Mérida ha sido en los últimos días epicentro de una calamidad: la crecida de los ríos causó la muerte de al menos 21 personas y daños aun no cuantificados. Sin embargo, la actuación de los cuerpos de seguridad al politizar e impedir el ingreso de la ayuda humanitaria, ha sido la peor de las tragedias.
Desde el fin de semana han circulado en redes sociales gran cantidad de denuncias contra de funcionarios de la Guardia Nacional, quienes en un principio impidieron y decomisaron ayuda humanitaria que pretendían hacer llegar la población a través de la Iglesia Católica y diversas ONG a los afectados tras los destrozos causados por las lluvias en el estado Mérida.
La ayuda que llegaba de otras partes del país era retenida en el Puesto de Atención Ciudadana (PAC) ubicado en La Victoria, cerca de Tovar, al suroeste de Mérida, la población más afectada pro las inundaciones en el Valle de Mocotíes.
La denuncia más reciente la levantó el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida, monseñor Luis Enrique Rojas, quien el domingo 29 de agosto vivió de cerca esta arremetida.
“Luego de celebrar la misa en el lugar hicimos un recorrido por las zonas afectadas, y luego de tomarnos una sopa de la misma que los padres preparan para llevarle a los más afectados, se acercó un seminarista diciéndome que yo había dado la orden de montar las cosas en el camión para regresarlas a Mérida y le llegaron tres funcionarios en moto, armados, amedrentando y con ganas de apropiarse de lo que nosotros llevábamos” dijo.
Luego de que el párroco se acercara al camión, los funcionarios le indicaron que ellos seguían “un procedimiento del general Rincón”, y fue interrogado sobre quién le había autorizado llevar esta ayuda hasta el municipio Tovar.
Los efectivos de la GN insistían en no dejar descargar el camión con la ayuda. “Hice lo que tenía que hacer, lo correcto, impedir que nos quitaran esa ayuda humanitaria”.
“Me impuse y dije que esa ayuda iba a ingresar para ayudar a las personas necesitadas, y le dije a los sacerdotes, seminaristas y a los de Cáritas parroquial que la ingresaran a la casa parroquial porque no estábamos cometiendo ningún delito”.
El camión iba cargado con comida, ropa, medicinas y tapabocas. “Viene ocurriendo, ha ocurrido, sigue ocurriendo y es lamentable”, dijo el prelado.
El director de la ONG Convite, Luis Francisco Cabezas, aseguró que este tipo de actos que atentan contra los derechos de la población no son nuevos. A su juicio, este tipo de atropellos son cada vez más frecuentes en la ruta que debe sortear las organizaciones nacionales e internacionales que buscan llevar ayuda a los necesitados.
“Esto es una evidencia pública de los que sufrimos a diario los actores humanitarios en Venezuela para hacer llegar la ayuda” declaró en una entrevista concedida a TalCual.
Explicó que la mayoría de la ayuda humanitaria que llega al interior del país proviene de la capital, pues en muchos lugares se hace casi imposible conseguir dónde comprar los insumos requeridos, esto los obliga “permanentemente” a enfrentar este tipo de situaciones, en las que los funcionarios de los cuerpos de seguridad piden algo a cambio de dejarlos seguir su camino, aún cuando toda la documentación esté en regla y no haya ningún motivo para la retención.
Cabezas catalogó como un “suplicio” el paso de los camiones con ayuda por las alcabalas. «Parece que hay que rogar mucho o caer en gracia para que no te quiten algo, y yo particularmente estoy absolutamente en contra de que uno tenga que disponer una parte de la ayuda para irla dejando en las alcabalas”, esto último haciendo comparación a situaciones con las que deben lidiar los productores de alimentos que buscan llegar del interior a Caracas para poder venderlos.
“Eso es ayuda humanitaria y por lo tanto yo no puedo disponer de ella para ir dejándola en estos pasos, no es para ese fin. Como actores humanitarios repudiamos este tipo de prácticas. Cada ayuda que te quitan en una alcabala es una persona que lo necesita y deja de recibirlo”, reiteró el presidente de Convite, organización que se encarga del suministro de medicinas y ayuda a personas de la tercera edad.
Iglesia se pronuncia sobre incidente con la GN en Mérida
En medio de este escenario, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un comunicado no solo para condenar lo ocurrido con la ayuda humanitaria que deciden llevar particulares y organizaciones a los afectados, sino para cuestionar que en medio de la tragedia que viven los merideños se siga actuando fuera de la ley.
“Lamentamos y reprobamos la actitud de algunas autoridades civiles, así como de la Guardia Nacional, quienes, lejos de cooperar desinteresadamente, no solo han impedido el acceso de gran parte de la ayuda enviada desde diversas partes del país, sino que han tenido una actitud de displicencia y ofensa hacia los miembros de la iglesia y otras instituciones”, detalló el comunicado.
Desde la CEV cuestionaron que bajo el anuncio de haber recibido órdenes, los funcionarios han violado derechos de estas personas que hoy son víctimas de una tragedia, que hasta el momento ha causado la muerte a más de 21 personas.
“Les exhortamos, en nombre de las comunidades afectadas a cambiar su actitud y colocarse al servicio de las instituciones que sí están colaborando, de tal forma que los envíos de ayudas lleguen pronto a su destino, dando prioridad al tránsito de carga de insumos; movilizando contingentes para abrir los caminos y otras acciones en bien de la población afectada”.
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Con información de Tal Cual