- Iris Varela es investigada por corrupción en la Comisión de Contraloría de la nueva Asamblea Nacional. Habría desviado fondos públicos por 6,5 millones de dólares
- Sólo ha entregado 2 de los 24 centros penitenciarios que anunció en 2012. Al cierre de 2015, inauguró 6 módulos y anexos de los cuales solo uno es comunidad penitenciaria con capacidad para 1900 reos
- Entregó contratos a “dedo” bajo la emergencia carcelaria decretada desde 2002 por Hugo Chávez
La ministra María Iris Varela Rangel está bajo sospecha. Su gestión frente al Ministerio de Asuntos Penitenciarios (Minserp) es uno de los 37 casos que investiga la Comisión de Contraloría de la nueva Asamblea Nacional por corrupción, anunciados en mayo de 2016. Bajo el expediente #1658, se asienta la denuncia de que la titular habría cometido el delito de desviación de fondos públicos por 6 millones 465 mil dólares, equivalente a 64.655.949 bolívares.
Pero no es la primera vez que Varela, ratificada como ministra de Asuntos Penitenciarios en enero de 2016 por el presidente Nicolás Maduro, es relacionada con irregularidades administrativas. De las 28 empresas que aparecen en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como proveedoras de materiales y alimentos o servicios de construcción para el Fondo de Edificaciones Penitenciarias (Fonep), adscrito al Minserp, resalta una compañía: M.M Ingeniería Construcción Servicio. Fue constituida en 2008 y domiciliada en la urbanización Propatria de San Cristóbal, estado Táchira, tierra natal de la titular.
En el marco de la emergencia carcelaria vigente desde 2012, el Minserp otorgó 7 proyectos a M.M Ingeniería Construcción Servicio para trabajos en el Centro Penitenciario David Viloria (Uribana, Lara); Internado Judicial El Rodeo (Miranda) y el Internado Judicial de Barinas, entre otros. Para el momento en que se otorgan los contratos (entre 7 de agosto y 5 de diciembre de 2013), uno de los dos propietarios de la compañía, José Gregorio Maldonado Noguera, era al mismo tiempo director general de la Oficina de Recursos Humanos del Minserp, es decir, funcionario de alto cargo y de confianza de la ministra. Además, era compañero sentimental de Varela y padre de la hija menor, según asegura el ex diputado Abelardo Díaz (Copei-Táchira), quien presentó la denuncia ante la Comisión de Contraloría de la anterior AN el 13 de agosto de 2013.
El ex parlamentario sustentó su denuncia por escrito, advirtiendo que la ministra Varela podría estar incurriendo en el delito de “concierto de funcionario público con contratista y tráfico de influencias”, tipificados en la Ley contra la Corrupción.
Llama la atención que la ficha del RNC de M.M Ingeniería Construcción Servicio no incluye los clientes a los que ha prestado servicios, como el Fonep. Además, en su objetivo social indica que tiene cero experiencia en construcción y mantenimiento.
Un informe de Fonep confirma que hasta abril de 2014 seguía prestando servicios al organismo encargado de la construcción de cárceles del Minserp.
Aparte, el ex diputado Díaz solicitó en 2014 la investigación de otras tres empresas por incumplir procedimientos administrativos: Constructora Greso, Constructora Lupar y Constructora Vialpa, que forman de “un reducido grupo de empresas contratistas que han sido beneficiadas con las jugosas contrataciones” del Fonep.
La solicitud de esa investigación quedó engavetada en la AN, hasta mayo de 2016 cuando la Comisión de Contraloría de la nueva AN incluye a la gestión de Varela entre las investigaciones de irregularidades en la administración pública.
Otra empresa relacionada con el Minserp y que ha estado envuelta en el escándalo es Construcción y Mantenimiento Coinspectra, que salió a la luz por ser la propietaria desde 2004 del avión modelo Citation YV-2030 siglas YV, en el que supuestamente habrían viajado los sobrinos de la primera dama Cilia Flores hasta Haití en noviembre de 2015, para comercializar cocaína. La compañía, dedicada a la construcción, está a nombre de Laura Josefina Pacheco Pérez, esposa de Marcos Uzcátegui, amigo de Varela. Runrun.es se acercó hasta la sede de la firma ubicada en Chacao, Caracas en noviembre de 2015, para confirmar si en efecto la aeronave propiedad de Uzcátegui fue utilizado por los familiares de Flores, sin obtener respuesta.
