La mortalidad materna asociada a la desnutrición y la malaria en las mujeres embarazadas aumentó desde el año pasado en varios sectores del estado Amazonas. Aunque se desconocen las cifras oficiales, organizaciones denunciaron que los focos de minería ilegal en la zona han propiciado más brotes de paludismo y la movilización de comunidades indígenas que no reciben las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y que se encuentran sin sustento económico.
María Yánez, ex presidente de la red de sociedades científicas, informó que a principios de marzo fueron contados en San Juan de Manapiare 690 indígenas con paludismo, que acudieron a un operativo auspiciado por el Ministerio de Salud para recibir tratamiento antimalárico. De ese número de afectados, 10 mujeres embarazadas fallecieron por las complicaciones derivadas de la enfermedad infecciosa. “Se reportó que el esquema de tratamiento no cumplió con la cantidad de días necesarios para erradicar la enfermedad”.
Alicia Moncada, investigadora de Amnistía Internacional, expresó que las jornadas de atención realizadas por el organismo de salud favorecieron muy poco a las comunidades indígenas. “Se han quedado cortas. Además de los fallecidos hay otros cinco niños con paludismo en estado crítico”.
A los casos de malaria se añade el incremento de la mortalidad materna asociada a la desnutrición. La especialista indicó que desde el año pasado subió la cifra de muertes en el Hospital José Gregorio Hernández, en Puerto Ayacucho, el único centro asistencial de la entidad, el cual no se da abasto para atender la cantidad de pacientes que llegan a diario.
Aunque en los municipios Atabapo, Río Negro y Manapiare disponen de Centros de Diagnostico Integral, la activista señaló que presentan un déficit de personal especializado: “No tienen suficiente personal médico para atender a los pacientes”.
Desplazamiento y hambre. Los casos de desnutrición que ponen en riesgo la vida de las mujeres y los niños son agravados por la acción de grupos de minería ilegal.
Moncada explicó que la explotación indiscriminada de los suelos y los recursos naturales, la contaminación por mercurio y los cambios climáticos acabaron con las cosechas, que eran el sustento alimenticio de numerosas familias yanomamis, piaroa y jiris. “Se han desplazado hasta Puerto Ayacucho para integrarse a la economía, pero no han podido incorporarse”.
Afirmó que la política alimentaria de distribución de las cajas de los comités de abastecimiento llega hasta las zonas centrales de Puerto Ayacucho cada dos o tres meses. Enfatizó que los habitantes de los municipios Atabapo, Río Negro, Autana, Manapiare y Alto Orinoco a los que se llega por vía fluvial no reciben el beneficio. “Para esas comunidades recibir las cajas del CLAP es un lujo”.
Explotación y violencia
Alicia Moncada, investigadora de Amnistía Internacional, afirmó que las zonas de campamento donde conviven los mineros ilegales, alrededor de las minas de explotación, son lugares que favorecen las infecciones de transmisión sexual y la prostitución.
Un informe difundido por la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas (Wanaaleru) muestra que niñas y mujeres indígenas de 11 a 16 años de edad son explotadas sexualmente en redes de corruptela regentadas por grupos armados en alianza con militares venezolanos. El documento detalla que los casos de violencia sexual aumentaron en las alcabalas, donde muchas mujeres son obligadas a desvestirse mientras algunos funcionarios realizan actos lascivos buscando oro.
Publicado por El Nacional
15/03/2018