El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), bajo la dirección de Humberto Prado, conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, con la realización del Foro Los Estragos del Hambre en Venezuela, evento efectuado en la ciudad capital, el cual contó con la asistencia de unas 80 personas y los coordinadores regionales de la organización.
Prado indicó que por tercer año consecutivo, la organización realiza este tipo de actividades. Decidimos trabajar con el tema del hambre debido a la crítica situación que se vive en el país para la obtención de alimentos, acotó.
Diversas interrogantes encontraron respuestas en las intervenciones de estudiosos del tema económico, quienes avizoran un 2017 peor que lo vivido hasta el momento, sin descartar la posibilidad de un estallido social.
Presupuesto
La investigadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Susana Raffalli, quien actualmente se encuentra en Sudáfrica, participó mediante video conferencia y expresó que es deber del Estado garantizar la alimentación de la población, sin embargo en el presupuesto del 2016 hubo una disminución del 25%.
Fue tajante al afirmar que nunca los venezolanos han sido tan vulnerables en lo social y económico, registrándose la violación de los artículos 21 y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), relacionados con el principio de la igualdad y los de seguridad alimentaria y desarrollo agrícola.
En relación a la producción nacional, Raffalli dijo que sólo se presupuestaron recursos para un trimestre en cuanto al maíz y para la importación se registró la disminución de un 45%, debido a la falta de divisas, mientras que se acrecentó la dificultad en el acceso a los alimentos, puesto que se necesitan 19 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria.
Entre las consecuencias del hambre, la investigadora citó la desnutrición infantil. Los venezolanos del futuro serán de menor tamaño y con menos peso del normal.
Además, expresó que la violencia se incrementará debido a las colas para buscar alimentos, el cansancio, ‘la tracala’ y el sufrimiento, entre otros, aclarando que en 2016 se produjeron entre 22 y 26 protestas diarias debido a la falta de alimentos.
Finalmente, señaló que Venezuela ocupa el último puesto de desarrollo en América Latina.
Escolares
Gloria Perdomo, de la Fundación Luz y Vida, realizó un análisis del derecho a un nivel de vida adecuado en perspectiva de niños, niñas y adolescentes, investigación desarrollada en comunidades educativas ubicadas en Petare, Turba y El Hatillo.
La actual crisis alimentaría representa la violación del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, aprobada por las Naciones Unidas en 1989, además de la CRBV, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNA) y el Pacto de Derechos Sociales.
Perdomo refirió que los escolares y liceístas entienden el problema y en sus propias y sencillas palabras expresan lo que economistas dicen en lenguaje técnico. Señaló que los escolares informaron que algunos compañeros no llevan almuerzo; otros comen una vez al día sólo plátano; o arepa y arroz, mientras que otros si cenan, no desayunan.
Entre tanto, los adolescentes expresaron que algunos de ellos se acuestan sin comer para dejarles la comida a sus hermanos pequeños; algunos faltan a clase porque tienen que hacer cola; otros salen de sus casas a la una de la madrugada para hacer cola, compran de cuatro a cinco de la mañana, sino regresan con las manos vacías y luego van a clases.
Algunos afirmaron, que si no logran comprar alimentos pueden pasar hasta una semana sin comer; también que pasan hasta 12 horas en cola y comen una sola vez al día.
Se refieren también a la violencia que se produce en las colas, representada por peleas, golpes, perdigones, gases lacrimógenos, hambre, frío y lluvia y se quejan que en algunos establecimientos no les venden productos por ser menores de edad y algunos hacen las colas porque sus padres trabajan y razonan que si no trabajan, les descuentan el día.
De acuerdo a los muchachos, la actual situación se resuelve con ciertas medidas, tales como: que en los colegios les den el almuerzo; que algunos profesores continúen haciendo las llamadas “vacas” para que les den avena; que el problema es porque las empresas no están produciendo; que el gobierno debe apoyar a las empresas y finalmente, encuentran solución en que todos los integrantes del grupo familiar deben trabajar, incluyéndolos a ellos, lo que significa el abandono de los estudios.
Cabezas: CLAP y corrupción
Casas de los Abuelos
Para Luis Francisco Cabezas, presidente del programa Casas de los Abuelos, creado por el gobernador de Miranda Henrique Capriles, cuenta actualmente con 37 casas, concentradas básicamente en los municipios Páez, Los Salías y Buróz en las que, los adultos mayores reciben atención integral en salud, recreación y alimentación.
