Los impactos socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19 han incrementado la preocupación sobre la posible exacerbación de las necesidades humanitarias en la región y en Venezuela. Según estimaciones de la CEPAL sobre la evolución e impacto de la COVID-19 en América Latina, el Producto Interno Bruto de Venezuela se reducirá en 26 % en 2020.
La región capital se convirtió en la principal zona de transmisión del virus, superando las tasas de infección de los estados fronterizos. Caracas y el estado Miranda han reportado más casos activos, según el reporte de actualización de la Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
En todo el país, dice la OCHA, durante el mes de julio se registró un incremento de 300 % en el número de casos confirmados, con un promedio de 403 casos diarios. “Desde inicios de julio se ha mantenido la tendencia de un aumento más marcado en los casos de transmisión comunitaria que en los casos importados. Al 14 de septiembre, las autoridades habían confirmado 8100 casos en personas retornadas, lo que representa un 12,9 % del total de casos”, se lee en la actualización.
Hasta el 14 de septiembre, las autoridades han confirmado 61.569 casos de COVID-19 en el país, 49.371 personas recuperadas y 494 fallecidas.
Además del impacto de la COVID-19 en la región capital, en comunidades indígenas la OPS/OMS reportó, entre la confirmación de los primeros casos en el país y hasta el 2 de agosto, 179 casos en población indígena, incluidas tres defunciones.
El estado Bolívar reportó 68,5 % de los contagios (123) y el resto fueron notificados en los estados Zulia (43 casos, 2 defunciones) Amazonas (12 casos) y Delta Amacuro (1 caso fatal). Las etnias indígenas Pemón y Wayú han sido las más afectadas.
¿Qué otros datos reportó la OCHA?
Al 14 de septiembre, se han realizado un total de 1.864.663 pruebas diagnósticas de COVID-19, incluyendo pruebas de diagnóstico rápido y pruebas de diagnóstico mediante PCR.
La OPS/OMS está contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico en el marco del acuerdo de colaboración entre el Ministerio para la Salud y el equipo asesor de la Asamblea Nacional, para continuar avanzado en las líneas prioritarias establecidas para la respuesta a la COVID-19.
El 6 de septiembre se inauguró el laboratorio regional de salud pública Dr. Félix Pifano, ubicado en el estado Yaracuy, que permitirá atender a la población del estado, y también de Lara, Portuguesa, Cojedes y los municipios vecinos.
Los laboratorios Félix Pifano y José Gregorio Hernández del estado Miranda se sumaron al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, su laboratorio móvil, y al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). El país alcanzó un total de cinco centros procesando muestras para las pruebas moleculares (PCR).
La tendencia de personas retornando al país continúa. Se estima que más de 90.000 personas han regresado a Venezuela por fronteras terrestres desde inicios de abril, la mayoría por Táchira, desde mediados de marzo. Los 96 espacios de alojamiento temporal (PASI) establecidos por las autoridades en la frontera (Táchira, Apure, Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y la Guaira), se mantienen prestando servicio para que las personas retornadas cumplan el período de cuarentena de mínimo dos semanas, antes de ser trasladados a los estados de destino.
En el ámbito nacional, debido al incremento en los casos de transmisión comunitaria en varias zonas, principalmente en la región capital, las autoridades nacionales y regionales han establecido espacios adicionales en hoteles, centros deportivos y de convenciones o villas deportivas para el alojamiento temporal de personas diagnosticadas con COVID-19 asintomáticas o con síntomas leves.
El 9 de agosto, las autoridades nacionales anunciaron la extensión por treinta días del estado de alarma y de las medidas de cuarentena y distanciamiento físico que han sido implementadas desde el 13 de marzo, prorrogando la vigencia del decreto por 30 días.
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil anunció la restricción de operaciones aéreas por el mismo período en todo el país con excepción de los vuelos de carga, humanitarios, de repatriación, correo, o autorizados por las Naciones Unidas.
Las autoridades han seguido implementando el esquema de cuarentena y flexibilización parcial de actividades con una aplicación diferenciada en tres niveles, que van desde la cuarentena radical hasta la implementación de la flexibilización de algunos sectores alternando siete días de actividad por siete días de cuarentena, de acuerdo con la evaluación que realizan las autoridades sobre la evolución territorializada de la situación.
En la mayor parte del país se reporta escasez de gasolina, a pesar de la implementación del esquema dual de precios, que incluye precios subsidiados y no subsidiados. En diversas zonas se reportan varias semanas sin combustible, mientras que varias localidades que aún tienen suministro han restringido la prestación del servicio a sectores prioritarios.
En diversos estados del país se siguen reportando limitaciones en el acceso continuo a los servicios de agua, energía, gas y telecomunicaciones. Hay reportes sobre los frecuentes cortes de energía eléctrica que afectan a varios estados, algunos que superan las 8 y 10 horas al día, así como del creciente número de personas que utilizan biomasa y leña para cocinar debido a la falta de gas doméstico.
Los impactos socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19 han incrementado la preocupación sobre la posible exacerbación de las necesidades humanitarias en la región y en Venezuela. Según estimaciones de la CEPAL sobre la evolución e impacto de la COVID-19 en América Latina, el Producto Interno Bruto de Venezuela se reducirá en 26 % en 2020, en el marco de una disminución regional que afectará también los índices de desempleo, pobreza y desigualdad.
Al respecto, FAO ha indicado que el aumento de la pobreza en la región impactará en los riesgos de una verdadera crisis alimentaria, no por la falta de alimentos, sino por la escasez de recursos para adquirirlos, siendo Venezuela uno de los países más afectados de la región. En particular, la caída de la capacidad de compra del salario mínimo y la elevada inflación limita el acceso a los alimentos y dietas de calidad.
Con información de Crónica Uno