Los 140 ataques contra defensores de DDHH registrados en julio pasado se caracterizaron por estigmatización (112), intimidación y hostigamiento (14), detención arbitraria (5), judicalización (4), otros (3) y allanamientos (2)
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 140 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2021, con lo que aseguran que se profundizan los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos humanos.
Esta ONG que defiende los DDHH explica que «las agresiones, campañas de estigmatización y obstaculizaciones se intensifican y se mantienen impunes, situando en una situación de desprotección a quienes defiende y exigen derechos humanos».
De acuerdo con el Centro para los Defensores y la Justicia, los 140 ataques registrados en julio pasado se caracterizaron por: estigmatización (112), intimidación y hostigamiento (14), detención arbitraria (5), judicalización (4), otros (3) y allanamientos (2).
En este mes se intensificaron las campañas de estigmatización y los señalamientos por parte de altos funcionarios del Estado acusando a las organizaciones de «desestabilizadoras, injerencistas y terroristas», entre otros.
Violación a DDHH
Del total de las agresiones, 72 fueron individualizados contra defensores de derechos humanos, equivalente a 51% del total; mientras que 68 estuvieron dirigidos contra las organizaciones de derechos humanos y organizaciones que realizan acciones humanitarias, representando 49%.
Las organizaciones fueron criminalizadas y por «tener acciones en el marco de la cooperación internacional». Destacan los señalamientos en contra de FundaRedes y su director Javier Tarazona y otros dos integrantes de la ONG, Provea y su coordinador Rafael Uzcátegui; Transparencia Venezuela, el Observatorio Venezolano para la Seguridad y Defensa Nacional- Control Ciudadano y su presidenta Rocío San Miguel, Foro Penal y sus directores Gonzalo Himiob y Alfredo Romero.
También está el caso de Jairo Pérez, líder comunitario e integrante de Cáritas Venezuela.
El informe del Centro para los Defensores y la Justicia señala como los principales responsables de estos hechos a medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en redes sociales con 62 ataques (44%); 34 de los ataques (24%) fueron efectuados por funcionarios públicos, incluyendo de alto nivel y miembros del Ejecutivo, quienes por medio de sus redes sociales o declaraciones estigmatizaron, amenazaron e intimidaron.
17 de los casos (12%) de las agresiones fueron cometidas por organismos de seguridad del Estado, principalmente, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB); 15 fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas (11%, quienes actúan como brazos ejecutores de la represión del Estado como el Ministerio Público y los Tribunales; finalmente, 12 (9%) de las agresiones fueron cometidas por personas o agrupaciones afectas a los intereses políticos del Estado.
Según el CDJ, las organizaciones de derechos humanos y humanitarias fueron acusadas de «robar» dinero proveniente de la cooperación internacional con fines «contrarrevolucionarios», de «servir de fachada» para actividades de gobiernos y servicios de inteligencia extranjeros, de «manejar millones para intervenir Gobiernos» y de «generar violencia».
Destacan como principales plataformas utilizadas Con el Mazo Dando, La Hojilla, Zurda Konducta, Misión Verdad, Lechuguinos y Correo del Orinoco, todos ellos conducidos o dirigidos por miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o afines.
El CDJ acusa al Estado venezolano de «recrudecer» la política de criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
Durante los primeros seis meses del año se registraron 374 ataques e incidentes contra personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela, lo que representó un incremento de 243 % en comparación con el mismo período del año 2020, señala la ONG Centro para los Defensores y la Justicia.
Con información de Tal Cual