Los niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad son las principales víctimas de la violencia en Venezuela, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Casos como el hallazgo de extremidades de un feto de nueve meses de gestación en la quebrada de la Ruezga Norte en Barquisimeto el lunes 21 de marzo, o el de una niña de seis años localizada encadenada y en estado de desnutrición en una comunidad de la Isla de Margarita el 22 de marzo, son sólo algunas de las noticias escalofriantes que reportan los medios de comunicación casi a diario.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Los hechos de violación sexual y maltrato físico se han disparado desde que inició la pandemia, según Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la organización venezolana para la promoción y defensa de derechos de la niñez y adolescencia (Cecodap). Alega que es por la falta de celeridad para investigar y brindar protección a las víctimas que deben ser atendidas por los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales. También Gloria Perdomo, coordinadora general del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), apunta que existe un desconocimiento de la sociedad a los derechos de los menores establecidos en el marco legal y hay carencia de programas educativos para su difusión.
Infantes, además sufren de violencia estructural responsabilidad del Estado venezolano, cuando mueren en centros de salud pública esperando un trasplante o por la precaria atención sanitaria que reciben derivada de la falta de insumos médicos, personal, fallas en los servicios públicos y colapso de la infraestructura, ya que el Gobierno no destina recursos para atender la emergencia humanitaria compleja, así lo asevera Huniades Urbina, médico pediatra y secretario general de la Academia Nacional de Medicina Venezolana.
En cifras
Un total de 3.738 menores de edad murieron en hechos violentos en Venezuela desde 2017 hasta 2019, según un informe presentado en septiembre por Cecodap, OVV y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna).
Solamente en 2019, OVV reportó 24 infanticidios (muertes recién nacidos), dos años después, en 2021 la cifra se mantuvo en 20 casos.
«Lo que se difunde en los medios en términos de violencia, agresión, maltratos es muy poco, es sólo la punta del iceberg de los casos que deben existir, y este tema sigue desconocido en el país porque no hay instituciones o programas a donde acudir los familiares, la comunidad, los vecinos o maestros cuando se enteren de un caso», apuntó Perdomo.
Afirma que aunque en Venezuela existe la Constitución, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna), así como instituciones que deben defender los derechos de los menores, en la práctica cuando una persona acude a denunciar tiene que someterse a trámites engorrosos, o no reciben respuesta legal oportuna.
«Es muy necesario que todas las instituciones, fiscalía, consejos de protección, consejos municipales de derecho, servicios ambulatorios desarrollen programas, campañas que exhorten a formular la denuncia e incluso que te inviten a hacerlo en forma tal que las personas no lo perciban como una posibilidad delicada, porque el agresor y el contexto en que está el niño puede ser intimidante, aunque ante la intención de proteger al niño frente al riesgo prefieren callar y no comunicarlo», señaló.
Informó que estas instituciones están colapsadas, carecen del personal suficiente y quienes laboran tienen dificultades de movilidad para dar una respuesta efectiva que permita que las víctimas sean atendidas con la rapidez que ameritan los hechos de abuso infantil.
«En 2021, de cada 10 casos que enviamos a los Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente, seis no tuvieron respuesta», aseguró Trapani.
Las principales causas que alegan estas instituciones para no actuar es la falta de cualidad de las víctimas y remisión entre instituciones. «El peloteo que le ocasionan a los denunciantes, el caso se lo remiten a otra institución, no los atiende el consejo, los manda a la defensoría y la defensoría los manda al tribunal. Entonces esta víctima que requiere atención expedita no recibe una adecuada protección», manifestó.
«Que el victimario sepa que puede abusar de un niño vulnerable y la justicia no vaya a actuar, le facilita incurrir en actos lascivos, violaciones, agresiones físicas y psicológicas contra los infantes, y por supuesto que en este contexto los casos de violencia van a seguir incrementándose», proyecta Perdomo.
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