Los niños, niñas y adolescentes venezolanos que han migrado en condiciones de pobreza extrema, desnutrición sin documentación de identidad hacia Colombia, son las víctimas más vulnerables y llegan a convertirse en carnada del crimen organizado, de la trata de personas, del mercado ilegal de órganos, la explotación sexual, la mendicidad y hasta de ser abandonados por sus padres.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
De acuerdo con una investigación publicada el 2 de abril por el portal web de noticias RCN en Colombia, unos 3.643 menores de edad venezolanos tienen un proceso legal activo por ser víctimas de violencia como maltrato, abuso sexual y explotación laboral en el vecino país. Este medio señala además estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al indicar que 1.195 niños y adolescentes connacionales ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (Pard), por abandono.
Zair Mundaray, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, designado por el gobierno interno, explica que estos procedimientos legales se dan por multiplicidad de situaciones, las más frecuentes es que estos niños son encontrados por policías mientras están mendigando en las calles solos o en compañía de sus padres. El Código Procesal Penal de Colombia, que fue modificado hace un año, castiga con penas muy severas a quienes utilizan niños para la mendicidad o trata.
También es frecuente que trabajadores del sistema de salud pública de Colombia, atiendan un caso de un niño venezolano en estado de desnutrición y lo reporten inmediatamente al ICBF.
«La policía puede iniciar un procedimiento ante ICBF, denominado De Restitución de Derechos. Es un proceso para un migrante complejo porque generalmente no tienen asistencia jurídica. El ICBF designa un defensor de familia que tiene la facultad de colocar al niño en una supervisión en el mismo grupo familiar, o sacarlo y colocarlo en una casa de abrigo o con una familia sustituta. En esos casos la familia es sometida a estudios psicológicos, sociales, se analiza su vivienda, evalúan si el niño estudia o no, si tiene dinámicas de recreación, y un esquema de vacunación completo», explicó.
Las familias venezolanas que son sometidas a esta investigación, deben acatar una serie de recomendaciones en un tiempo breve para recuperar a sus hijos, pero Mundaray indicó que el problema es que no cuentan con recursos, viven en condiciones infrahumanas y no suelen tener las condiciones de viviendas adecuadas para brindarle protección o garantizarles salud y educación a sus hijos.
«Muchos migrantes no conocen el sistema de salud, entonces no incluyen a los niños o por falta de documentación o por negligencia. Es obligatorio que los niños estén en un sistema de salud, ya sea en un sistema pago por los familiares o en un sistema subsidiado del Estado. Los niños que no cuentan con identificación están en una mayor vulnerabilidad, no tienen cómo ingresar al sistema educativo a pesar que se han dictado normas que permiten el ingreso de los niños migrantes venezolanos a las escuelas sin ningún documento. Pero frente a ese desconocimiento y también a veces a la falta de socialización de estas normas, por parte de algunos funcionarios, se les impide el acceso a instituciones educativas», resaltó.
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Con información de La Prensa de Lara