“Redactar una nueva Constitución”. Esa es la función que el artículo 347 de la Carta Magna de 1999 le da a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la actual, que acaba de celebrar el segundo aniversario de su polémica elección e instalación, no ha dado aún señales de cuáles serán los cambios que realizará al texto fundamental, pero en cambio sí ha utilizado estos meses para arrogarse las funciones de la Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición y ha tomado medidas para perseguir a la disidencia.
Al menos esto es lo que dejan en claro las cifras que maneja la organización Transparencia Venezuela, la cual indicó que de los 158 actos que hasta ahora ha tomado la instancia, que no es reconocida por el grueso de los gobiernos latinoamericanos ni por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE), la mitad (79) fueron decisiones que la Constitución le atribuye al Legislativo, organismo al que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ha impedido ejecerlas bajo el alegato de que está en desacato, por no cumplir sus decisiones relacionadas con la impugnación de los diputados del estado Amazonas.
Las cifras recopiladas por la organización no gubernamental revelan que, hasta el momento, la Constituyente ha aprobado 17 normativas, así como ha dado el visto bueno para que el Ministerio Público procese a 17 diputados opositores y ha removido y designado a cuatro altos funcionarios del Estado.
La mayoría de los instrumentos legales dictados por la cuestionada Constituyente no tienen que ver con la “reorganización del Estado”, sino que afectan el ámbito económico, como son las de los presupuestos de 2018 y 2019, la que modificó la Unidad Tributaria, la que reformó el Impuesto al Valor Agregado o la que creó el tributo a los Grandes Patrimonios. Asimismo, la instancia ha aprobado otros como la normativa que busca castigar el odio, que para organizaciones de Derechos Humanos y expertos solo buscan restringir aún más derechos como la libertad de expresión y de protesta.
La Constituyente también ha asumido la tarea de la AN a la hora de designar a altas autoridades del Estado. Así, una de sus primeras decisiones fue remover de su cargo a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en agosto de 2018 y nombrar a Tarek William Saab como su sucesor. Pero en estos meses también nombró al constituyentista Elvis Amoroso como contralor general encargado en sustitución de Manuel Galindo, a la vicefiscal Beyse Loreto; y a la Defensora Pública General.
Sin embargo, el grueso del tiempo lo ha dedicado el cuestionado organismo a emitir acuerdos de carácter político, otra potestad que la Constitución le reserva al Parlamento. Así ha aprobado varios pronunciamientos en contra de las sanciones que Estados Unidos viene imponiendo a funcionarios chavistas.
Con información de Crónica Uno