El paso de Michelle Bachelet por el país es la continuación de una investigación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que data de 2016, recordó la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza. Aunque las repercusiones de su informe aún son inciertas, la abogada precisó que el documento será un insumo importante para la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación preliminar que desarrolla sobre Venezuela.
La abogada señaló que entre las ventajas del reporte de Bachelet están: que tiene información elaborada por un equipo especializado con alta credibilidad y que incluye datos actualizados sobre la situación en el país. Agregó que incluirá pruebas de que las violaciones de derechos humanos se enmarcan dentro de “una política de Estado”
Bachelet deberá exponer sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 10 de julio y, a juicio de Louza, esta presentación podría derivar en que el organismo, creado en 2006, decida crear una Comisión de Investigación para Venezuela. De acuerdo al sitio web del Consejo estos mecanismos “se utilizan cada vez más para responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los DDHH”.
Louza mencionó que el informe de la Alta Comisionada abre una posibilidad para que el Secretario General de la ONU, António Guterres, sea más contundente o “finalmente reconozca que hay una emergencia en Venezuela”, y esto derive en que se activen los mecanismos de cooperación y ayuda para responder a esta situación.
La defensora de derechos humanos insistió en que atender “la emergencia humanitaria compleja no es lo que cree (Nicolás) Maduro, darle a la gente lo que necesita y ya”, sino que por el contrario requiere que el país logre por sí mismo atender a sus ciudadanos en sus necesidades básicas y, “eso lleva años”.
Mandato técnico
Louza destacó que, desde su organización, creen que Bachelet ha cumplido con su “mandato técnico”. Recordó que los especialistas en el área, incluyendo la comisión que envió la Alta Comisionada en el mes de marzo a Venezuela, siguen una metodología y aseguró que las ONG venezolanas le están haciendo seguimiento a estos procesos.
Con informe de Efecto Cocuyo