La cúpula madurista no puede hacer negocios en ninguno de los países que integran la Unión Europea, más Estados Unidos, Suiza, Panamá y Canadá. Sus propiedades quedaron congeladas.
Además, el viernes 7 de junio, el gobierno argentino anunció la prohibición de entrada a su territorio a 426 funcionarios de la administración pesuvista.
Aunque el proceso de imposición internacional de sanciones personalizadas a funcionarios maduristas inició desde Washington con la aprobación de la Orden Ejecutiva número 13.692 del 8 de marzo de 2015, no es Estados Unidos el país que más venezolanos sancionados tiene en su lista desde entonces. Es Canadá.
En total, Canadá ha emitido cuatro bloques de sanciones: dos entre septiembre y noviembre de 2017, un tercer lote en mayo de 2018 en respuesta a las que consideraron unas “elecciones fraudulentas” y uno más reciente en abril pasado, como retaliación ante el impedimento para que ingresara al país la ayuda humanitaria para atender la emergencia, el pasado 23 de febrero. Todas implican la congelación de activos y la prohibición de hacer negocios en ese país o con ciudadanos canadienses.
Los sancionados por Canadá son señalados principalmente de violación de los derechos humanos, socavamiento de la democracia y corrupción. Además, el gobierno del norte ha apuntado directamente a quienes considera responsables de las “ilegítimas y antidemocráticas elecciones del 20M”, y por “perseguir a los miembros del gobierno interino de Juan Guaidó”.
El segundo país que ha emitido más sanciones individuales es Estados Unidos, que ha actuado 96 veces contra 87 altos funcionarios integrantes de la cúpula cívico-militar venezolana. Esa cúpula incluye a la dirección nacional del PSUV, las cabezas del CNE y el TSJ, así como del Poder Ciudadano, el alto mando militar y al propio Nicolás Maduro.
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro son personalísimas e incluyen: prohibición de ingreso al territorio de Estados Unidos, congelación de activos a nombre del sancionado o de terceros que le represente y que estén registrados en suelo estadounidense; y prohibición a todo ciudadano estadounidense de realizar negocios con el sancionado.
No obstante, el gobierno de Washington se ha esforzado en aclarar dos cosas: uno, que las sanciones contra funcionarios no afectan a la población y que todas las sanciones son revocables siempre que los afectados muestren su voluntad de contribuir con el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Panamá, es el tercer país del mundo que más sanciones ha impuesto en el caso de Venezuela. En marzo de 2018, el país centroamericano dictó 55 sanciones contra igual número de altos cargos maduristas, incluyendo a Maduro.
La razón argumentada para emitir tal lista en las vísperas del acto electoral del 20 de mayo fue por considerar que dichas personas representaban un alto “riesgo de lavado de activos, cooperación con el terrorismo y proliferación de armas masivas”.
Entre las razones que acordaron los 28 países de la UE para congelar activos en su territorio, impedir el ingreso a los países del bloque y prohibirle a un total de 18 funcionarios venezolanos hacer negocios en el Viejo Continente destacan: “serias violaciones de los DD HH, minar la democracia, represión, juicio de civiles en tribunales militares, usurpar la autoridad de la Asamblea Nacional y uso de medios de comunicación para atacar públicamente a la oposición”.
Con información de Crónica Uno