son menores de 25 años de edad.
“Se han documentado graves falencias en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos, las cuales, junto con el temor de las víctimas a sufrir represalias, impiden el esclarecimiento de los hechos y la identificación y sanción de los culpables en la mayoría de los casos, creando un clima de impunidad extendido”, explica el documento.
La violencia de género representa otra cifra alarmante que continúa en escalada. En su informe anual de gestión, el Ministerio Público señaló que un total de 70.783 causas de violencia de género ingresadas en el 2014, solo 482 llegaron a juicios. Esto equivale a que apenas el 0,7% de los casos se les realizó un proceso judicial.
Un año después, en el 2015, el MP informó sobre la ocurrencia de 121 femicidios, de los cuales el 48,8% vinculaban a víctimas entre los 15 y 30 años de edad. Hasta el 20 de julio de 2016 se totalizaban 75 femicidios, lo que representa 18 casos más que para esa fecha en 2015, según la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
“Desde el año 2009 se ha agudizado la opacidad institucional que impide un efectivo acceso a la información pública de órganos claves para estos temas, como lo son el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Cicpc, por ello no se disponen de cifras oficiales sobre la comisión de estos crímenes en los últimos años”, concluye el documento.
FUENTE: EFECTO COCUYO
FECHA: 21 DE OCTUBRE, 2016