“Si en La Vega intervinieron 300, 350 funcionarios y del otro lado hay 23 fallecidos, no hay una correspondencia. En términos bélicos, ¿eso es una guerra? No. Eso es una masacre”, concluye el criminólogo Keymer Ávila.

Especialistas en derechos humanos así como en criminología no dudan en afirmar que los sucesos ocurridos en La Vega el pasado 8 de enero califican como una masacre.

Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, sostiene que lo que “ocurrió en la popular barriada caraqueña es lo mismo que ha ocurrido en muchos operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), donde las personas son detenidas y luego ejecutadas. No hay enfrentamiento y no mueren como consecuencia de este”.

Del mismo modo, Alvarado se interroga: “¿Cómo explicas que no hay heridos de parte de los funcionarios policiales?, ¿por qué no hay heridos? Porque en cualquier enfrentamiento real hay muertos y heridos; y no todos los heridos tienen que fallecer; eso no ocurre ni en la guerra”, detalla.

El criminólogo Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) apoya la tesis de Alvarado y también califica los asesinatos de La Vega como una masacre.

“En la reciente incursión de la fuerza pública en La Vega no son pocas las denuncias de ejecuciones. Cuando hay tantas muertes de un solo lado y ni siquiera heridos del otro, es motivo para encender las alarmas, es un indicador de que el uso de la fuerza letal tuvo una finalidad distinta a la preservación de la propia vida, y sugiere un uso excesivo y desproporcionado”, explica Ávila.

Puntualiza que la discusión no debe centrarse en si caen inocentes o culpables, más bien cree que esa distinción es irrelevante y hasta peligrosa.

“El punto es que en nuestro país no existe la pena de muerte -pena que está en extinción en el mundo entero-, y en esos casos la pena es producto de un proceso judicial, no es administrada discrecionalmente por la policía en la calles. Cuando eso sucede se le está otorgando un poder ilimitado a los cuerpos armados, mermando todos nuestros derechos como ciudadanos. En esto no se deben hacer excepciones, los derechos son para todos o no son para nadie”, subraya.

Para el representante de Provea, los testimonios que han ido saliendo de los familiares de las víctimas demuestran que muchas de esas personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. “En la historia del país no hay un operativo de seguridad ciudadana donde haya habido tanta cantidad de víctimas”, asevera.

“Si en La Vega intervinieron 300, 350 funcionarios y del otro lado hay 23 fallecidos, no hay una correspondencia. En términos bélicos, ¿eso es una guerra? No. Eso es una masacre”, concluye Keymer Ávila.

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Con información de Tal Cual

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