El jefe de fracción de la Unidad en la Asamblea Nacional y coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, reiteró que Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia se opusieron a la ley que otorga la propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda, para “seguir chantajeando políticamente” y porque el instrumento legal iba a dejar al descubierto la cifra real de casas que ha construido el Gobierno es estos años de revolución.
“Resulta insólito que este Gobierno se niegue a ver a la realidad. Se han convertido en un obstáculo para las soluciones que espera la población. Cada vez es más evidente que lo único que les interesa es mantenerse en el poder, por eso todos juntos vamos a revocar la mentira y la burla permanente frente a la necesidad de nuestro pueblo; vamos a revocar el chantaje, la ineficiencia y la corrupción”.
El diputado Borges sostuvo que es incorrecto utilizar la necesidad de la gente para obtener réditos electorales; y aseguró que por más empeño que ponga el partido de Gobierno en cerrar las alternativas de progreso para el país, seguirán enfocados en una agenda social y de propuestas. “Toda la población sabe que lo que busca Nicolás Maduro es seguir con el chantaje, pero les va a pasar lo mismo que en las elecciones del pasado 6 de diciembre. Ya el pueblo les dio la espalda, porque es muy evidente que no les interesa resolver ninguno de los problemas del país, sino mantenerse enchufados y disfrutando de los privilegios del poder”.
El jefe de fracción de la Unidad explicó que para este año el presidente Maduro prometió 508 mil viviendas, pero para cumplir esa meta ya deberían haberse construido y entregado unas 170.000 casas en todo el país; sin embargo de acuerdo a las propias cifras oficiales en lo que va de año no se han entregado ni 16 mil. “Ni siquiera va una decima parte de la meta prevista hasta estos momentos, por eso insistimos en que la supuesta cifra del millón de viviendas es la mentira más grande de este Gobierno”.
En este sentido Borges recalcó que la otra razón para invalidar la Ley de Vivienda es que su aplicación descubrirá “toda la ineficiencia y corrupción” que ha colmado este programa gubernamental. “Sobreprecios pagados a empresas internacionales, una red de mafias asociadas a la asignación de viviendas y denuncias de fallas en la construcción; a eso es que le temen. Trabajaremos para que pronto haya un Gobierno que sí asuma el tema de la vivienda como corresponde y garantice a todos los venezolanos la propiedad plena de su hogar”.