La directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Carolina Jiménez Sandoval, sostiene que el silencio de las autoridades sobre los sucesos ocurridos en La Vega en enero de este año y la continuidad de este tipo de hechos demuestra que se está ante ejecuciones extrajudiciales que deben formar parte del expediente de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano.
Desde su informe de julio de 2019, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, ha venido señalando que en Venezuela se han cometido ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos de seguridad del Estado, especialmente por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando de la Policía Nacional Bolivariana que Bachelet recomendó al gobierno de Nicolás Maduro disolver; sin embargo, no solo este cuerpo ha continuado sus actividades, sino que ha recibido el apoyo público por parte del mandatario venezolano y se han multiplicado los casos de muertes en supuestos enfrentamientos entre presuntos integrantes de bandas delictivas con este organismo.
El más reciente de estos hechos es la masacre de La Vega, la populosa parroquia del suroeste de Caracas se tiñó de sangre en los primeros días de 2021, cuando un operativo policial con participación de las FAES dio como resultado la muerte de más de 20 personas y del que han proliferado denuncias por parte de diversos testigos que no solo desmienten el supuesto enfrentamiento, sino que aseguran que varias de las víctimas ni siquiera tenían algo que ver con bandas criminales.
Este 19 de febrero, la organización Amnistía Internacional (AI) publicó un informe según el cual su laboratorio de investigación determinó que al menos 14 de las víctimas fatales de la masacre de La Vega podrían catalogarse de ejecuciones extrajudiciales, y pidió a la Corte Penal Internacional, realizar una investigación sobre los hechos.
Ejecuciones extrajudiciales no son debidamente investigadas
La directora de investigación para las Américas de AI, Carolina Jiménez Sandoval, explicó los elementos que llevan a la organización a determinar que 14 de los muertes de la masacre de La Vega pudieron ser producto de ejecuciones extrajudiciales y sostuvo que esto haya ocurrido más de un año después de las alertas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas demuestra que se está ante una política de Estado, evidenciada además por el silencio de las propias autoridades, como el Fiscal General de la República designado por la asamblea constituyente de 2017 (no convocada por el pueblo) y el Defensor del Pueblo.
“Decimos que al haber multiplicidad de víctimas y un patrón de acción estamos hablando de una política de Estado. Cuando la Fiscalía dice que hay 82 sentenciados, pero ninguno de los integrantes de altos mandos, cuando no hay investigación de quienes dan estas órdenes, y cuando los hechos se siguen repitiendo, deducimos que no se trata de violaciones de DDHH solamente, sino de una política, y cuando hay una política estamos ante crímenes de lesa humanidad”, expresó Jiménez Sandoval.
Elementos para determinar que hubo ejecuciones extrajudiciales en La Vega
-¿Cuáles son los elementos verificados en la documentación que manejan que les hacen pensar que hubo ejecuciones extrajudiciales en los sucesos de La Vega?
-Varias cosas que son importantes para analizar en un contexto como el venezolano. Hay evidencia a la que hemos accedido a través de fuentes abiertas e información que nos han hecho llegar ONG. Lo primero que detectamos en el análisis fuentes abiertas es que hubo un operativo, hicimos un análisis de informaciones entre el seis y el nueve de enero donde la comunidad alertó sobre violencia en la zona, y eventualmente cuentas en redes sociales de la propia PNB y la FAES hicieron público que se estaba haciendo un operativo y se habían desplegado 650 agentes. Teníamos primero que comprobar la existencia de ese operativo. Tenemos fotos y videos que demuestran el movimiento. Luego comienza a salir información de víctimas fatales, y de quiénes se trataba.
“Ha habido bastante silencio por parte de las autoridades, pero hemos verificado que en al menos 14 de los casos que pudimos observar, la evidencia contradice lo poco que han dicho las autoridades al respecto. Miguel Domínguez, director de las FAES dijo que se había abatido a 15 delincuentes, pero si un enfrentamiento lleva a la muerte de personas, hay parámetros (para determinar lo que sucedió), los enfrentamientos usualmente implican pérdidas de ambos lados, porque a quien te estás enfrentando como fuerza policial está devolviendo fuego y hasta este momento no existe ninguna información oficial sobre algún policía herido o muerto”, indicó Jiménez Sandoval.
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Con información de Tal Cual