Aragua, Carabobo, Yaracuy, Guárico, Portuguesa, Sucre, Anzoátegui, Mérida, Lara y Monagas presentan severo desabastecimiento de tacrolimus. Esto afecta por lo menos a 40 % de los 2600 trasplantados que hay en todo el país. Hasta julio de este año la Asociación Amigos Trasplantados de Venezuela registró 18 muertes asociadas a la falta de tratamientos.
Los medicamentos para pacientes trasplantados no llegan al interior del país. Hay zonas como Aragua, Carabobo, Yaracuy, Guárico, Portuguesa, Sucre, Anzoátegui, Mérida, Lara y Monagas, que presentan un severo desabastecimiento de tacrolimus. Los afectados calculan que esto ocurre desde hace más de un año.
La situación perjudica por lo menos a 40 % de los 2600 trasplantados que hay en todo el país. Hasta julio de este año la Asociación Amigos Trasplantados de Venezuela registró 18 muertes asociadas a la falta de tratamientos.
El viacrucis
La cola en la farmacia de Alto Costo de Los Ruices se inicia apenas cae la madrugada. Ya a las 6:00 a. m. hay más de 200 personas, una tras otras. Con cáncer, con problemas cardíacos, diabéticos, hemofílicos, trasplantados, pacientes renales.
Soportan, calor, frío, sol y lluvia. En esta farmacia atienden entre 120 y 150 personas al día. Más de la mitad de los que llegan pasadas las 5:00 a. m. se van con las manos vacías, y con más dolencias que antes. Suman a eso el estrés de no llevar las medicinas a casa. Todos son afectados, pues tiene condiciones de salud crítica.
Sin embargo, Reymer Villamizar, director de Amigos Trasplantados de Venezuela, hizo hincapié en los problemas que padecen los pacientes renales. “No llegan los medicamentos para pacientes, no hay terapias sustitutivas, lo que incrementa los casos de rechazo de órganos”.
El pasado 29 de julio un grupo de pacientes se concentró en la farmacia de Los Ruices para exigir la dotación oportuna de los esquemas de tratamiento. En esa oportunidad la jefa de la dependencia del Seguro Social, Maga Gutiérrez, les manifestó que había llegado un lote de medicinas desde India con cobertura para un año. Eso, dijo, luego de sortear los bloqueos internacionales.
“Pero, han estado mandando a las regiones por cuentagotas los medicamentos para pacientes. Hemos denunciando eso por las redes, yo creo que las alcaldías y gobernaciones deben prestar el apoyo, con la unión cívico militar, que les pongan aviones o carros oficiales para que hagan la distribución. Pueden tener gasolina y no necesitar el salvoconducto. Las personas estamos completamente atrapadas con las medidas del COVID-19, no podemos movernos de un estado a otro. Además, en las regiones no hay luz, agua, ni Internet, situación que agrava todo”.
Villamizar acotó que hay muchos pacientes que se arriesgan y se trasladan a Caracas. Él lo hizo el pasado 26 de agosto. Llegó a las 2:00 de la mañana desde Valencia. A esa hora empezó a hacer la cola en Los Ruices, y ya tenía seis usuarios por delante.
Pero eso solo lo pueden hacer quienes tienen vehículo propio. Quienes se mueven en transporte público pasan las de Caín, porque cuando llegan pasadas las 6:00 a. m. los anteceden hasta 200 ciudadanos.
“Es una tragedia, ahora están entregando para dos meses, quizá para evitar que uno vaya seguido, pero igual es un riesgo hacer la cola con esta condición y con la COVID-19. Además la farmacia, de 16 taquillas tiene funcionando seis y el proceso de atención no es automatizado, sino de forma manual. Ellos dicen que es por la cuarentena, pero eso se venía presentando antes de la pandemia. Pedimos que se revise ese mecanismo, que la entrega de los tratamientos sea más expedita y segura, porque lo que está sucediendo es un retroceso enorme en la salud”, sentenció Villamizar.
Los pacientes renales y trasplantados ahora se exponen a:
Ruleteo para buscar la gasolina. Ni con informes médicos les venden el combustible.
En el mercado negro un imnunosupresor se puede conseguir en 200 dólares. Villamizar denunció que han encontrado venta incluso de medicamentos (tacrolimus) con el logo del Seguro Social.
Cuando presentan rechazo, deben ir a terapias sustitutivas, pues desde hace tres años están suspendidos los trasplantes. Sin embargo, en muchas de estas unidades no hay agua ni electricidad. Falta personal y las terapias o diálisis se reducen a dos, máximo tres horas.
Villamizar dijo que hace dos años había 180 unidades de diálisis y que para la fecha debe haber entre 140 o 160.
Las consultas hospitalarias están suspendidas. Quienes tienen urgencias recurren a la teleconsulta o consulta virtual. Hay casos en los que los costos de esos eventos superan los 50 dólares.
En los casos con severo desabastecimiento, Amigos Trasplantados, con el apoyo de donantes internacionales, ha hecho algunas entregas. Hay quienes tratan de estirar las dosis, otros cambian de esquemas, pero para ello tienen que hacerse unos exámenes de niveles del fármaco en el organismo cuyo costo pasa los 80 dólares.
Para el 2017 se hablaba de 15.000 pacientes, Villamizar destacó que pueden ser ahora unas 7000 personas. “Una baja considerable y no porque hayan salido de la enfermedad porque el trasplante de órganos está paralizado desde hace tres años, sino porque muchas de esas personas han fallecido, otras están fuera del país. Los que perecieron pudieran estar vivos si existiera una terapia sustitutiva medianamente buena o de calidad».
Hasta julio, cinco trasplantados fallecieron con clínica asociada a la COVID-19. Estas personas se exponen al ruleteo por los centros centinelas y a la disminución. No los atienden oportunamente. Por lo que Amigos Trasplantado exige al Seguro Social que saque un comunicado del protocolo a seguir para la atención en la red pública de las personas con patologías crónicas mientras dure la pandemia.
“Lo que queremos es dotación, no buscamos conflictos con nadie y entendemos todos los puentes necesarios que haya que hacer para que el Seguro Social de una u otra forma entregue los inmunosupresores, porque nosotros somos los afectados. Esto no es un tema político, la cuestión es que podamos tener continuidad en la entrega de los tratamientos y seguir con vida”, sentenció.