Como parte de los “castigos” que emplea el gobierno de Nicolás Maduro contra quienes difieren de su gestión está el uso de la justicia militar para procesar a manifestantes por incurrir presuntamente en delitos castrenses. En 4 meses de protestas –luego de la implementación del Plan Zamora– 726 civiles fueron juzgados en tribunales militares, de los cuales 418 perdieron la libertad, señala el informe del Foro Penal Venezolano correspondiente al mes de agosto.
De los civiles procesados en jurisdicción castrense durante las manifestaciones entre abril y agosto, solo 110 fueron reconocidos por el Ministerio Público. El fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó el 25 de agosto que de esos casos, 84 serían remitidos a tribunales ordinarios. Hasta la fecha han sido escasas las declinaciones.
“Por parte del Ministerio Público solo son reconocidos 110 casos de civiles procesados por instancias militares, cuando realmente son muchos más”, expresa el documento actualizado hasta el 6 de septiembre.
“La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles se tradujo en graves violaciones del derecho del acusado a un juicio justo, incluido el derecho de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”, señala el informe sobre Venezuela que publicó el mes pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual fue citado por el Foro Penal.
Recesión y persecución
Desde el 1° de abril hasta el 31 de agosto fueron detenidas 5.341 personas, de las cuales 156 se registraron en este último mes. 30% de los 822 ciudadanos que permanecen detenidos esperan por cumplir con el requisito de presentar fiadores, esto extiende “ilegítimamente” el tiempo de reclusión.
El patrón de detención que registró el Foro Penal fue el de la desaparición forzada, ya que las personas fueron arrestadas y desaparecidas durante días sin que los familiares pudieran obtener información oficial de sus paraderos. “En muchos casos fueron sacadas por la fuerza de sus trabajos o de sus viviendas, sin estar cometiendo delito alguno”, indica el documento.
En agosto hubo 2 asesinatos, con lo que suman 136 muertes durante las manifestaciones, según el Foro Penal. A pesar de que se registraron 107 nuevos presos políticos durante ese mes, 137 fueron liberados por lo que la cifra de presos políticos se ubica en 590 personas.
Hasta el 6 de septiembre solo 29 presos políticos han sido juzgados y condenados. En 95% de los casos no existe una condena y las audiencias ante los tribunales son diferidas constantemente.
Zulia es el estado con mayor número de privados de libertad por razones políticas, 141, y le siguen los estados Miranda con 84 y Carabobo con 66 personas. La mayoría se encuentra en Ramo Verde.
Fuente: El Nacional
Fecha: 12 de septiembre de 2017