Varela se ha desligado de cualquier irregularidad administrativa. Tres meses después de la denuncia de Díaz, le declaró al Diario Los Andes (18 de noviembre de 2014), “el que tenga denuncias de corrupción comprobadas debe ventilarlo ante los organismos… El presidente le ha declarado la guerra a la corrupción. Luchar contra la corrupción es una bandera de la revolución y por eso nosotros estamos aquí. A mi me pueden llamar guerrillera, pero corrupta no, porque nosotros tenemos una ética de vida y un ejemplo en Chávez”.
Runrun.es intentó obtener la versión de la ministra Varela sobre estos señalamientos. Pero hasta la fecha no ha respondido a la solicitud de entrevista extendida el 31 de enero de 2016.
Cárceles sin construir
La ministra Varela tiene una deuda pendiente desde hace 4 años. El 15 de junio de 2012 anunció la construcción de 24 cárceles exclusivamente para reos procesados, es decir los apresados que aún no han recibido condena. En una etapa inicial, según la funcionaria, se levantarían los primeros 8 centros en Caracas, Miranda, Carabobo, Monagas, Aragua, Anzoátegui y Zulia, con capacidad para albergar entre 250 y 500 presos respectivamente. Contarían con celdas por cada tres presos, pabellón de mujeres, canchas deportivas, áreas verdes y salón de usos múltiples. Serían inaugurados en dos años, es decir, en 2014.
Incluso, contaban con un considerable presupuesto. Justo un mes antes del anuncio de Varela, el presidente Hugo Chávez aprobó 1.497 millones de bolívares para la construcción de los primeros 8 recintos (unos 348 millones 140 mil dólares según el cambio oficial en 2012). “Queremos centros de formación y no de deformación. Eso debería ser la cárcel, como parte de la deuda del proyecto socialista que está en marcha”, dijo el exmandatario durante un contacto telefónico en VTV el 18 de mayo de 2012.
Tampoco valió que Varela, con un año y 3 meses en el cargo, fuese investida en octubre de 2012 con un decreto de emergencia en materia de infraestructura penitenciaria –con tres meses prorrogables–, para dar celeridad a esas construcciones. La urgencia estuvo precedida por dos de las peores tragedias carcelarias de los años recientes: Masacre de El Rodeo (junio de 2011), que dejó un saldo de 19 muertos y Cárcel de Yare I (agosto 2012), en la que murieron 20 reos.
El incumpliento del cronograma de entrega de cárceles desdice el carácter de emergencia del decreto. Entre 2012 y 2016, sólo han sido inaugurados 2 de los 24 edificios prometidos bajo el mandato de “dignificar al recluso y el respeto a la vida”. Para que no haya duda de los objetivos de las construcciones, el 27 de septiembre de 2012, la ministra ratificó que acabarían con “el problema de hacinamiento y la falta de clasificación”.
No se trata de que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios (Minserp) no haya entregado ninguna obra desde que fuera creado en 2011, pero existen incongruencias. Al cierre de 2015, Varela anunció que fueron inaugurados 8 centros aunque que la memoria y cuenta de ese año indica que fueron entregados 6 recintos. Con ello, cubriría en parte su promesa pendiente.
Sin embargo, salvo el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales “26 de julio”, ubicado en Guárico (que alberga 1.970 reos), lo que la ministra presentó como cárceles son en realidad módulos y anexos nuevos o rehabilitados con capacidad para menos de 150 presos cada uno en promedio. Para que una cárcel nacional, internado judicial o centro penitenciario sea considerado como tal, debe contar con una capacidad de 500 plazas en adelante, según estándares internacionales, subraya el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Antes de 2015, la primera cárcel abierta durante la gestión de Varela fue la Comunidad Penitenciaria Fénix en Lara, inaugurada en 2013, cuya construcción fue iniciada por Tareck El Aissami cuando era Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
La administración de Varela sólo ha construido 11% de las cárceles prometidas. Esta medida se calcula no por el número de centros penitenciarios construidos hasta el cierre de 2015 (8 de 24 prometidos) sino por el número de plazas creadas dentro de ellos para atender la totalidad de la población carcelaria, que en 2015 alcanzó 50.791 reclusos (2.629 mujeres y 48.162 hombres) según la memoria y cuenta 2015 del Minserp.
