La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció una actualización oral del informe entregado en 2019 sobre la situación de este tenor en Venezuela, donde «valoró positivamente» que las autoridades de nuestro país hayan dado acceso a los comisarios de su oficina para hacer su trabajo.
Mencionó que se han avanzado en materias de cooperación técnica y de protección. Además señaló que desde la última presentación hasta este 27 de febrero se han podido realizar tres nuevas visitas a centros de detención, donde pudieron realizar 28 entrevistas a privados de libertad de forma confidencial.
Indicó que se han podido compartir actividades relevantes a 130 casos de presuntas violaciones de DDHH en Venezuela, mientras reiteró su petición a la administración que preside Nicolás Maduro a que se permita el acceso a sus comisarios a los servicios de inteligencia.
Saludó la excarcelación de unas 14 personas durante el mes de enero y reiteró el llamado a liberar a todos los presos políticos que hay en el país, haciendo énfasis en aquellos recomendados por el Grupo de Trabajo de la ONU, que recientemente se pronunció a favor de Roberto Marrero y ya lo había hecho con el diputado Juan Requesens.
Manifestó la necesidad de la puesta en marcha de un protocolo que permita observar el cumplimiento de garantías judiciales, al tiempo que subrayó que fue evaluada junto a las autoridades venezolanas el primer semestre de aplicación de la carta de entendimiento firmada por el Ejecutivo nacional y la ONU.
En ese sentido, expresó que es «vital» en los próximos meses poder establecer una oficina de DDHH en Venezuela y agregó que la presentación oficial de su actualización del informe sobre nuestra nación se realizará el próximo 10 de marzo.
La respuesta del régimen
La delegación afín al mandatario Nicolás Maduro reiteró su queja sobre los procedimientos usados por la Oficina de DDHH de la ONU para elaborar el informe sobre Venezuela y señaló que «falta mucho camino por recorrer» para obtener documentos «equilibrados».
Ratificó que existe disposición de dialogar con la oficina que dirige Bachelet y señaló que el equipo de las Naciones Unidas que se encuentra en Venezuela han recibido el apoyo por parte del Estado para que puedan llevar su misión a cabo, cumpliendo con lo establecido en las leyes y en la Carta de la ONU.
Señaló que han recibido visita de funcionarios del organismo mundial tanto en Ginebra como de la sede que existe en la sede de América del Sur y como resultado de la carta de entendimiento, firmada a finales de 2019 por el Ejecutivo venezolano y la Oficina que preside Michelle Bachelet, se ha reforzado la cooperación y asistencia técnica al equipo en nuestra nación y dijo que en sus labores está también la planificación conjunta del «segundo plan nacional de DDHH».
Además, subrayó que los comisarios de la ONU han tenido acceso a los centros de reclusión y conversado «en total libertad» con los presos. «Venezuela no tiene nada que esconder», puntualizó.
Lamentó que «no se reconozca la respuesta brindada por el Estado por los 130 casos presentados (…) esos casos han sido atendidos».
Aseguró que en nuestro país «no existen personas detenidas por motivos políticos» y manifestó la delegación que aún esperan respuesta de una invitación realizada a dos relatores especiales para ver la situación de Venezuela.
A su juicio, el personal de la ONU que está en Venezuela puede observar que existe «una disparidad» entre lo que realmente sucede en el país y «de un grupo de gobiernos» que presenta una realidad «para rendir pleitesía a un amo en el norte».
Denunció una vez más que las sanciones impuestas por EEUU a empresas estatales y a funcionarios venezolanos están perjudicando a los venezolanos y acusó que Washington tiene una una «obsesiva persecución» con nuestra nación.
Críticas por parte de la oposición
El diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, enviado especial ante el Consejo de DDHH de la ONU del presidente del parlamento, Juan Guaidó, indicó a través de su cuenta en Twitter que el asunto venezolano se convirtió una vez más en un tema internacional por la violación de los derechos humanos del país.
«Nuestra exigencia es que sean respetados los derechos de los ciudadanos y la libertad de todos los presos políticos», insistió.
Reiteró las palabras de Bachelet en las que solicitó una vez más el ingreso de sus comisionados a los servicios de inteligencia para constatar el estado de los detenidos que allí se encuentran y que deben cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria.
Repudió las palabras de la delegación del régimen de Maduro en decir que en Venezuela no hay presos políticos. «Y qué son Roberto Marrero, Juan Requesens, Gilber Caro, Juan José Márquez , Juan José Márquez, y las más de 300 personas encarceladas por oponérseles?»
Subrayó que la crisis económica y social de Venezuela, de acuerdo al Informe Bachelet, tiene más de cinco años y no de sanciones.
Con información de Tal Cual