Habitantes de diferentes comunidades indígenas en Bolívar relatan cómo viven el confinamiento y qué tipo de asistencia reciben del Estado, ante los casos confirmados y sospechosos de COVID-19.
El pasado 15 de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitieron una alerta epidemiológica por los contagios de COVID-19 en poblaciones indígenas. En Venezuela, los indígenas en Bolívar lideran el número de casos.
El boletín de la OPS/OMS precisa que “en Venezuela, desde la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en el país, fueron confirmados 152 casos en población indígena, incluida una defunción. 63% de los casos fueron notificados en el estado Bolívar (96 casos) y el resto de los casos fueron notificados en los estados Zulia (43 casos, 1 defunción) Amazonas (12 casos) y Delta Amacuro (1 caso)”.
En contraste, el pasado 23 de junio el ministro de Salud, Carlos Alvarado, se refirió a los contagios en comunidades de la etnia pemón, en Gran Sabana. Reportó la existencia de 126 casos de pemones con COVID-19 en cuatro comunidades indígenas de Gran Sabana: San Antonio del Morichal, Wara, Waramasen y Manak Kru.
Aun así, las comunidades indígenas en Bolívar, pese a ser una población vulnerable, no reciben la atención adecuada, ni en materia de servicios básicos ni en prevención del virus.
Pemones, los más afectados
Entre las comunidades de indígenas en Bolívar más nombradas, por los casos de positivos en la entidad, está San Antonio del Morichal, fronteriza con Brasil.
Por estar cerrada la aduana, vía principal y legal, se usan los caminos verdes, las llamadas trochas. Los indígenas ya están acostumbrados al uso de estas vías, hoy con más frecuencia para cruzar la frontera y obtener comida, medicinas y combustible.
Acá el combustible es solo para los funcionarios del Estado. Hay organismos que trabajan para el pueblo, y tienen que hacer largas colas por 10 o 20 litros de gasolina”, afirmó una líder indígena.
En San Antonio de Morichal solo han tenido un fallecido, presuntamente por COVID-19. Era un señor de 80 años de edad que murió en junio por insuficiencia respiratoria. Sin embargo, nunca se le hizo la prueba para detectar el virus.
Fue en abril cuando en un sector, a unos 45 minutos en vehículo, se realizaron las pruebas por la alerta sobre una persona enferma, de los indígenas mucuchíes, en territorio brasilero. Los miembros de la comunidad venezolana resultaron negativos.
Indígenas en Bolívar asumen pandemia de COVID-19 con poca o nula ayuda estatal
La mayoría de las comunidades indígenas optan por la medicina natural tradicional. Foto Kapé Kapé
Luego de la muerte del señor de 80 años, la capitana solicitó exámenes por otras 10 personas con malestares. De 53 personas a las que se les practicó la prueba rápida, 42 dieron positivo.
Fue entonces cuando el Estado decidió cerrar la entrada de la comunidad de San Antonio de Morichal.
Decidimos quedarnos encerrados, porque la otra opción era que se llevaran a los enfermos. Los familiares ya los estaban tratando con medicinas naturales, la guarapa y la medicina tradicional, que son las oraciones en la lengua pemón, hablándole a los seres místicos para que los proteja. Esa oración se hace con el agua o té que se beben”, explicó la habitante de San Antonio de Morichal.
Dos semanas después, el gobierno hizo otras pruebas voluntarias. Fueron entre 160 y 170 de 1050 personas que viven en la comunidad. Esta vez fueron 90 los positivos. Muchos de ellos presentaban cuadros virales.
Se ratificó el encierro en San Antonio de Morichal. Sin embargo, esta vez la comunidad se dividió.
“Algunos alegaron que era excusa del gobierno para no permitir la entrada a San Antonio, que si para apoderarse de las tierras indígenas, y decidieron ignorar los resultados. El gobierno dejó a los positivos su pastilla de cloroquina. La Capitanía pidió apoyo a la Gobernación, ya que dijo que al mantenerlos encerrados en la comunidad, no podían ir al centro para hacer diligencias de salud, comprar alimentos”, señaló.
