La alta comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su “profunda preocupación” por la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado, Rafael Acosta, y pidió una investigación “independiente, imparcial y transparente” de este suceso.

Su caso puede constituir una desaparición forzada, prohibida bajo la ley internacional, ya que su familia y abogados no fueron informados durante días de su paradero, y se sospecha que Acosta sufrió torturas durante su detención, denunció la oficina que dirige la expresidenta chilena en un comunicado.

“Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad”, señaló Bachelet, quien insistió en una investigación imparcial “para facilitar que se lleve ante la justicia a los responsables” de la muerte de Acosta.

Según su abogado, el capitán retirado se presentó ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado, por lo que el juez lo mandó a un hospital militar, donde murió en la madrugada del 29 de junio.

Bachelet dijo tener en cuenta que dos miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar han sido procesados por asesinato en primer grado, pero lamentó que las alegaciones de tortura no hayan sido aparentemente incluidas en los cargos.

Por último, pidió a las autoridades venezolanas que permitan a los otros seis militares y exoficiales de seguridad detenidos junto al capitán Acosta recibir visitas de sus abogados y familiares, y que se garantice que sean tratados con humanidad y dignidad.

Con información de El Pitazo

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