En medio de la crítica situación que atraviesa Venezuela, sumida en una emergencia humanitaria que centra la atención del mundo entero, el régimen de Nicolás Maduro no sólo utilizó el hambre de la población como estrategia política y como mecanismo de control social, sino que lo alentó como una vía para el enriquecimiento ilícito propio y de sus allegados. En este escándalo, que remueve la indignación de un país donde cerca de 90% de los hogares vive en situación de pobreza, están implicados empresarios emergentes que crecieron a la sombra del chavismo, varios altos funcionarios del régimen -muchos de ellos militares- y los propios hijastros de Maduro.
La red de corrupción que creció alrededor del sistema de reparto de alimentos que se hacía con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y que fue denunciada durante años por varios sectores dentro y fuera de Venezuela, fue desnudada el jueves pasado por las autoridades estadounidenses sin escatimar detalles. Así, tanto el Departamento del Tesoro como una corte del Distrito Sur de la Florida mostraron el paso a paso de este esquema perverso de corrupción y lavado de dinero con el que Nicolás Maduro manejó políticamente el rechazo popular a su gestión.
Alex Naim Saab Morán, la mayor figura de la boliburguesía internacional, fue acusado de ocho cargos ligados al lavado de dinero junto a su socio comercial Álvaro Pulido Vargas. Ambos manejaron una operación internacional sostenida con el pago de sobornos a funcionarios venezolanos en la que lavaron fondos usando cuentas bancarias ubicadas en Venezuela y en Estados Unidos, según la acusación que se hizo tras las investigaciones de la DEA, el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU.
Se estima que en sus manejos conjuntos Saab y Pulido transfirieron unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela, a través de EEUU, a las cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.
Una década de desmanes
El Departamento del Tesoro relata que desde 2009, cuando Hugo Chávez gobernaba Venezuela, Saab y Pulido usaron “sus nexos corruptos con allegados del círculo interno del régimen” para conseguir la adjudicación de contratos gubernamentales por un valor muy superior al real. De esta forma crearon una sociedad para licitar un contrato de viviendas del gobierno de Venezuela y, “tras un año de gestiones de lobby”, se les adjudicó el contrato para la construcción de 25.000 viviendas.
El negocio del hambre
Por esta vía llega Saab al programa de los CLAP, que comenzó en 2016 en el gobierno de Maduro. Junto con su socio ideó “una estructura societaria para comprar alimentos a un distribuidor extranjero, embalarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela, con los valores que les resultaban más rentables a ellos. Con conocimiento de Maduro, Saab se quedó con lucros sustanciales e importó apenas una fracción de los alimentos que se necesitaban para el programa CLAP”, puntualiza el Departamento del Tesoro.
A tal efecto, Saab y Pulido usaron sociedades en México, basándose en firmas que ya controlaban, como Group Grand Limited (con sede principal en Hong Kong). Además, usaron otras “sociedades pantalla” como Asasi Food FZE y Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry).
“A fin de maximizar el lucro, Saab intentó usar una sociedad perteneciente al Estado venezolano ubicada en el estado Táchira, Venezuela, que estaba exenta de impuestos a las importaciones”. Así, para la importación de alimentos por Táchira pagaron sobornos a funcionarios como José Gregorio Vielma Mora, que era gobernador de esa entidad, y a Rodolfo Clemente Marco Torres, entonces ministro de Alimentación. Estos dos militares “ayudaron a Saab y a Pulido a ganar contratos de alimentos del programa CLAP”.
Desde 2016, “cuando Saab se reunió con Los Chamos y Maduro para analizar la importación de alimentos en nombre del gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han ganado cientos de millones de dólares del lucro generado por este ardid corrupto”.
Las sociedades pantalla de Saab y Pulido recibían aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para importar alimentos a Venezuela. En muchos casos, recibían pagos anticipados del gobierno de Venezuela, tras lo cual distribuían los fondos como comisiones ilícitas a funcionarios gubernamentales que formaban parte del plan corrupto.
Para tratar de ocultar el origen del dinero, las sociedades pantalla “enviaban una parte del dinero robado a cuentas comerciales de sociedades vinculadas, cuya actividad financiera no estaba relacionada con el suministro o la logística de alimentos. Por último, mediante estas cuentas, estos cómplices en la conspiración enviaban una parte del dinero robado a altas figuras políticas corruptas venezolanas, sus familiares o socios”.
Luego, “emitían facturas fraudulentas que reflejaban la compra de bienes por un valor acorde con el del contrato original sobrevaluado”. En esta parte del proceso se subcontrataba a otras empresas para comprar alimentos o armar las cajas con los alimentos a repartir a la población, muchas veces con valor nutricional inferior al aceptable, y estas trabajaban a su vez con sociedades de transporte y de seguros controladas por funcionarios corruptos del gobierno.
Con información de Al Navio