Dinero tras las rejas
El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (Fonep) es el organismo encargado de la construcción y rehabilitación de los centros de reclusión del Minserp. Fue creado en 1995, durante el gobierno de Rafael Caldera y funcionó como organismo adscrito al MIJP hasta 2011, cuando pasó a formar parte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Su sede se encuentra en un edificio de oficinas de Macaracuay, a 6 kilómetros de la sede principal del ministerio, ubicado en El Rosal.
Está presidido por Adrilú Alvarez Marcano, ingeniera de origen tachirense como la ministra Varela quien la designó en el cargo el 3 de julio de 2012. No se le conoce experiencia anterior en el área de infraestructura penitenciaria. Runrun.es solicitó una entrevista por escrito el 31 de enero de 2016, pero hasta la fecha del cierre de este reportaje no se ha obtenido respuesta.
En contraste con la inversión inicial presentada por Chávez en 2012 de casi 1.500 millones de bolívares para la construcción de 8 cárceles, el presupuesto del Fonep se ha reducido siete veces menos en los últimos tres años: de Bs. 2.471.611.446 a Bs. 349.252.950, es decir, se desplomó 86%. De este último monto, Bs. 286.000.000 (81%) fueron destinados al proyecto “Construcción, ampliación, recuperación y dotación de los establecimientos penitenciarios”, según indica la Memoria y Cuenta 2015.
Para 2016, no se conocen planes de construir nuevas cárceles. Al menos no están incluidos entre los proyectos de Asuntos Penitenciarios correspondientes a este año, según la Memoria y Cuenta 2015. Coincide con la reducción de partida: el Minserp es uno de los organismos públicos al que asignaron menor presupuesto para 2016: Bs. 6.751.667.310 del total (Bs. 1.548.574.181.316), es decir 0,43% del total de la distribución presupuestaria del Estado venezolano.
El Fonep también padece los embates de la escasez de materiales de construcción. Entre los obstáculos para no cumplir los objetivos, mencionan la falta de acero, cemento, bloques de concreto para darle continuidad a las obras, resalta la Memoria y Cuenta 2014 del Minserp. El ritmo del levantamiento de centros penitenciarios también está marcado por la caída del sector construcción en 20,2% durante 2015 (BCV).
Violencia y hacinamiento
Hacinamiento es una palabra que la ministra Varela prefiere no pronunciar. El 5 de febrero de 2014, admitió que si bien antes había sobrepoblación carcelaria, aseguró que en el presente se había solucionado con el trabajo del Minserp. Incluso, el 28 de enero de 2016, la viceministra Marielys Valdez descartó las denuncias sobre penales y calabozos asegurando que “no existía hacinamiento”. Puso como ejemplo que si un penal tiene una capacidad estimada para atender a 2 mil internos y alberga 7 mil, no significa que haya “presos durmiendo encima de otros o que no tengan espacio para movilizarse”.
El director del OVP, Humberto Prado desmonta la definición que tiene la viceministra sobre hacinamiento diciendo que no se trata de que los presos estén “unos encima de otros”. Según estándares internacionales, afirma el activista, la construcción de una cárcel debe prever celdas individuales con una medida mínima de 4 por 4 metros cuadrados y contarían con cama, poceta, lavamanos, una mesa pequeña y ventana. Los centros en zonas calientes estarían dotados con ventilación adecuada y espacios destinados a talleres, enfermería, actividades educativas, culturales y deportivas. Si se construyen ‘ranchitos’ en esas áreas, se rompe con la infraestructura carcelaria”, insiste Prado.
Aunque las autoridades niegan el hacinamiento, las cifras oficiales confirman que el promedio de la sobrepoblación carcelaria llega a 126% coincidiendo con los cálculos del OVP, que la ubica en 125%. En el informe 2016, la ONG evalúa que “las carceles en Venezuela se caracterizan, entre otras cosas, por albergar a más personas de las que su capacidad instalada lo permite. Es por ello que el hacinamiento continúa siendo un grave problema dentro del sistema penitenciario venezolano”.
