Sin flexibilidad en las cargas tributarias ni acceso a créditos. Las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro no incluyeron las principales exigencias de los gremios empresariales y comerciales, sino que, a juicio de economistas, dejan al sector privado en una situación complicada en liquidez.
Desde la semana pasada la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) presentó algunas propuestas a Miraflores orientadas a atender la producción del país en medio de la crisis del coronavirus. De ellas, la prestación de servicios públicos y suministro de combustible; la flexibilización tributaria; y la necesidad de reducir el encaje legal para permitir a los bancos el otorgamiento de créditos.
Sin embargo, ninguna de estas recomendaciones fueron tomadas en cuenta por el líder chavista. Prohibió despedir trabajadores hasta finales del año; suspendió el pago de alquileres de locales comerciales, viviendas e intereses bancarios por los siguientes seis meses; y las compañías de telecomunicaciones no podrán suspender sus servicios durante la cuarentena.
Mientras tanto, ocurre una reducción de la actividad comercial, que ha estado mermada por la caída en las ventas y la falta de personal tras la aparición del COVID-19 en Venezuela. Esto deja al sector privado con un flujo de caja comprometido para los siguientes meses.
Si bien el Gobierno se ofreció a activar un plan especial de pagos de las nóminas para las pequeñas y medianas industrias hasta agosto, además de bonos a empleados públicos y pensionados, no cuenta con recursos suficientes para costearlo y tendría que recurrir a la emisión de bolívares desde el Banco Central de Venezuela (BCV).
“El Ejecutivo se vio forzado a retomar la política de subsidios directos con mayor agresividad. Esta mayor inyección de dinero pudiera provocar un repunte considerable en la inflación”, dijo Luis Arturo Bárcenas, economista Senior de Ecoanalítica.
Desde comienzos de 2019, el Gobierno de Maduro ha disminuido el gasto público y restringido el otorgamiento de créditos comerciales a través de un alto porcentaje de encaje legal, que obliga a los bancos a congelar ocho de cada diez bolívares en el BCV. Ello, alegan las autoridades, como forma de contención de la inflación y la devaluación de la moneda nacional.
Aunque el ritmo de crecimiento de los precios ha desacelerado, según la Asamblea Nacional, ha limitado la liquidez de bolívares en el mercado nacional y fomentado el uso de divisas en el país.
En el último año, destaca Bárcenas, el Gobierno ha impuesto cambios en su política fiscal. En ese período, por ejemplo, redujo la frecuencia del pago de bonos, aumentos del salario mínimo, e intentó implementar transacciones en “petros”. Pero ahora, con la situación sobrevenida de la pandemia del coronavirus, las autoridades parecen revertir lo hecho en 2019.
¿Cómo queda el sector privado?
Sin pagos de alquileres terminan afectados los arrendadores. Con la suspensión de las tarifas de telecomunicaciones, el sector solo tendrá pérdidas. Y la carga fiscal recaerá sobre empresas con actividades disminuidas.
Para Henkel García, analista financiero y director de la firma Econométrica, las medidas presentadas por Maduro fomentará que los distintos sectores económicos “se dejen de pagar” unos a otros. Y advierte: “Toda la carga de las pérdidas lo estaría asumiendo el sector privado”.
A diferencia de las acciones tomadas por los gobiernos de otros países, como en Estados Unidos o Europa, las responsabilidades tributarias en Venezuela no han sido pospuestas ni tampoco se están compartiendo los costes operativos del impacto de la cuarentena en la producción nacional.
“Si estas pérdidas son asumidas por estos sectores (empresariales y comerciales), muchos no van a poder aguantar. Es un peso demasiado grande como para que este tipo de empresas (pequeñas y medianas) puedan resistirlo por sí solas”, alerta García.
El país ha perdido dos terceras partes de su producción desde 2014, cuando la economía entró en recesión. Y para este año se espera otra caída del 10% en el PIB, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Asimismo, García no cree que el pago de las nóminas del sector privado se vaya a cumplir correctamente, pues “no hay un mecanismo de cómo trasladar esos pagos a todo el sector productivo”.
Esto, sumado a la caída de las ventas y el decreto de inamovilidad laboral, deja a las empresas y comercios con serios problemas financieros para mantener sus operaciones.
“Con la suspensión de pagos de servicios, mayores y más frecuentes fallas del servicio eléctrico y de internet estarán a la orden del día”, previene Bárcenas.
Bancos contra las cuerdas
Los créditos dejaron de ser rentables para la banca nacional. Y es así desde el inicio de la crisis económica, cuando la inflación superó los intereses que obtenían por sus préstamos. Y ahora, revelan las cifras de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el patrimonio total de todos los bancos nacionales es inferior que el de cualquier institución financieras en otro país de la región.
Con la suspensión de los intereses, Bárcenas precisa que el efecto más importante será el incremento de la cartera morosa. “Con mayores pagos pendientes, son menos los recursos que los bancos dispondrán para reinvertir activos y tratar de generar ganancias”.
Tras perder la capacidad de obtener beneficios de la intermediación financiera, la banca venezolana ha migrado a otras estrategias en un intento por adecuarse a la situación. Es por ello que incorporaron nuevos servicios, como el de cuentas custodias en divisas y asesorías a sus principales clientes, como lo son las grandes empresas o agentes que muevan una importante cantidad de moneda extranjera.
“Tanto los mayores gastos, como el incremento de los créditos morosos, terminarán por atentar contra el patrimonio de los bancos y, por ende, contra su capacidad real de repagar deudas”, afirmó Bárcenas.
Con información de Efecto Cocuyo