Representantes de la Cámara Venezolana de la Construcción y la Cámara de Comercio de Maracaibo rechazaron las sentencias 155 y 156 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Afirmaron que ambos dictámenes, que anulan a la Asamblea Nacional y dan facultades especiales al Poder Ejecutivo, atentan contra el Estado de Derecho y los derechos humanos de los venezolanos.
En un comunicado, la Cámara de la Construcción advirtió que “la Sala Constitucional del TSJ, al asumir las competencias de la Asamblea Nacional con las sentencias números 155 y 156, excedió los límites de sus atribuciones y funciones, violentando la separación de poderes y el orden constitucional”. Agregó que ambas sentencias representan el fin del equilibrio de poderes y con ello la ausencia de un estado de derecho.
El gremio instó a los poderes públicos a cumplir con los lineamientos del Estado de Derecho, “respetando los principios y garantías propios de la democracia y los derechos humanos consagrados en la carta magna”.
También exigió al Ejecutivo que levante el estado de emergencia económica vigente desde hace más de un año y detenga inmediatamente el sistema de expropiaciones y controles que “han llevado a mayor desempleo, corrupción y escasez de insumos”. Además, exhortó al Poder Electoral al establecimiento inmediato de un cronograma de elecciones.
Para la Cámara de Comercio de Maracaibo las sentencias constituyen una ruptura del orden constitucional, tal y como lo señaló la fiscal Luisa Ortega Díaz. Afirmó que si bien el Consejo de la Defensa de la Nación exhortó al TSJ a revisar dichas decisiones, que fueron modificadas de inmediato, siguen constituyendo “un golpe de Estado a la legalidad en Venezuela, sin basamento legal y, más aún, usurpan las competencias de la Asamblea Nacional”.
Agregó que el modelo económico implementado por el gobierno ha traído como consecuencia ausencia de Estado de Derecho y de seguridad jurídica, pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional, cierre de numerosas empresas en todos los sectores del aparato productivo, escasez de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, un proceso inflacionario indetenible, servicios públicos deficientes e infraestructura nacional en franco deterioro, exceso de controles, altos niveles de criminalidad e inseguridad sobre bienes y personas, y emigración de la juventud por no poder concretar en su país posibilidades de superación y de una vida normal. De allí que le exija al gobierno la aplicación, sin pérdida de tiempo, los correctivos necesarios”. “Urge la realización de los procesos electorales pospuestos, para que sea la ciudadanía la que, con su participación, decida el rumbo a seguir. Es preciso el respeto de los derechos humanos, la liberación de los presos políticos, la restitución en su totalidad de la competencias de la Asamblea Nacional y la solución de la crisis humanitaria de alimentos y medicinas, lo cual solo se podrá conseguir a través de un cambio de políticas públicas que favorezcan la producción nacional”, afirmó en un comunicado.
Rocío Guijarro, presidente de la Red Liberal de América Latina, dijo que las sentencias del TSJ se basan en un desacato que no está establecido en el marco jurídico y suprimen la inmunidad a los parlamentarios que la poseen por principio constitucional. Además, rechazó la posibilidad de que el máximo tribunal modifique legislación, valiéndose de la declaración del estado de excepción. Indicó que la posibilidad que dan las sentencias al Estado de salir de la OEA, sin cumplir los procedimientos establecidos en el ordenamiento del ente multilateral, dan al “gobierno y demás poderes públicos licencia e impunidad para violar derechos humanos y la democracia”. La Red Liberal de América Latina, representada en Venezuela por Cedice, pide observación internacional para recuperar el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos.
Fuente: El Nacional
Fecha: 08 de abril de 2017