El desacato del presidente Nicolás Maduro a la moción de censura aprobada por la Asamblea Nacional (AN) para Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación, le abre la puerta a la declaratoria de una responsabilidad política en su contra por parte del Parlamento. Tras ser emplazado a cumplir con el dictamen, el jefe de Estado se blindó con el decreto 2.309 que restringe al Poder Legislativo para mociones, pero según expertos, el precepto es un golpe certero a la Carta Magna, lo que ya de por sí, lo invalida de manera inmediata.
José Vicente Haro, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, indicó que tras emplazar al mandatario para que acate, la AN no tiene un lapso específico para declarar tal responsabilidad. Será cuando los parlamentarios así lo dispongan.
“La AN tiene la competencia de declarar, concluir y determinar la responsabilidad política del Presidente de la República, del vicepresidente, de los ministros y de los altos funcionarios del Estado. Se puede hacer después de una investigación donde comprueben que hay violación flagrante a la Constitución o que se ha incurrido en actos que comprometen su cargo”, dijo Haro, en un contacto telefónico con La Verdad.
Precisó que la medida está amparada por los artículos 222, 223 y 224 de la matriz legal de Venezuela. Indicó que al desacatar la moción (destitución del ministro), el mandatario desconoce abiertamente el numeral 10 del artículo 187 que facultad a la AN para remover a funcionarios. “Allí incurre en responsabilidad política por violación directa a la Constitución”.
No cabe juicio
Hay quienes hablan de un juicio político al presidente Maduro, pero Juan Berríos, profesor de derecho constitucional de la Universidad del Zulia (LUZ), aseguró que esto no es viable. El único ente avalado sería la Sala Plena del TSJ. “Se necesitaría la intervención del Poder Judicial, y aún cuando se haga, esto no significa un cese de Maduro en el poder”.
Fortunato González, abogado constitucionalista, explicó que la declaratoria de responsabilidad no tendría un mayor impacto, sino solo desde el punto de vista político. No aplica ninguna sanción.
Artículo 222 de la Constitución
“… En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”.
Fuente: DIARIO LA VERDAD
Fecha: 09/05/16