El gobierno, que anteriormente se enorgullecía de ajustar el ingreso de manera frecuente, ha dejado a un lado los anuncios salariales en los últimos cinco meses; a diferencia del año pasado, cuando tres de los seis aumentos, que aun así no recuperaron el poder adquisitivo pulverizado por la hiperinflación, fueron anunciados entre abril y septiembre.
En abril de 2018 el gobierno elevó el salario mínimo de 392.646 a 1 millón de bolívares del cono monetario anterior, lo que representó un incremento de 154%. Solo dos meses después, en junio, Maduro decretó un alza salarial de 200% que subió el sueldo base a 3 millones de bolívares.
La noche del 17 de agosto, el gobernante anunció el exorbitante aumento de 5.900% para “defender” el salario de los venezolanos, una de las 10 promesas de Maduro para sacar al país de la crisis con su «Programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad», puesto en marcha el 20 de agosto de 2018 con la entrada en vigencia de la reconversión monetaria.
En cambio, desde abril de 2019, cuando el gobierno subió el sueldo base que estaba en 18.000 bolívares, los trabajadores públicos y los pensionados, reciben al mes 40.000 bolívares, monto que actualmente ronda los dos dólares y que no alcanza para comprar un kilo de carne o un cartón de huevos, que en el mercado se consiguen en 68.000 y 82.000 bolívares, respectivamente.
A partir de julio con el bono especial de independencia, los bonos equiparon e inclusive superaron los 40.000 bolívares del sueldo base vigente desde hace solo tres meses atrás.
Economistas afirman que el gobierno no aumenta el salario por el “ajuste” fiscal que está llevando a cabo al reducir en términos reales el gasto para intentar cerrar un poco la brecha fiscal y que ceda la inflación.
Según el diputado y economista Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), pareciera que el gobierno “está privilegiando resolver el tema inflacionario y por eso evita hacer aumentos salariales”. Señala que los bonos, aunque también impactan en el gasto público, tienen una menor incidencia inflacionaria.
Añade que las personas que no son afectas al oficialismo pero que sí están registradas en el sistema patria, igualmente “son susceptibles al control político”.
Cerca de ocho millones de venezolanos dependen directamente del sector público, entre empleados, pensionados y personas que reciben algún tipo de bono; pero los montos que reciben son extremadamente bajos en comparación con lo que deberían tener para comprar, afirma el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica.
El experto también sostiene que el gobierno recortó gastos para controlar la inflación, que sin embargo en julio recuperó su tendencia alcista al subir de 24,8% a 33,8% y en agosto duplicó la tasa del mes anterior (65%), según cálculos de la Asamblea Nacional. Aun así, no son “tasas monstruosas” cercanas e incluso superiores a 200% como las que se registraron el año pasado.
No obstante, señala que esa estrategia pública para controlar la inflación ya está llegando a sus límites. “Semanalmente nos movíamos entre inflaciones de 20% y 30%, ahora en torno a 10%. Pero le cuesta mucho al gobierno reducir la inflación por debajo de 10%. Prácticamente es el máximo esfuerzo que pueden hacer porque claro, tú no puedes tener gasto cero. Hay sueldos, pensiones y bonos que pagar”, agrega.
Con información de Tal Cual