Los venezolanos quedaron sumidos en la incertidumbre tras las confusas reformas económicas anunciadas por Nicolás Maduro, que según expertos implican una megadevaluación y no detendrán la devastadora espiral hiperinflacionaria.
Previo a la salida de nuevos billetes con cinco ceros menos, Maduro formalizó medidas con las que aspira a sacar la economía de cuatro años de recesión y frenar una inflación que el FMI proyecta en 1.000.000% para 2018.
«Los próximos días serán de mucha confusión tanto para los consumidores como para el sector privado (…). Es un escenario caótico», comentó el director de la consultora Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.
Maduro anunció que multiplicará por 34 el salario mínimo, anclándolo al petro, criptomoneda creada por el gobierno socialista para tratar de obtener liquidez.
Cada petro vale unos 60 dólares, según el mandatario, basado en el precio del barril de petróleo venezolano. El sueldo básico será de medio petro, equivalente a 1.800 bolívares del nuevo cono monetario.
En bolívares de hoy, el ingreso mínimo pasaría de 5,2 millones (menos de un dólar en el mercado negro, que domina la economía) a 180 millones (unos 28 dólares).
Maduro no precisó cuándo entra en vigencia el ajuste, pero el Despacho de la Presidencia señaló en Twitter que regiría desde el lunes.
El ingreso mínimo, que no alcanza ni para comprar un kilo de carne, se diluyó por la acelerada devaluación y la inflación.
«Todo va a seguir igualito. Los precios van a seguir subiendo», comentó a la AFP, escéptico, Bruno Choy, encargado de un puesto de comida callejera.
«¡Pura paja (mentira)!», protestó Ángel Arias, jubilado de 67 años.
Hubo compras nerviosas de comida hasta donde el bolsillo lo permitía, pero numerosos comercios permanecían cerrados este sábado en Caracas. Largas filas de vehículos se formaban frente a gasolineras.
¿Más inflación?
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, calificó este sábado de «patrañas» las críticas al plan de Maduro.
Ante las dudas sobre su viabilidad, Rodríguez aseguró en rueda de prensa que el Estado cuenta con los recursos para «financiar con creces» el programa.
Aunque prometió una estricta «disciplina fiscal», Maduro dijo que el Estado asumirá por 90 días el «diferencial» del aumento salarial para las «pequeñas y medianas industrias», sin detallar cómo.
«Tenemos que (…) eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico y sustentar la emisión de dinero en la producción de riqueza», aseveró, al reconocer por primera vez el financiamiento monetario, al que analistas atribuyen la inflación.
El director de la firma Econométrica, Henkel García, cuestiona de dónde saldrán los recursos, con un déficit cercano al 20% del PIB y sin acceso a financiamiento internacional. Habría un «aumento descomunal» de los precios y la base monetaria, pronostica.
Las emisiones de dinero sin respaldo se han disparado con el desplome a memos de la mitad de la producción petrolera, que aporta 96% de los ingresos.
El gobierno también aumentará el IVA para los bienes suntuarios de 12% a 16%, así como otros impuestos.
Macrodevaluación
Maduro ratificó que habrá una única tasa oficial fluctuante dentro del férreo control cambiario con el que el gobierno monopoliza las divisas desde 2003. No dijo en cuánto arrancará.
Sin embargo, al fijar cada petro en 3.600 de los bolívares que entran en vigencia el lunes y tasarlo a la vez en 60 dólares, el cambio resultante sería de 6 millones de bolívares actuales por dólar.
Para Oliveros, es un «reconocimiento del mercado negro», que Maduro califica de «criminal» y en el que las cotizaciones multiplican hasta por 30 las oficiales. A juicio del especialista, representa una «macrodevaluación».
Rodríguez dijo que 300 casas de cambio serán abiertas en hoteles, aeropuertos y centros comerciales para transar divisas, tras ser derogada una ley que penalizaba esas operaciones.
Debilitados por fracturas, los partidos opositores que llaman a huelga alegan que las medidas golpearán con fuerza a la población. Sindicatos y gremios no se han plegado formalmente.
Gasolina en veremos
Como parte de su programa económico, Maduro extendió hasta el 30 de agosto un censo vehicular para que las personas reciban directamente un subsidio a la gasolina a través del «carnet de la patria», tarjeta electrónica para acceder a programas sociales.
La oposición tilda ese documento como un «mecanismo de chantaje y control social».
Maduro ratificó que quien no acuda al censo pagará «precios internacionales». Hasta ahora, según el mandatario, se registraron 1.863.750 personas y 2.424.286 vehículos sobre un parque automotor de 4,5 millones de unidades.
Con información de AFP