El uniforme y su rango no los protegió de la tortura. Golpes, asfixia, choques eléctricos y sustancias químicas. Incomunicación, amenazas de muerte y prohibición de comer. Todo esto es parte de la gama de prácticas violatorias que desde 2014 se aplican a los militares, considerados rebeldes.
Las primeras horas de la detención son las peores. En ellas los golpes, las amenazas y la incomunicación son las principales formas de tortura. Uno de los casos más emblemáticos de la violación de derechos humanos fue el del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano. Él estuvo involucrado en el asalto a la sede militar de Paramacay en Valencia, estado Carabobo, de 2017.
Su esposa relató en ese momento que nunca pudo tener contacto con él durante dos meses. Un funcionario de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) le pidió medicamentos para la inflamación e incluso suero. Para ella esto significaba que su pareja estaba descompensado por las torturas recibidas.
Lilia Camejo, defensora de varios militares, afirmó en una entrevista del segmento Con la Luz que los imputados han asistido a las audiencias con costillas rotas, golpeados violentamente en la cara y con daños en las extremidades.
Sandra Hernández, esposa del sargento de la GNB Luis Bandres Figueroa (activo), narró que su pareja estuvo desaparecido durante ocho días. Él fue identificado por el Gobierno de Nicolás Maduro como el líder del alzamiento de Cotiza.
En ese tiempo lo mantuvieron esposado y lo colgaron de las manos. A este tipo de tortura se le conoce como “crucifixión”. Además, fue golpeado mientras estuvo encapuchado y sin visibilidad. Con bates y manoplas de metal lo maltrataron.
“Mi esposo está lleno de morados. Lo electrocutaron tanto que se defecó varias veces encima. Cada vez que entraba al cuarto de tortura lo sacaban inconsciente. No recuerda un día que haya salido consciente de allí”, manifestó Sandra el 21 de febrero en Foro Penal.
Sustancias químicas
En 2019, se reportó un nuevo mecanismo para obtener confesiones: la inyección de sustancias químicas. Los abogados Lilia Camejo y Alonso Medina Roa aseveraron que el coronel retirado de la GNB Oswaldo García Palomo fue uno de los afectados.
“Palomo me dijo que le habían inyectado algo que no recordaba qué era. Esto lo denunciamos en la audiencia antes de que saliera el video y pedimos una evaluación toxicológica. Eso consta en las actas. También ocurrió lo mismo con Salazar Cañes, cuyos hematomas en el rostro eran dantescos”, señaló Medina Roa en una entrevista del segmento Con la Luz.
Aislamiento
La incomunicación también es un patrón. En 2018, nueve militares activos estuvieron aislados. Ni sus abogados podían acceder a ellos. Tras siete días de desaparición forzada fueron presentados en tribunales de la justicia militar. Se trata de los tenientes coroneles del Ejército: Iver Marín Chaparro (activo), Henry Medina Gutiérrez (activo), Deivis Mota Marrero (activo), Eric Peña Romero (activo), Victoriano Soto Méndez (activo), Juan Carlos Peña Palmatieri (activo). También estaban en esta lista el primer teniente del Ejército Yeiber Ariza (activo) y los sargentos del Ejército Julio Carlos Gutiérrez (activo) y Yuleima Medina (activa).
Usualmente, el aislamiento se mantiene por 45 días. Sin embargo, en ocasiones se toma como un castigo. Ese fue el caso del general en jefe del Ejército Raúl Isaías Baduel (activo). En octubre de 2018 su familia denunció que tuvieron dos meses sin verlo.
Él fue nuevamente aprehendido en enero de 2017, un día ante de que terminara su condena por corrupción -que cumplía en su casa gracias a una medida cautelar. Se encuentra preso en la sede del Servicio de Inteligencia Bolivariano Nacional (Sebin).
Estos hechos son denunciados en tribunales militares, pero las instituciones de justicia guardan silencio “A 20 años no se conoce que se haya procesado a algún funcionario por temas de tortura”, aseveró Medina Roa, abogado con experiencia en la justicia militar.
Agresión a sus familiares
Los parientes del sargento de la GNB Harley Solano fueron secuestrados para que delataran al militar. Él está en fuga. Es perseguido por su participación en la sublevación del 21 de enero en Cotiza, Distrito Capital.
“Como no lo han podido ubicar, secuestraron a siete personas de su familia, civiles y militares. Había una joven de 19 años y un señor de 73 años. Todos fueron secuestrados y torturados para tratar de dar con el sargento”, denunció Gonzalo Himiob, director de Foro Penal.
En octubre de 2018 el teniente de la Aviación Luis Lugo Calderón (activo) fue arrestado arbitrariamente. Tenía tres días de haber sido liberado por la Corte Marcial, luego de ser procesado y condenado por instigación a la rebelión, contra el decoro militar y uso de prendas militares. Pagó cuatro años de cárcel.
El 11 de octubre de ese año, día en el que fue excarcelado, miembros de la Dgcim violentaron su inmueble. Al no encontrarlo, regresaron al día siguiente y retuvieron a su madre, Gloria Calderón, en Maracay (Aragua). La liberaron a las horas y arrestaron después al padre del teniente, Luis Lugo Rodríguez, y a la pareja del oficial, Jokasta Hernández.
Finalmente, a Lugo Calderón lo dejaron recluido en la Dgcim y liberaron a sus dos parientes.
Prácticas denigrantes
Un numeroso grupo de militares está recluido en la sede de la Dgcim en Boleíta. La periodista Sebastiana Barráez, especialista en la fuente militar, publicó que allí existe una celda llamada “El Tigrito”. Está en el sótano de la sede, sin acceso a luz solar, sin ventilación e iluminada artificialmente día y noche.
Asegura que ahí están detenidos numerosos militares señalados, imputados o sospechosos de instigación a la rebelión, traición a la patria, conspiración contra el Gobierno venezolano.
La periodista informó que “hace poco se dañó el aire acondicionado integral, que llega al sótano. Estuvieron así 10 días en aquel calor infernal. Los pobres hombres se turnaban para tirarse al piso y recibir algo de aire a través de la rendija debajo de la puerta”.
En el artículo publicado en el portal digital Punto de Corte, Barráez denuncia que aunque son oficiales de alto rango, los agentes de la Dgcim no les permiten ir al sanitario. “Deben hacer sus necesidades en las bolsas donde los familiares les llevan los alimentos. Frente a los compañeros de celdas. En un ambiente putrefacto”, detalló.
“¿Cuándo perdieron esos oficiales su grado de militares? ¿Qué es eso de que un militar de muy bajo rango le dice a los capitanes de navío, capitanes de fragata cuando les corresponden el baño una vez a la semana, les hable como si fueran delincuentes?”, analizó la periodista.
Con información de Efecto Cocuyo