Desde febrero no llegaban las cajas Clap, tampoco bombonas de gas. La viceministra de Salud dijo que se encargaría de eso. Después de dos o tres semanas llegaron solo las bombonas pequeñas, por lo que solo los que tenían cilindros de este tamaño pudieron beneficiarse. Las cajas Clap también llegaron: peor. Muchos manifestaron que no podían comer sin carne ni pollo, y al estar encerrados no podían comprarlos.
Con la representante indígena gestionaron para vender pollo y pernil, y se vendieron 320 combos de dos pollos y un pernil, en 15 reais. En el municipio Gran Sabana, la moneda que más se maneja es el real brasilero. También llevaron combos de productos higiénicos, se entregó gratis una bolsa por familia.
La misma comunidad gestiona el servicio de agua porque tenemos una toma desde hace tiempo, nos hemos mantenido de esa forma. Contamos con electricidad. No ha habido más muertos ni enfermos. Solo fue uno en esta comunidad”, agregó.
A falta de trabajo, la comunidad optó por el trabajo ilegal, el tráfico de combustible.
Aunque en otras comunidades indígenas en Bolívar no se registran aún casos positivos, está la preocupación latente por las precariedades de servicios básicos y la falta de una campaña de prevención y contención.
“Las 52 comunidades indígenas en la cuenca del Caura están preocupadas porque no están preparados para enfrentar esa pandemia. Primero, porque no tienen médicos especialistas, y los enfermeros no están en la capacidad de atender algún caso. Los ambulatorios no tienen los insumos necesarios, no tienen medicamentos, no hay dotación, tampoco se ha hecho campaña en las comunidades indígenas. Solo se sabe en la ciudad que hay que cumplir algunas medidas para prevenir el contagio, pero en las comunidades indígenas no se lleva esa campaña”, dijo a Crónica Uno un representante indígena Yekuana y Sanema, del municipio Sucre.
Los mismos capitanes han planteado al Estado para que las comunidades indígenas sean visualizadas, para que también puedan tomar las medidas necesarias.
Hasta ahora no hay ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno nacional a las comunidades indígenas del municipio Sucre. Quizás 20 % se da esa campaña dentro del municipio, pero a las comunidades en zonas fluviales no, y ellos son los más afectados en caso de que se produzca el contagio”, alerto.
Por otra parte, el coordinador de salud en el Alto Caura les informó que hay “hermanos yekuanas en Brasil, y padecen del virus”. Para los yekuanas en Venezuela, sobre todos los que están en zona fronteriza, les preocupa la intención de migración de quienes están en territorio brasileño.
“Tampoco hay transporte, no hay combustible. Los ambulatorios no están adecuados para prestar el buen servicio de salud a las comunidades indígenas. Queremos que seamos atendidos y que nuestros derechos sean tomados en cuenta”, exigió el líder indígena.
Bandera política
Entre las comunidades indígenas en Bolívar, hay dos de Sifontes, entre ellas San Miguel de Betania, se registraron casos positivos en las pruebas rápidas. Para ellos, la ayuda es poca. Incluso de ONG como la Asociación Civil Kapé Kape, es limitada por el confinamiento y la persecución.
“Estamos prácticamente abandonados. En los centros de salud no hay médicos, y si hay médico es uno solo. Se está tratando de activar con algunos equipos para atender los casos. El gobierno lo está viendo como bandera política, para tener dominada a la gente. Acá estamos usando tratamientos caseros. No tenemos apoyo institucional, que siempre ha sido deficiente, y ahora con la cuarentena más”, sostuvo un habitante de San Miguel de Betania, en el municipio Sifontes.
En su reciente alerta, la OPS y la OMS infieren que “la pandemia está agravando la situación que muchos pueblos indígenas en la región de las Américas ya estaban enfrentando. En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomienda a los Estados miembros abordar los riesgos y vulnerabilidades específicas que enfrentan las poblaciones indígenas en el contexto de la pandemia por COVID-19; asegurar la activa participación de estas comunidades en la elaboración e implementación de las acciones de respuesta, las cuales deben incluir medidas específicas y adaptadas culturalmente”.
Con información de Crónica Uno