Su sola convocatoria ya fue una polémica. La instauración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) marcó el contexto político e institucional en Venezuela durante este 2017. Surgió en medio de alegatos según los cuales es “fraudulenta” e “ilegitima” por no haber sido convocada por el pueblo, sino impuesta por Nicolás Maduro.
Desde su instalación en agosto, la “plenipotenciaria” conformada solo por oficialistas, viene tomando decisiones que le corresponden al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Asamblea Nacional (AN) y los demás poderes del Estado, generando el debate de la ruptura del hilo constitucional, solo los oficialistas que dicen estar apegados a las leyes y en función de la paz.
Su función, según la Constitución de 1999, es redactar una nueva Carta Magna, pero hasta el momento, su única misión es legitimar todas las decisiones que el oficialismo considera conveniente.
Fue concebida para tomar todo tipo de decisiones por al menos dos años. No tiene límites y así lo hicieron saber sus integrantes, como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, su presidenta, “nada está por encima de la ANC”.
Destitución de Fiscal Ortega Díaz
En su primera sesión, la constituyente decidió destituir a Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República y designó a Tarek William Saab. Declaró en emergencia la reestructuración del organismo. “Esto no es un acto de linchamiento”… No vamos a linchar a nadie, vamos a aplicar la ley, la justicia” dijo el oficialista Diosdado Cabello. En la plenaria, leyeron la sentencia del TSJ según la cual, Ortega quedó con prohibición de salida del país, le congelaron todas sus cuentas bancarias, le enajenaron todos sus bienes, ordenaron su inhabilitación para cualquier cargo público y un antejuicio. El fallo desató el rechazo de opositores, quienes aseguran que la destitución de la fiscal compete al Parlamento.
Funcionamiento “armónico”
El 8 de agosto, en su segunda sesión, aprobaron un decreto “para el funcionamiento armónico de la ANC con los Poderes Públicos Constituidos”, el cual establece que todos los poderes están subordinados a esta instancia, que están obligados a cumplir y hacer cumplir sus dictámenes. Oficialistas dicen que actúan legalmente, opositores destacan que la constituyente no debe sobreponerse a los demás poderes establecidos, de lo contrario, hay una “ruptura del hilo constitucional”.
Duración de dos años
Diosdado Cabello, constituyentista, propuso en la primera sesión que la ANC dure dos años, lo que fue admitido. La diatriba está en la afirmación de constitucionalistas que aseguran que la instancia no debe durar más de seis meses con el único propósito de redactar una nueva Constitución.
Elecciones y juramentación de electos
El 12 de agosto aprobaron adelantar las elecciones regionales para el 15 de octubre, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había dicho que serían el 10 de diciembre. Posteriormente, anunciaron que en diciembre serían las de alcaldes, además sancionaron que los electos deben juramentarse ante este organismo y no ante los Consejos Legislativos o Locales de sus regiones, como está previsto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y en la Constitución de cada entidad. Si no se juramentan ante este ente, no serán reconocidos.
20 años por “delitos de odio”
En noviembre sancionaron de manera unánime la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que establece hasta 20 años de prisión por “delitos de odio”. Deciden que revocarán la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan». Los constituyentistas afirmaron que es una legislación para la paz. El debate está en que hay constitucionalistas que afirman que el odio es algo muy subjetivo, que las emociones no son penables, sino los hechos.
Inmunidad a Freddy Guevara
La ANC sancionó el seis de noviembre un decreto para allanar la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN). Legisladores de la oposición rechazaron el fallo, aseverando que viola la Carta Magna, la cual determina esta condición para los miembros del Parlamento.
Alcaldías y partidos
El 20 de diciembre, eliminaron la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la más importante del país, y la del Alto Apure por considerar que no cumplían con sus funciones y se prestaba para la corrupción. Los diputados también cumplieron con una petición de Nicolás Maduro, ordenaron a renovarse ante el Poder Electoral a los partidos que se negaron a participar en las municipales, porque de lo contrario serán inhabilitados y no podrán participar en las elecciones presidenciales de 2018. Con esta decisión son afectados las tres principales toldas de la oposición: Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática
Publicado por La Verdad
24/12/2017