Además, en la propia Memoria y Cuenta 2015 del Minserp se destaca entre los planes de ese año el aumento de la capacidad instalada de los centros penitenciarios en 40% “para combatir el hacinamiento”. No lo dirán sus voceras, pero por escrito destaca como uno de sus principales objetivos.
La práctica de Varela de desalojar los establecimientos donde el hacinamiento era crítico y el posterior traslado de los reclusos a otros recintos no ha mejorado el problema de hacinamiento. Peor aún, ha incrementado la sobrepoblación en los centros donde son reubicados, explica el director de la OVP, Humberto Prado.
La violencia carcelaria es solo una de las consecuencias del hacinamiento, entendido como la cantidad de presos que excede la capacidad oficial de la cárcel. Es un mal que no sólo padecen las cárceles nacionales, sino en diferentes países, confirma el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (ICPE). El hacinamiento también impacta sobre la calidad de la nutrición, salubridad, actividades de los reclusos, servicios de salud, bienestar físico y mental, riesgos de transmisión de enfermedades contagiosas, según identifica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unocdc) en el Manual sobre Estrategias para reducir el hacinamiento en las prisiones (2014).
En los últimos cuatro años, la violencia en las cárceles venezolanas ha disminuido pero no desaparecido del todo. Entre 2012 y 2015, fueron asesinados 1.597 reos dentro de los centros de reclusión (24% de un total de 6.663 fallecidos en los últimos 17 años) mientras que en ese mismo periodo se registran 1.983 heridos (12% de un total de 16.442 heridos desde 1999), según el OVP.
Hay otras expresiones del hacinamiento. Sólo en 2015, el OVP registró que 1.220 reos se cosieron la boca y se produjeron 67 fugas.
La marca de nacimiento del Minserp es la violencia. Fue creado en el contexto de la masacre del Rodeo I (junio 2011), que dejó 22 reos muertos. Siete meses después del decreto de emergencia para la construcción de cárceles, ocurrió la masacre del Centro Penitenciario de Centroccidente, mejor conocido como la cárcel de Uribana, que terminó con un saldo de 65 muertos y más de 100 heridos. Considerada como una de las más sangrientas la historia carcelaria venezolana, con repercusión internacional, propició que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara una medida de protección.
Viejas promesas
En 2012, año del decreto de la emergencia carcelaria, hubo motines, reyertas y secuestros pero también piedras fundacionales. El 5 diciembre de 2012, Varela colocó la primera placa en el municipio San Francisco de Maracaibo, para el Centro de Reclusión para Procesados del Zulia, uno de los 24 centros de reclusión prometidos por el Minserp. Con una inversión inicial de 2.050 millones de bolívares, daría albergue a 1.800 internos. Pero aún en mayo de 2016, no ha sido entregado.
Pero Varela no es la única ministra que ha prometido cárceles sin abrir . En marzo de 2006, cuando Jesse Chacón era ministro de Relaciones Interiores y el sector penitenciario era administrado por esa cartera, presentó un “plan estratégico para su humanización”, que incluía la apertura de 15 cárceles en 2012 con una inversión de mil millones de bolívares. En ese momento, el actual embajador de Venezuela en Austria anunció que ya se estaba ejecutando una de ellas en Falcón que, junto con otras tres, estarían listas en diciembre de 2007.
Su sucesor en el ministerio, Tareck El Aissami (actual gobernador de Aragua) presentó un plan de Humanización Penitenciaria a ser desarrollado entre 2006 y 2011. Contemplaba la construcción de 25 nuevos recintos carcelarios, de los cuales sólo se terminaron dos: Yare III y la Comunidad Penitenciaria de Coro, mejor conocida como Fénix, que terminó por inaugurar Varela.
La ampliación de la infraestructura carcelaria debe ser una prioridad para el gobierno, enfatiza Prado. “No se trata de dar privilegios a los presos sino un trato acorde a su condición humana, en un establecimiento donde existan deberes y derechos mientras paga su condena. Si el fin de la pena es la reinserción de ese ser humano, no puedes meterlo en una ratonera”.
Fuente: RUN RUNES
Fecha: 24/06/16