A punto de finalizar el primer mes del año, la situación de los venezolanos en Colombia se está desbordando. Esta semana, en el barrio Sevilla de Cúcuta, fueron desalojados 600 ciudadanos de ese país que se habían instalado en un polideportivo. En Bucaramanga causó indignación el ataque de un venezolano a un colombiano que le daba alimento. En Bogotá fueron capturados tres venezolanos por un asalto en Transmilenio. En Ipiales, en las últimas tres semanas pasaron 32.754 venezolanos que intentaron migrar hacia Ecuador. Y 300 fueron desalojados de la terminal de transporte de Barranquilla.
El panorama se agudiza porque, de más de medio millón de venezolanos que hay actualmente en Colombia, 374.000 son irregulares, y lo que más inquieta es que los esfuerzos del Gobierno son insuficientes. La paradoja es que hace cuatro décadas esas cifras eran de miles de colombianos que migraron al vecino país en busca de opciones ante la bonanza petrolera. Y en aquel tiempo, a través del decreto 31 de 1977 del Quinto Plan de la Nación, Venezuela promovió un trato incluyente para los connacionales y les brindó condiciones sociales y laborales. En buena medida, acogió una población que está de retorno.
Martha Barón, colombiana de nacimiento, hizo parte de esa migración a finales de los 70. Entonces tenía 14 años, cinco hermanos y una difícil situación económica. Un amigo le propuso irse a Venezuela y allá llegó. Hizo de todo, hasta que llegó a ser funcionaria y también concejal del municipio de Chacao. “Me daba pena decir que era colombiana. Muchas eran prostitutas, mientras que yo tuve la opción de hacer otras cosas”. Su trabajo se reflejó en la creación de la Fundación Venezolanos por Decisión, para promover mejores condiciones para los colombianos en la vecina nación.
En la actualidad, a través de esa misma fundación, y en alianza con otras tres organizaciones, trabaja para lograr mejores condiciones para los venezolanos que están llegando a Colombia. Por eso se declara aliada del Gobierno colombiano y contribuye a la creación del Permiso Especial de Permanencia (PEP), pero dice que Colombia no es consciente de que la situación en Venezuela no se va a solucionar rápidamente. Sin embargo, hace énfasis en que el país está en mora de declarar la emergencia humanitaria, que permita convocar a otros países a la misión de reducir los problemas de la inmigración masiva.
En Venezuela llegaron a residir más de un millón de colombianos. Pero hoy, producto de las determinaciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con actos inamistosos o de provocación continúa, muchos están retornando a Colombia con un aspecto preocupante: lo hacen con sus familiares nacidos en Venezuela. El fenómeno hoy se conoce como migración de retorno, es decir, personas con algún arraigo en Colombia.
Otra de las medidas implementadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido la expedición a venezolanos de la denominada Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF). Mediante este documento, que ya recibieron más de 1,4 millones de personas, el Gobierno ha facilitado el ingreso y la salida de población extranjera hacia el país, con el propósito de agilizar el comercio, los servicios de salud y también la movilidad en la zona de frontera, sin requisitos como el pasaporte por períodos de seis meses o hasta por dos años, siempre en el marco de la organización y la seguridad.
No obstante, la situación se ha complicado porque Colombia se volvió país de tránsito para venezolanos que buscan oportunidades en Perú, Ecuador, Argentina o Chile que actualmente el país no les da. Esta migración transitoria se refleja en los registros oficiales de la Cancillería. Mientras en 2012 salieron vía Ecuador 2.338 venezolanos, el año pasado la cifra alcanzó los 229.674. Es más, en este mes, otros 32.754 viajaron por esa misma ruta. Christian Kruger, director de Migración Colombia, indicó que, además de las medidas migratorias, es necesario fortalecer la cooperación a nivel regional para afrontar las dificultades comunes.