«Este informe de Bachelet, debe despertarnos a los venezolanos. La dirigencia política tiene que poner en el centro de sus pensamientos al pueblo de Venezuela que está pasando dificultades, es necesario una revisión en esta actitud y de negación de violación constante de los DD.HH. por parte del Gobierno, y como consecuencia del empeño en un modelo político económico, social fracasado y que es el origen de todo este desastre».
Así lo expresó monseñor Víctor Hugo Basabe, Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, luego que Venezuela ha sido el centro de atención durante el 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras la actualización verbal de los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle Bachelet, en los que se determina que en el país siguen en aumento las violaciones de DD.HH, en particular las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos y las violaciones sexuales contra la disidencia política, por la aplicación de una política de Estado que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro. La ACNUDH, ha anexando además las violaciones a los derechos económicos y sociales que afectan a 96% la población condenándola a la pobreza.
«En Venezuela estamos en un espiral de negación de violación de los DD.HH. Cuando se niegan o violan los derechos ahí es cuando se generan crisis humanitarias, porque la gente es sometida a situaciones que no le permiten sobrevivir o que si se lo permiten es en condiciones precarias», expresó el obispo basándose en lo expresado por Bachelet, quien indicó que el salario promedio de los venezolanos está por debajo a un dólar al mes, «mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria», reseñó la Alta Comisionada.
Con salarios tan paupérrimos, Venezuela ha experimentado el éxodo más grande que se ha registrado en Latinoamérica. «La muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes. El Fiscal General denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas», puntualizó Bachelet.
Ante esto monseñor Basabe indicó que la migración venezolana ya alcanza la cifra de siete millones de personas y que si la situación continúa Venezuela superará rápidamente a países que han permanecido en largas guerras como Siria.
«Nosotros no estamos en un conflicto bélico pero hay hambruna, una situación económica que obliga a migrar en busca de mejores condiciones para familias enteras. Estamos en un contexto de hiperinflación, hiper especulación donde lo poco que la gente pueda recibir le sirve para satisfacer muy pocas necesidades de alimentación, vestido, medicamentos, atención médica, transporte, estudios, etc.», exclamó.
Considera preocupante que a la fecha la dirigencia política nacional permanezca inerte, sin lograr salidas a la crisis que golpea a los venezolanos.
Más crímenes
Tanto Bachelet que hizo su intervención oral ayer, como la Misión de Internacional Independiente de Determinación de los Hechos que la hizo el miércoles a cargo de Marta Valiñas, presidenta de este organismo, destacaron que en Venezuela se han arreciado «las ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad». La Misión resaltó que desde que inició el 2021 han contabilizado 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales. «También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales, además de las FAES, en estos asesinatos», resaltó.
«Tanto Bachelet como la Misión de la ONU han exigido en sus informes la disolución de las FAES, organismo represivo del Estado con el cual se han cometido los mayores crímenes de lesa humanidad en los últimos tiempos. Ellos (el gobierno), no lo van a admitir, pero la justicia internacional tiene que moverse con celeridad, tiene que hacer todo lo posible por escuchar a las víctimas, por escuchar a las personas que han sido tocadas por estos crímenes que se han cometido de manera colateral y las familias que por el hecho de haber denunciado están siendo perseguidos», acotó el representante de la iglesia.
En su alocución Marta Valiñas resaltó que el gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en desconocer a la Misión de la ONU y le ha negado su acceso a territorio nacional a pesar de todas las solicitudes que le han hecho. Está misión ha investigado los crímenes de lesa humanidad registrado en Venezuela desde el 2014, e inició a finales de 2019, entrevistando a las víctimas que se han refugiado en el exilio, y a las organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en el país.
Con información de La Prensa de Lara