De acuerdo a Cabezas, los adultos mayores pierden, actualmente, entre uno y tres kilos de peso mensual. Los mismos enfrentan, además de los problemas de salud propios de la edad, dificultades por poca oferta de proveedores, inflación y escasez de alimentos, inseguridad y cierre de los programas sociales promovidos por el gobierno nacional, entre otros.
Hizo un llamado urgente y desesperado para que se atiendan los sanatorios mentales, los comedores populares, se les otorguen a los adultos mayores el bono para medicinas, que el Ministerio para la Salud realice una entrega masiva de complementos alimenticios, la elaboración de un plan nacional de envejecimiento y una campaña de sensibilización del envejecimiento de la población.
Cabezas presentó varios testimonios, entre ellos el de la señora Eladia Díaz quien contó su experiencia de hacer hasta dos colas diarias para comprar comida “y cuando llego me dicen que ya no hay”. Para la señora, próxima a cumplir 78 años, “nunca habíamos vivido esto. No respetan ni la edad ni mi condición de discapacitada. Me sacan de las colas o algunos que están delante de mí, meten hasta 40 personas. A veces no tengo nada para comer”.
Maritza Díaz, quien ha perdido 10 kilos y se ha convertido en costurera para arreglar su ropa, comentó que ya no puede comer pollo por lo escaso y lo caro. De vez en cuando me comía un quesillo, pero ya no lo puedo hacer. Comemos caraotas y arroz; ya no hay ensaladas y a veces café.
El señor Felipe Carrasquero comentó los precios de los productos y afirmó que la pensión del Seguro Social no le alcanza para comprar comida y medicinas. “Sé que moriré pero no quiero morir de hambre”, dijo el señor.
Estos testimonios tocaron la fibra humana de los presentes, quienes se identificaron con el drama de los abuelos y no ocultaron las lágrimas.
Las Cárceles
El problema de las cárceles y retenes policiales es generalizado en el país. Actualmente, existen 33 establecimientos carcelarios, con una capacidad instalada de 25 mil 550 personas, sin embargo la población reclusa es de 55 mil 219, es decir el doble de la prevista, por lo tanto existe un hacinamiento -por sobrepoblación- de 216%.
Durante este año, se contabilizan 15 mil 643 juicios con retardo, bien sea por falta de transporte, por ausencia o cambio de jueces o por inasistencia de los funcionarios que realizaron la aprehensión.
En relación al Plan Cayapa, creado hace cinco años, el mismo no muestra resultados favorables, “por lo que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios debería estudiar y aplicar otro plan para evitar el hacinamiento, el cual se ubica en su nivel mínimo en un 110% y en el máximo en 1010% y en los retenes entre un 487% y un 1500%.
En cuanto al presupuesto y conforme a información reflejada en la página Web del ministerio fueron aprobados recursos para 99 mil reclusos, no obstante existen 55 mil 219, pero ya no hay recursos, por lo que se pregunta: ¿dónde está ese dinero?.
Prado afirmó que entre la población reclusa existen enfermedades como tuberculosis, sarna y VIH-SIDA y muchos presos no reciben atención médica ni comida suficiente y balanceada.
Posible estallido en el 2017
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), fue representada por Marco Antonio Ponce, quien señaló que las protestas se incrementaron en un 70% durante 2016 y dijo que de enero a octubre se registraron cinco mil 772 protestas en el país, de las cuales mil 524 fue por falta de alimentos y mil 268 por carencia o problemas de los servicios básicos.
En cuanto a los saqueos o su intento se registraron 711 y sólo en junio 162, siendo el mes más álgido durante el 2016, mientras que en el 2015 la cifra fue de 238 en todo el país, por lo tanto hubo un incremento del 199%.
Para el investigador, en el país existen múltiples y variados problemas, destacando la falta de un plan para reactivar el aparato productivo que involucre a trabajadores y empresarios; en cuanto a los CLAP el programa presenta una distribución insuficiente y discriminatoria; el poder de compra de los venezolanos es escaso; hay ausencia de correctivos por lo que la crisis se profundiza.
Preguntado sobre las perspectivas de 2017, sin titubeos indicó que la crisis se agudizará por la inseguridad alimentaria y que podrían presentarse protestas por hambre y enfrentamiento entre ciudadanos y fuerza pública que produzca un estallido social. Irremediablemente, existe la necesidad de establecer un canal de solidaridad internacional, afirmó Ponce.
Este panorama general fue resumido por Feliciano Reina, de Civilis y Acción Solidaria, así: “estamos ante una violación masiva y generalizada de Derechos Humanos. Los responsables han sido señalados con nombres, apellidos y cargo”. Los venezolanos, simplemente, esperan justicia.
FUENTE: EL CARABOBEÑO
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2016