Un año ha transcurrido desde el lanzamiento de la Operación de Liberación del Pueblo por el gobierno para combatir la inseguridad. Este plan contra la delincuencia, el número 25 en 17 años, fue presentado en su momento por el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Gustavo González, así como por Nicolás Maduro, el 13 de julio de 2015, como un procedimiento militar y policial en las barriadas del país para el desmantelamiento de bandas delictivas vinculadas con el paramilitarismo y garantizar el retorno de la tranquilidad, especialmente en comunidades donde esas organizaciones ejercen dominio.
Sin embargo, los procedimientos del Sebin, la GNB, el Cicpc y la PNB no han contenido el auge delictivo en sectores populares, donde las megabandas se han fortalecido y, por el contrario, han favorecido los atropellos, según el director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado, Luis Cedeño.
«Las fuerzas que incursionan en las comunidades no están capacitadas en derechos humanos y han incurrido en abusos».
Fuentes policiales afirman que en las zonas de paz y donde las bandas han impuesto un toque de queda, los delitos no han mermado en el último año. Los vecinos de esas poblaciones también perciben que los despliegues de los cuerpos de seguridad no han dado los resultados esperados. «No salgo a la calle después de las 6:00 de la tarde. La semana pasada me asaltaron dos muchachos que no llegaban a 17 años. Me quitaron no solo la cartera, sino también las bolsas de comida. Hace dos semanas asesinaron a una dirigente vecinal por denunciar en la policía. Entonces, ¿de qué sirvió la intervención de la GNB y de la policía? Esto solo nos trajo dolor y en ese despliegue pagaron víctimas inocentes, pues a mi esposo se lo llevaron cuando se dirigía a su trabajo», dijo una vecina de la Cota 905, que pidió mantener su nombre en reserva.
La mayoría de los integrantes de las organizaciones delictivas no han sido detenidos. «Hemos detectado que son informados previamente sobre estos procedimientos y se esconden en hoteles o en otras comunidades. De las 17.000 personas que fueron capturadas en las tomas, durante los primeros 5 meses del operativo, solo 1.600 pasaron a tribunales lo que significa que más de 15.000 resultaron inocentes de los delitos que les atribuían», indicó Rafael Uzcátegui, directivo de la ONG Provea.
Ola de atropellos. En su reciente informe anual sobre Derechos Humanos en Venezuela Provea documentó cifras y denuncias sobre detenciones y deportaciones arbitrarias, las llamadas ejecuciones extrajudiciales y desalojos de los complejos habitacionales de la Misión Vivienda, así como destrucción de casas como parte de las OLP.
Las irregularidades también fueron reseñadas por ese organismo y Human Rigth Watch en un informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril.
«Estamos actualizando la data de este año y hemos querido que representantes de la CIDH viajen a Venezuela para que constaten los casos, pero se requiere la autorización del gobierno y se ha negado», dijo Uzcátegui.
Este año Provea ha documentado 14 denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales en esos procedimientos, que también son referidas a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. La coordinadora de esta ONG, Laura Roldán, hizo el acompañamiento legal y psicológico al caso de Winderlan Isaac Duarte, adolescente de 17 años de edad que fue ultimado por funcionarios de la PNB el 27 de mayo en la calle Real del barrio Los Eucaliptos, en Caracas.
La madre, Brigitte Duarte, relató que su hijo salió a jugar básquet y en el trayecto se topó con su amigo Luis Manuel, quien le pidió que lo ayudara a socorrer a un joven que resultó herido. Winderlan lo apoyó en el traslado del lesionado a casa de Luis Manuel, pero a los pocos minutos un grupo de funcionarios irrumpió en la vivienda. Les dijeron que se trataba de una OLP y les dispararon a los tres muchachos. Posteriormente los llevaron al Periférico de Catia, donde murieron. El caso fue denunciado a la Fiscalía y aún se desconoce el estatus de las investigaciones.
Roldán destacó la necesidad de que esos operativos sean sustituidos por un plan de trabajo con los jóvenes en las escuelas, destinado a resolver las situaciones de conflicto. «Las OLP criminalizan a los sectores populares, cuyos habitantes son víctimas por partida doble porque sufren la violencia policial impuesta en los operativos y son blanco del hampa común. Es necesario que el plan también incluya trabajos de inteligencia que permitan desarticular las bandas de manera focalizada y no invasiva», concluyó.
AN procesa denuncias de acoso
La comisión de Política Interior de la AN ha recibido denuncias de acoso a familiares de los fallecidos en las OLP. La presidenta de la instancia parlamentaria, Delsa Solórzano, destacó el caso de los allegados de un joven ultimado en el estado Nueva Esparta. «Los funcionarios los amenazan por teléfono y tocan a sus residencias para que se marchen del urbanismo de la Misión Vivienda, donde residen. Esta denuncia fue puesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace dos semanas. Se solicitaron medidas de protección para estas personas», dijo Solórzano. La comisión gestionó ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat que se aplicara una medida para resarcir a los grupos familiares que fueron desalojados el 24 de julio de 2015 del barrio La Ensenada, en la carretera Panamericana. Sus viviendas fueron destruidas en los procedimientos y en consecuencia algunos residen en casa de familiares y vecinos, o en refugios.
La parlamentaria Olivia Lozano denunció que las OLP recrudecieron la violencia en Bolívar y que hasta ahora han ocasionado 13 muertes en el estado, 9 en Ciudad Guayana. «Hay personas humildes que se ven sitiadas por la violencia generada por las bandas y la represión de las Fuerzas Armadas, que sin medir la fuerza golpean y matan a inocentes, dejando de lado a los verdaderos criminales. En estos operativos no se respetan los derechos humanos», señaló.
FUENTE: EL NACIONAL